El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, solicitó nuevamente una prórroga a un juez federal para ampliar el plazo de entrega de pruebas a su favor en el proceso que se le sigue por haber recibido presuntamente sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Es la sexta ocasión que Lozoya solicita un aplazamiento para el cierre de la investigación complementaria. El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte decidirá en la audiencia de mañana miércoles 3 de noviembre si accede a su solicitud, de acuerdo a Aristegui Noticias.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) se opuso a concederle más tiempo a Lozoya, de acuerdo con el diario El Universal, que asegura que la institución solicitó al juez declarar cerrada la investigación para poder realizar formalmente una imputación y solicitar la apertura del juicio. Si esto ocurre, la FGR tendrá 15 días para presentar su acusación por los delitos de lavado, asociación delictuosa y cohecho.
El rotativo aseguró que la nueva prórroga solicitada por el exfuncionario es de 60 días y se debe a que “está pendiente la práctica de una asistencia jurídica internacional dirigida a las autoridades de Brasil para conocer si el acuerdo de colaboración que firmó Luis de Meneses Weyll, director de Odebrecht, está o no revocado de manera definitiva”.
La audiencia de mañana miércoles está programada a las 9:00 horas y será abierta al público y a la prensa, según los lineamientos para el acceso a las audiencias públicas dados a conocer el pasado 29 de octubre por el Consejo de la Judicatura Federal.
No obstante, de acuerdo con versiones periodísticas la comparecencia de Lozoya y de los fiscales podría darse por videoconferencia.
Lozoya fue vinculado a proceso a finales de julio del año pasado por las causas de Odebrecht y Agro Nitrogenados. La FGR le imputa delitos de asociación ilícita, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por supuestamente haber recibido sobornos por más de 10 millones de dólares por parte de la compañía brasileña Odebrecht y 3.5 millones de dólares por parte del empresario Alonso Ancira, quien fuera propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de contratos y de la compra de la planta Agro Nitrogenados a un sobreprecio injustificado
