En el último año de la gestión del gobernador Quirino Ordaz Coppel, el Congreso del Estado aprobó el cambio del formato del Informe de Gobierno. El mandatario saliente se irá sin rendir cuentas personalmente, de frente a los diputados; le tocará a Rubén Rocha Moya, el siguiente mandatario, comparecer ante los legisladores.

Justo cuando se cumplió un mes de la jornada electoral que registró el triunfo del candidato de Morena/PAS, Rubén Rocha Moya, sobre el abanderado de PRI/PAN/PRD, Mario Zamora, cambió la forma en la cual el gobernador deberá rendir su informe, como lo señala la Constitución del Estado de Sinaloa.

Los diputados aprobaron el pasado 6 de julio por unanimidad el cambio de formato del Informe de Gobierno que había sido propuesto por el Grupo Parlamentario de Morena desde el 29 de noviembre de 2019.

El diputado presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Horacio Lora Oliva, explicó que la reforma al artículo 40 constitucional, recoge una práctica que no debió haberse anulado en el pasado porque representa un diálogo de transparencia y rendición de cuentas.

Evidentemente, señaló, que la presentación del informe anual del Ejecutivo Estatal representaba alguna incomodidad por las interpelaciones derivadas de la presentación del informe frente a un Congreso plural con diferentes puntos de vista.

De acuerdo con el texto de la reforma constitucional, luego de la presentación del informe por escrito, los diputados del Congreso del Estado tendrán una reunión de trabajo con el titular del Poder Ejecutivo para analizar el documento. La reforma incluyó un artículo transitorio para que entre en vigor a partir del día 1 de enero de 2022, es decir, cuando Rubén Rocha Moya sea el gobernador de Sinaloa.

Desde la presentación de la iniciativa de reforma, el Grupo Parlamentario de Morena, expuso que buscaban elevar la calidad del informe para vincularlo con el Plan Estatal de Desarrollo y así conocer los avances del ejercicio presupuestal y los programas de la administración pública.

Los diputados morenistas señalaron, cuando presentaron la propuesta, que hacerlo bajo ese formato, el Informe de Gobierno tendría mayor veracidad, aunado a que se fortalecería la transparencia en la aplicación de los recursos públicos.

Cambios recurrentes en el formato

El artículo 40 de la Constitución que refiere la obligación del Ejecutivo Estatal de presentar un Informe de Gobierno ante el Poder Legislativo, ha tenido 10 modificaciones, entre 1957 y 2008.

En la reforma de 2004 se estableció que dentro de los 15 días siguiente de haber recibido el Congreso del Estado el Informe de Gobierno, el titular del Ejecutivo debería reunirse y los miembros del gabinete para su valoración y análisis.

El formato dio marcha atrás a esa práctica en octubre de 2008, la cual ha estado vigente hasta la gestión gubernamental de Quirino Ordaz Coppel, que señala que el Ejecutivo del Estado enviará un informe por escrito al Congreso del Estado sobre la situación que guarda la Administración Pública.

La misma disposición legal que ha estado vigente en los casi últimos 12 años, señala que el Congreso del Estado podrá solicitar, mediante pregunta por escrito al gobernador, ampliar la información y citar a los secretarios, así como a los directores de las entidades paraestatales a comparecer bajo protesta de decir verdad.

En su momento los diputados de Morena advirtieron que la reforma buscó un ejercicio de rendición de cuentas, pero que se eviten los actos de pleitesía o autocomplacencia que hasta el 2004 constituían los informes de gobierno y la posterior ausencia del gobernador del 2008 al 2018, periodo en la que se dejó, incluso a la discrecionalidad, la comparecencia de funcionarios de segundo nivel.

La diputada presidenta de la Comisión de Fiscalización, Graciela Domínguez Nava, sostuvo que las reforma que fueron propuestas con su grupo parlamentario son con visión de Estado, pues no está diseñadas para una situación política específica sino pensando en mejorar el desempeño de las instituciones públicas, para el beneficio de sus habitantes, independientemente del partido que gobierne u ostente la mayoría parlamentaria.

“Terminamos con ese paraíso terrenal que con el apoyo de una danza de cifras sin sustento han derivado hasta ahora los informes de gobierno”, señaló.

Con la reforma constitucional el gobernador en turno deberá rendir cuentas en forma personal frente al Congreso del Estado, pero ello no elimina la obligación que también comparezcan los titulares de la administración pública estatal y paraestatal para la valoración y el análisis del informe rendido por escrito.

Aunque el coordinador parlamentario del PAN, Jorge Iván Villalobos, manifestó su apoyo al cambio de formato del informe de gobierno, advirtió el riesgo de que se convierta en el famoso “besamanos” como ocurrió en el pasado con los informe de gobierno a nivel federal.

Las reformas a nivel constitucional no han incluido modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso del Estado para reglamentar el informe del gobierno bajo el nuevo formato.

El panista consideró necesario incluir una reglamentación dentro de la Ley Orgánica del Congreso del Estado para que el cambio de formato del informe sea dentro un verdadero ejercicio republicano, lo que implicaría un intercambio de información respetuosa, de interpelaciones de preguntas con respuestas, como se hace con la glosa con los funcionarios de gabinete.

La expedición de una nueva Ley Orgánica del Congreso del Estado no ha sido posible, a dos semanas de concluir el último periodo ordinario de sesiones de la actual Legislatura, pese a que el tema está en la agenda común de todos los grupos parlamentarios.

La reforma al formato al Informe de Gobierno no está en vigor porque el Poder Ejecutivo no la publica todavía en el Periódico Oficial. Sería el último paso legal para retornar a la comparecencia del gobernador a partir de Rubén Rocha Moya.

Artículo publicado el 18 de julio de 2021 en la edición 964 del semanario Ríodoce.