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Del heroísmo de policías a la orfandad de sus familias

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El jaloneo entre el Legislativo y el Ejecutivo por pensiones de viudas de policías

 

 

Ser viuda de un policía en Sinaloa no ha sido una garantía de recibir una pensión, sino un camino recto a la incertidumbre. Los escamoteos administrativos para esquivarles el pago de la prestación social se han convertido en un verdadero viacrucis para sus familias.

Al amparo de reglas ambivalentes para el pago de pensiones por viudez, cada gobierno y/o administración ha impuesto sus propios condicionamientos. Algunos por ejemplo han exigido hasta 30 años de servicio o limitado las causas del deceso para que tengan sus viudas el derecho a una pensión.

Un análisis hecho por el Grupo Parlamentario de Morena señala que desde la Ley de Seguridad Pública que entró en vigor en 2001, no se contempló ni una sola palabra sobre prestaciones sociales para policías, ni tampoco en la que le antecedió, la Ley del Servicio de Seguridad Pública, de 1986.

Ya para la Ley de Seguridad Pública que entró en vigor en 2009 se incluyó el concepto de muerte por riesgos de trabajo y por causas ajenas al trabajo con una pensión equivalente al cien por ciento del salario, pero se impuso el candado de tener al menos 15 años de servicio.

Luego, tras la presión de las familias de policías fallecidos que quedaban al desamparo y cuestionaban un trato discriminatorio por no tener los 15 años de antigüedad su familiar, se eliminó ese requisito, pero introduce el concepto de muerte por la condición laboral en activo.

Precisamente, señalaron los diputados de Morena, en sus argumentos, ese concepto había resultado muy conveniente para seguir negando o limitando el acceso a una pensión, al interpretar el riesgo de trabajo a la muerte en un enfrentamiento con la delincuencia o la muerte natural por cualquier otra causa.

Las reformas buscan, aseguraron los diputados de Morena, que la regulación de la pensión por muerte, fuese clara, sin recovecos y que otorgara certeza jurídica.

Luego de múltiples visitas y cabildeos de viudas de policías con diputados, tres días antes de la jornada electoral el Congreso del Estado, en ese momento integrado en una parte importante por legisladores suplentes, aprobó mejores condiciones para la viudas de policías, al reformar la Ley de Seguridad Pública.

Antes de que se aprobaran las reformas a la Ley de Seguridad Pública para modificar los términos de las pensiones de policías como proponía Morena, el Grupo Parlamentario del PRI había advertido el riesgo de que fuesen vetadas por el Ejecutivo Estatal por el impacto presupuestal que significaría. Era la primera sesión ordinaria de junio. Para evitar que fuese votada, la bancada del PRI lo primero que intentó fue diferir la votación al presentar ante el pleno una moción suspensiva del dictamen, pero la propuesta fue rechazada por la mayoría.

En contraste, le siguió la propuesta de la bancada de Morena a efecto de que se dispensaran todos los trámites y se pusiera a discusión ese mismo día el dictamen de la reformas. La misma mayoría que rechazo diferir la discusión, fue la que aprobó se acelerara la votación.

La postura del Grupo Parlamentario del PRI fue similar a la que ahora argumenta el gobernador Quirino Ordaz Coppel en las observaciones que envío al Poder Legislativo, al vetar las reformas a la Ley de Seguridad Pública.

 

QUIRINO ORDAZ. No hay dinero.

En el documento el Ejecutivo Estatal argumentó que el decreto incluía cambios significativos al sistema de seguridad social de los miembros de las instituciones policiales del Estado y los municipios que representaban incrementos en los recursos presupuestales necesarios para financiar las modificaciones en el corto, mediano y largo plazo.

La razón era un asunto de finanzas, ya que las reformas en materia de pensiones para viudas de policías afectaría al presupuesto que se tiene, más aún porque el dictamen incluía un transitorio para que se hicieran de carácter retroactivo.

Se insertó en el derecho de pensión por muerte tanto de agentes estatales como municipales, sin condicionamientos como la antigüedad, o la causas del deceso, para que sus viudas accedieran al cien por cierto de los salarios.

Para evitar interpretaciones que impidan o limiten la prestación, el dictamen aprobado especificó la obligación al Gobierno del Estado y los municipios a señalar el porcentaje de las aportaciones solidarias que le correspondan, dependiendo de la asignación que tenían los agentes en vida.

En el caso de los pensionados por retiro, retiro anticipado, invalidez, vejez y orfandad y muerte, recibirán los incrementos salariales y prestaciones económicas en los mismos términos de los integrantes de las Instituciones policiales del Estado o municipios en activo, de acuerdo con su plaza, grado o categoría.

Desde la discusión del tema tres días antes la elección, la bancada del PRI acusó que el tema de las pensiones se había llevado para aprobarlo como un tema electoral. En contrapartida, Morena acusó que en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de 2021 se había etiquetado una suma de 10 millones de pesos para atender las pensiones de viudas de policías.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Graciela Domínguez Nava, dijo el Grupo Parlamentario del PRI, había llevado el tema a tribuna días atrás al proponer que mediante un punto de acuerdo se resolviera el pago a ocho viudas de policías, salida que consideraba Morena legalmente incorrecto, cuando lo que debía proceder era una reforma a la ley para solucionar el problema de raíz.

Si el Ejecutivo Estatal había hecho adecuaciones al presupuesto de Publicidad, de 80 millones anuales que eran los autorizados, a gastar 93 millones en tan solo un trimestre, no veían por qué no se podían hacer adecuaciones presupuestales para atender los derechos elementales de las familias de los policías.

La Ley de Seguridad Pública fue aprobada, pero el gobernador la vetó, es decir, la regresó al Poder Legislativo bajo el argumento de la inviabilidad financiera para el Gobierno del Estado y de cada uno de los municipios que padecen estrechez económica.

La respuesta de la viudas de policías desencadenó una protesta violenta en el edificio del Poder Legislativo en donde se derribaron un par de puertas en el acceso principal en medio de la demanda de ser atendidos de inmediato por los diputados, luego de haber realizado también una manifestación en el Palacio de Gobierno.

Frente a los diputados, las viudas de policías expusieron la orfandad en que se dejan a las familias de los policías al negarles una pensión, algunas familias de agentes que murieron porque se contagiaron de Covid.

Diputados, gobierno estatal y municipios iniciaron un mesa técnica de análisis para dar una solución. Los diputados deberán de presentar un nuevo dictamen, para el cual no hay fecha de vencimiento, pero ahora se requieren las dos terceras partes de la votación de los diputados.

Tanto Rosario Romero, presidente de la JUCOPO, como Graciela Domínguez Nava, han sostenido ante las viudas que defenderán las reformas, en tanto que el gobernador, en diferentes foros, ha señalado que no hay suficiencia financiera para atender las reformas que considera se hicieron sin sacar números.

Por lo pronto, sin fecha para su solución, las pensiones de la viudas de policías se encuentran en el centro del jaloneo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Artículo publicado el 27 de junio de 2021 en la edición 961 del semanario Ríodoce.

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