La riña en el Centro Penitenciario Aguaruto en Culiacán que dejó tres muertos y un herido dejó al descubierto que sigue la corrupción en los penales.

Los reos tenían pistolas y cerveza en el módulo 8. El ingreso de objetos y sustancias prohibidas subsiste.

De 1999 a la fecha en el Centro Penitenciario Aguaruto se han asegurado 70 armas de fuego a los internos.

En el mismo periodo se registraron 74 homicidios de personas privadas de su libertad. El año con la cifra más alta fue en 2010 con el asesinato de 24 reos, que representan el 34 por ciento del total.

Durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel suman cinco asesinatos, dos de ellos en 2020 y tres el pasado sábado 18 de septiembre.

En los últimos 20 años del mismo penal se han fugado 111 internos. El mayor número se concentra en 2019 con 47, todos el 17 de octubre, durante el llamado “culiacanazo”, y 2018 con ocho. Desde el año pasado hasta la fecha no se han evadido reos.

Apenas en agosto pasado familiares de los internos denunciaron que el director Pedro Mario Romero, permitía actos de corrupción.

La noche del sábado 18 de septiembre los reos del módulo 8 tenían un convivio con bebidas alcohólicas cuando empezó una riña.

Uno de los internos sacó una pistola y disparó contra sus compañeros. Dos murieron en el lugar y dos quedaron heridos. Más tarde, uno de los lesionados murió en el hospital.

Cuando empezaron los balazos el personal del penal pidió apoyo y elementos de todas las corporaciones policiales, Ejército y Guardia Nacional llegaron al lugar.

Los agentes rodearon el penal y cerraron la circulación de la carretera Culiacán-Navolato, debido a que los internos se estaban amotinando y había riesgo de fuga.

Tras la riña, los internos del módulo 8 se atrincheraron e intentaron amotinarse pero custodios penitenciarios arrojaron gas lacrimógeno y lograron dispersarlos.

El interno que disparó fue identificado en ese momento y le aseguraron una pistola calibre .45 milímetros.

Una vez que los internos fueron controlados iniciaron una revisión y encontraron una pistola calibre 9 milímetros.

El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, admitió que los internos tenían una reunión.

“Estaban en una reunión ya serán las pruebas periciales que verifiquen si estaban consumiendo alcohol o algún tipo de droga. Se tuvieron que emplear medios no letales para desarmar a esta persona la intención era no hacer uso excesivo de la fuerza”, dijo.

El agresor y uno de los fallecidos en el penal eran internos del fuero federal por delitos de portación de armas de fuego.

Ambos fueron detenidos el 6 de marzo de 2020 en el estacionamiento del hospital del IMSS en Culiacán, en la colonia Jorge Armada.

Junto con ellos detuvieron a otros dos hombres después de un enfrentamiento con elementos del Ejército.

Los cuatro delincuentes y otras personas más entraron al hospital para rescatar a un hombre que fue ingresado con heridas de bala horas antes.

Cuando salían de la clínica, en el área de estacionamiento se encontraron con personal militar que llegaba al lugar y se inició un tiroteo que concluyó con la detención de cuatro presuntos sicarios.

El otro interno que resultó lesionado en la riña del penal y murió en el hospital, estaba sentenciado por el homicidio de cuatro personas.

Fue detenido en mayo de 2005 junto con otros cuatro sicarios más, entre ellos el líder del grupo, Israel Flores Pasos, el Gringo, presunto fabricante de drogas.

El Gringo fue asesinado en noviembre de 2005, en el penal de Aguaruto, y para celebrar su muerte los internos realizaron una fiesta con bebidas alcohólicas y dos grupos musicales durante más de ocho horas en el reclusorio.

Los sicarios del Gringo habían privado de su libertad a una mujer y cuatro hombres en el poblado El Alhuate, en la sindicatura de Costa Rica y luego los asesinaron a balazos y semisepultaron en un canal.

Los multihomicidas fueron sentenciados a 15 años nueve meses de prisión.

El mes pasado los familiares de los internos del penal de Aguaruto acusaron que había cobro de moches, internos con privilegios, prostitución y se permitía el ingreso de bebidas alcohólicas y drogas.

Los familiares ya habían denunciado que les cobraban hasta 3 mil 500 pesos para entrar a visita, ya que en ese entonces estaba restringida por la pandemia.

Tras las denuncias la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa envió una nota informativa en la que aseguró que no solapará actos de corrupción, abusos o atropellos en el Centro Penitenciario de Aguaruto ni en ninguna otra de las áreas que la integran.

“En relación a los recientes señalamientos sobre supuestas anomalías en el Centro Penitenciario de Aguaruto donde se señalan presuntos actos de corrupción, la Unidad de Asuntos Internos ha dado inició a una investigación, lamentablemente hasta el momento no se han realizado las denuncias correspondientes, por lo que se solicita a las personas privadas de la libertad que forman parte del sistema penitenciario y a familiares que se sientan agraviados a formalizar las quejas y no sólo a través de las redes sociales”, dio a conocer”.

El documento señala que “las autoridades de esta dependencia estatal se mantienen abiertas a la escucha de cualquier inquietud por parte de las personas privadas de la libertad y sus familias a fin de esclarecer dicha situación”.

Artículo publicado el 26 de septiembre de 2021 en la edición 974 del semanario Ríodoce.