Auditoría Superior de la Federación detecta pagos en exceso y contratos sin licitación en la UAS, la SCT y en los ayuntamientos de Ahome, Culiacán y Mazatlán

La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el ejercicio de los recursos de los municipios de Ahome, Culiacán, Mazatlán, la construcción de la carretera Badiraguato-Parral, la UAS y Cobaes.

El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 señala que hubo pagos en exceso, a trabajadores dados de baja y asignaciones de contratos fraccionados para evitar la licitación y entregarlos por adjudicación directa.

Al Ayuntamiento de Mazatlán, la ASF pidió aclarar el gasto de 819 millones 417 mil pesos del rubro de servicios personales con cargo en las Participaciones Federales a Municipios 2020.

La aclaración es debido a que el Ayuntamiento reportó haber ejercido esa cantidad pero proporcionó una nómina por 777 millones por lo que existen diferencias con los registros contables y presupuestales por 42 millones 391 mil pesos.

Para prestación del servicio de gestión para la devolución del ISR en periodos anteriores y hasta el 2020, el ayuntamiento contrató una empresa a la que pagó 4 millones de pesos pero no hay evidencia de la gestión de las recuperaciones como se convino en el contrato por lo que la ASF pide el reintegro del monto que se pagó.

En Culiacán las irregularidades fueron en la asignación de contratos para arrendamiento de vehículos.

En el arrendamiento de 40 camiones recolectores compactadores de basura, se asignaron tres contratos a través del procedimiento de adjudicación directa a un mismo proveedor, los cuales se encuentran debidamente formalizados, pero no se acreditó la excepción a la licitación.

Se comprobó que no cuentan con la fianza del cumplimiento de las obligaciones contractuales y que los contratos están fraccionados en vigencias consecutivas a fin de evitar encuadrar los arrendamientos en el procedimiento de licitación pública.

Uno de los contratos es por 9 millones 465 mil pesos, otro por 6 millones 310 mil pesos y el tercero era por 3 millones 155 mil pesos pero se pagaron 4 millones 73 mil pesos.

Por esta irregularidad, el Órgano Interno de Control del municipio inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos.

Un contrato firmado en 2018 por arrendamiento de 40 camiones se amplió la vigencia del 1 de enero al 15 de abril de 2020 y la ASF determinó que no es aplicable la extensión de la vigencia, además no hay Acta de Comité que justifique y lo apruebe.

Por el arrendamiento de maquinaria diversa y camiones de volteo, fueron asignados por adjudicación directa cinco contratos a una misma empresa por un monto de 4 millones 873 mil pesos que fueron fraccionados a fin de evitar encuadrar las adquisiciones en el procedimiento de licitación pública; además, no presentan la garantía de cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato, ni las garantías de los vicios ocultos.

La ASF indica que el municipio no tuvo trabajadores que contaron con licencia sin goce de sueldo; sin embargo, realizó pagos a 95 trabajadores después de que causaron baja definitiva por 6 millones 675 mil pesos, en incumplimiento al Reglamento de la Administración Pública y solicita el reintegro del dinero.

En Ahome, de las quincenas uno a la 24 de 2020, a mil 513 trabajadores les pagaron en exceso 34 millones 895 mil pesos y en 83 millones 511 mil pesos no proporcionó el mecanismo que usó para hacer el cálculo de las compensaciones.

La UAS realizó pagos a cinco trabajadores por 125 mil 300 pesos posteriores a la fecha de la baja definitiva y en el transcurso de la auditoría devolvió los recursos a la Tesorería de la Federación.

También pagó 414 mil pesos a seis trabajadores comisionados al sindicato y no hay evidencia de la autorización para la comisión por lo que la ASF pidió devuelvan el recurso a la federación.

La revisión de la cuenta encontró que 125 trabajadores no cuentan con la documentación que acredite el nivel de estudios académicos requerido para las plazas de Profesor Asignatura “A” que ocupan 11 trabajadores; la preparación académica y el desarrollo de labores docentes o de investigación en la materia o áreas de su especialidad como doctorado, por lo menos durante dos años, de siete trabajadores que ocupan las plazas de Titular Nivel “C”; y el requisito de haber trabajado cuando menos dos años en labores docentes de investigación en el nivel “A” y haber publicado trabajos que acrediten su competencia en la docencia o en la investigación de 107 trabajadores con plaza de Profesor Asignatura “B”.

A esos trabajadores les hicieron pagos por un total de 9 millones 250 mil 915 pesos, que ahora la auditoría pide reintegren a la Tesorería de la Federación.

La Universidad Autónoma de Occidente reintegró 5 millones 9 mil pesos del Convenio Marco de Colaboración de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales que destinó al pago del Impuesto sobre Nóminas y no al cumplimiento del objeto del convenio.

La carretera Badiraguato-Parral, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es una de las obras al que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado mayor importancia en su gobierno.

Desde que inició su administración ha acudido a supervisar los avances en tres ocasiones, la última fue el 31 de julio pasado.

En la cuenta pública, la ASF determinó que hubo un daño a la hacienda pública por 3 millones 837 mil 727 pesos por una duplicidad de maquinaria en la integración del precio unitario del concepto de obra “Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural” y el pago ya estaba contemplado en otro concepto.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no comprobó que las horas de la maquinaria utilizada contempladas como parte del precio unitario corresponden a las labores de carga de material para su acarreo a los bancos de desperdicio; además, no presentó la documentación soporte que permita verificar que la máquina realizó las actividades ni comprobó las horas de operación del equipo.

La auditoría señaló un daño por un millón 427 mil 780 pesos por sobrecosto derivado de la deficiente evaluación de las propuestas económicas de dos contratos de obra debido a que se utilizó el Salario Mínimo del Distrito Federal en lugar de la Unidad de Medida y Actualización como base del cálculo.

Por la construcción de la carretera la SCT tiene pendientes de aclarar 5 millones 310 mil pesos.

La única dependencia del Gobierno Estatal con observación fue el Cobaes que devolvió 8 millones 70 mil pesos de recursos que no usó en 2020 de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.

Artículo publicado el 31 de octubre de 2021 en la edición 979 del semanario Ríodoce.