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La herencia de los desplazados por la violencia en Sinaloa

CULIACÁN, SINALOA, 21OCTUBRE2015.- Cientos de personas desplazadas de diferentes comunidades de la sierra de Durango y Sinaloa, realizaron una protesta en el palacio de gobierno para exigir que se detengan los abusos por parte de la Marina Armada de México. Mencionan que han sufrido agresiones físicas así como al invasión de sus hogares. 
FOTO: CUARTOSCURO.COM

Siendo un tema tan sensible, incumplió Quirino Ordaz la Ley de Desplazamiento Forzado de Sinaloa

El primer tema en la agenda del gobernador Rubén Rocha Moya fue la atención a los desplazados por la violencia. Había sido un compromiso de campaña, y también uno de los problemas heredados por su antecesor, Quirino Ordaz Coppel.

Apenas tres días después del cierre del gobierno estatal anterior, la organización civil Iniciativa Sinaloa, junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Parlamento Ciudadano (PACIME), presentaron un informe que tomó como base la implementación de la Ley de Desplazamiento Forzado de Sinaloa.

De nueve indicadores a evaluar dentro del mecanismo de Gobierno Abierto, los organismos encontraron que se habían cumplido escasamente tres compromisos.

Uno de ellos había sido la integración de la Comisión Intersecretarial, aunque su conformación había sido a destiempo como lo mandata la ley, cinco meses después, el 6 de abril de 2021.

El otro cumplimiento fue la creación del Fondo Especial para la Atención y Protección de Personas Desplazadas contemplado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa.

Y un tercer punto, el Registro Estatal de Personas Desplazadas, realizado en conjunto con la Universidad Autónoma de Occidente.

El registro oficial incluyó a 2 mil 635 desplazados, pero en su último informe Ordaz Coppel afirmó que se había apoyado a un total de mil 243 personas.

Existe además aquí una diferencia entre el número que registran las instancias gubernamentales y los datos que tienen los grupos organizados de desplazados.

La falta de certeza sobre los datos del referido registro fue patente al comprometerse el gobernador Rocha Moya en la primera audiencia a realizar un padrón para conocer el número de personas que se han visto obligadas a desplazarse, al dejar sus comunidades de origen, y con ello sus casas, vehículos y animales, pero sobre todo su paz. El ofrecimiento fue que ahora el censo lo realizará la Secretaría del Bienestar del gobierno estatal con el apoyo de los Servidores de la Nación.

El censo sería la base para la canalización de apoyos para los afectados por parte de las autoridades involucradas.
En el informe del monitoreo sobre la implementación de la Ley de Desplazamiento Forzado de Sinaloa, se detectaron al menos seis incumplimientos. En el seguimiento de la aplicación del marco legal junto con la organización Iniciativa Sinaloa participó también la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

A poco más de un año de haberse publicado en el periódico oficial la citada ley, se detectó que el Ejecutivo Estatal no había cumplido con la obligación de crear el Programa Estatal para la Atención de Personas Desplazadas, como lo señalaba el decreto publicado en agosto de 2020.

El artículo tercero transitorio de la ley, estableció que en un plazo que no debía exceder de 60 días naturales debía crearse el Programa Estatal para la Atención de Personas Desplazadas. El gobierno estatal incumplió lo mandatado por la ley, ya que el plazo venció el pasado 6 de junio.

Iniciativa Sinaloa encontró que aun cuando el gobierno estatal exhibió un programa estatal en la materia, en realidad no cumple con lo estipulado por la ley sobre lo que debe contemplar.

El capítulo V de la multicitada ley señala que se crearía el Programa Estatal para la Atención de Personas Desplazadas para el diseño e implementación de políticas públicas destinadas al auxilio y personas desplazadas, así como para prevenir el desplazamiento interno y las que permitan superar las condiciones que lo generen.

Entre otros puntos el plan debería considerar la identificación de las comunidades expulsoras de personas desplazadas, la ubicación de comunidades receptoras de desplazados, estimación de la población afectada, las medidas de asistencia disponibles, la prevención de la ayuda humanitaria nacional e internacional, un plan de retorno, la constitución de grupos interdisciplinarios para la prevención y anticipación de los riesgos.

El informe concluyó además que el gobierno de Quirino Ordaz Coppel había incumplido en la obligación de transparentar el gasto ejercido por parte del Poder Ejecutivo Estatal en los recursos del Fondo Especial.

El gobierno estatal entregó una relación de sus gastos, pero la organización consideró que no cumple con el monto recibido en el fondo especial. De la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2021, en la distribución de gasto programable, en la partida de asistencia a grupos vulnerables, se destinó una partida de 50 millones de pesos para el Fondo Especial para la Atención y Protección de Personas Desplazadas.

Además los organismos participantes encontraron que la Secretaría General del Gobierno del Estado no había presentado los informes que mostraran cada una de las asistencias legales brindadas a las personas desplazadas.

En el monitoreo tampoco encontraron las evidencias sobre las investigaciones realizadas por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa sobre los hechos que condujeron al desplazamiento, ya fuese por oficio o por denuncia de la población afectada por el desplazamiento forzado, como lo señala como obligación el artículo 24 de la Ley sobre desplazados.

Tampoco se encontró el informe trimestral relacionado con la preservación de los derechos de los grupos de personas presentadas y que presenta la Comisión Intersecretarial una vez que la población desplazada regresó a su lugar de residencia habitual.

No encontraron tampoco informes que establezcan la inexistencia de motivos que provocaron el desplazamiento en las comunidades afectadas.

El monitoreo del seguimiento de aplicación de la ley sobre desplazados está hospedado en un micrositio de la página web de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que los ciudadanos puedan vigilar el cumplimiento del marco legal por parte de las autoridades involucradas.

Artículo publicado el 07 de noviembre de 2021 en la edición 980 del semanario Ríodoce.

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