SSPE no investigó a policías por asesinato de jóvenes en Sanalona

Cuatro agentes del grupo Elite de la Policía Estatal Preventiva involucrados en el asesinato de dos jovencitas en Sanalona fueron separados del cargo por “conductas que afectan a la ciudadanía” pero por faltar a su trabajo.

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Los elementos nunca fueron investigados por la SSPE por su participación en el asesinato, la investigación se inició por no presentarse a su servicio.

El coordinador del grupo Elite, conocido como “Níquel”, también está involucrado pero a él no le iniciaron investigación interna.

El 5 de febrero de 2020 el titular de la SSPE, Cristóbal Castañeda Camarillo, dijo que había 20 elementos en investigación.

Aseguró que de manera paralela había dos investigaciones, una de la Fiscalía General del Estado y otra interna en la SSPE.

Los agentes involucrados son Luis Antonio “B”, Ismael “A”, Alfredo “D”, quienes están prófugos con orden de aprehensión; y Joel Noé “M”, detenido y vinculado a proceso penal; y el comandante del grupo Elite, Carlos Alberto “C”, vinculado a proceso penal y a quien la SSPE no le abrió investigación interna.

Las víctimas que fallecieron son Ana Carolina, de 20 años; y Andrea, de 18, ambas originarias de Tamazula, Durango; y quienes resultaron ilesos son Julio César y Dulce María.

El homicidio ocurrió la madrugada del 27 de enero de 2020 en el templete de la presa Sanalona.

De acuerdo con las actas de las sesiones de la Comisión de Honor y Justicia presidida por el subsecretario de Prevención y Reinserción Social, Carlos Alberto Leyva Hernández, las investigaciones internas iniciaron en mayo de 2020.

En la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión celebrada el 4 de mayo del año pasado se analizó la propuesta de separar del cargo a los agentes, presentada por el entonces director, Joel Ernesto Soto.

Ese día la Comisión acordó iniciar el procedimiento administrativo por incumplimiento del requisito “de permanencia”.

Entre las pruebas incluidas en el expediente se encuentra el Informe Policial Homologado de cada agente en el que el encargado de la corporación informa que los elementos no se presentaron a trabajar por ocho días consecutivos.

Los días que faltaron a trabajar son del 25 al 29 de febrero y del 1 al 3 de marzo de 2020.

A la fecha no se han presentado a laborar, no obra constancia de que hayan pedido permiso o presentado justificante alguno que acredite su inasistencia de la que se advierte que faltó a su servicio sin permiso o causa que lo justifique y tampoco existe documento alguno que justifique su falta a su servicio, señalan las actas.

El agente Joel Noé, detenido el 5 de marzo, fue el único que ejerció su derecho a defenderse y presentó pruebas por medio de un abogado.

En un informe el policía manifestó: “de lo que se me acusa es absolutamente falso ya que jamás falté a mis labores de forma injustificada, tan es así, que mi salario me llegó integro, tanto en la quincena del 15 al 29 de febrero y del 1 al 15 de marzo, lo que sin duda refleja que me presenté a mis servicios”.

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La Comisión determinó que los talones de pago que presentó solo prueban que fue cubierto su salario pero no que haya estado presente en su servicio.

En la resolución la Comisión señala que ausentarse del servicio sin causa justificada se ha vuelto una práctica entre los integrantes de las instituciones policiales por lo que es imperante suprimir las malas prácticas relacionadas con el ausentismo laboral.

“No basta que esa conducta sea una práctica entre los integrantes, sino que, además, con esa conducta afectan a la ciudadanía o lesionan la imagen de la institución a la que se encuentran adscritos”, señalan los documentos.

La Comisión considera que la conducta de ausentarse pudiera repercutir en la disciplina o comportamiento de los demás integrantes de la corporación.

En marzo pasado los integrantes de la Comisión determinaron que se trata de una falta grave y resolvieron la separación del cargo consistente en la baja definitiva de los cuatro elementos.

Según la Fiscalía los elementos dispararon sin motivo al vehículo en el que viajaban los cuatro jóvenes y alteraron la escena del crimen para simular que se había tratado de un enfrentamiento.

Los agentes sembraron una pistola, inventaron la historia de un quinto pasajero que huyó y pusieron pólvora en las manos de las dos jóvenes fallecidas para simular que ellas habían disparado.

Aunque los policías limpiaron sus fusiles Galil, los peritajes establecieron que 18 balazos fueron disparados por Ismael, uno por Alfredo, uno por Luis Antonio y uno por Joel Noé.

Joel Noé está vinculado a proceso penal por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, abuso de autoridad y delitos cometidos por servidores públicos y en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Aguaruto.

El coordinador del grupo, Carlos Alberto “C”, está acusado de los delitos de abuso de autoridad y delitos cometidos por servidores públicos y lleva su proceso penal en libertad.

El comandante inicialmente estuvo acusado de encubrimiento por favorecimiento por permitir que alteraran la escena del crimen pero la Fiscalía retiró la acusación por ese delito.

Tanto el comandante como el agente están en espera de que se dicte el auto de apertura a juicio oral.