Se reconfigura el mapa de la violencia en México; ceden los estados del norte, salvo Baja California, y destacan los del litoral del Pacífico

Durante 2020, en los municipios de Sinaloa mejoró el índice de homicidios, excepto en Navolato.

De acuerdo con el estudio La Violencia en los Municipios de México 2020, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en el ranking de homicidios por cada 100 mil habitantes, de 2019 a 2020, Culiacán paso del lugar 35 al 37, Ahome del 169 al 182 y Mazatlán del 117 al 141.

El municipio de Navolato fue el único que retrocedió del lugar 99 al 75, al pasar de 19 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2019 a 25 asesinatos el año pasado.

Los municipios con las mayores tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes fueron Zamora, Michoacán con 181, Manzanillo, Colima, con 143; y Salamanca, Guanajuato, con 115.

De acuerdo con el estudio, el año pasado en 223 de 234 municipios de 100 mil habitantes o más, se produjo un incremento de violencia.

El informe incluye el índice de violencia, en el que el Consejo considera las carpetas de investigación iniciadas por los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, violación y lesiones, y asigna puntajes con los que obtiene un promedio.

En este indicador, los municipios de Sinaloa mejoraron. En una comparación de los indicadores de 2014 a 2020, Culiacán pasó del lugar nueve al 65; Navolato del 32 al 151; Mazatlán del 94 al 170; y Ahome del 67 al 206.

El municipio con mayor incremento del índice de violencia fue Álamo Temapache, Veracruz, con 413 por ciento, pero de acuerdo con el diagnóstico es mucho más significativo el aumento de 402 por ciento de Zamora, Michoacán, pues pasó de un nivel bajo a uno elevado.

Desde el estudio de 2017 se advirtió una reconfiguración del mapa de la violencia; primero, los estados del norte del país, con excepción de Baja California, dejaron de ser de los más violentos para ceder ante la mayoría de estados del litoral del Pacífico, destacadamente Colima. Después, en 2018, Guanajuato, en la región de El Bajío, se convirtió en otro epicentro de la violencia y este cambio se acentuó en 2019.

En 2020, municipios de Zacatecas, Michoacán y Sonora también están entre los más violentos en términos generales, mientras que el Estado de México destaca porque la mayoría de sus municipios tienen entre las más altas tasas de lesiones dolosas, robos con violencia y extorsiones.

Según la asociación, el aumento de la violencia en el 95 por ciento de los municipios con más de 100 mil habitantes se debe al fracaso de las políticas de prevención social del delito implementadas por el gobierno federal.

El Consejo señala que “la experiencia ha confirmado una y otra vez nuestra hipótesis. En los municipios en los que se aplicó el programa de “prevención social del delito”, los niveles de la inseguridad y la violencia siguen siendo igual o más elevados que antes. Hay estados, regiones o municipios en los que coyunturalmente baja la violencia. Pero esto no depende de la “prevención social del delito”, sino sobre todo de las decisiones de los grupos criminales y la resultante de sus pugnas”.

En prevención social del delito, indica, se gastaron casi 3 mil millones con Felipe Calderón y más de 13 mil millones con Enrique Peña Nieto sin ningún resultado y el país terminó siendo más violento e inseguro.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador se propuso profundizar y llevar al límite esa política absolutamente errónea y sólo en su primer año y en un solo programa (Jóvenes construyendo el futuro), el nuevo gobierno en 2019 se gastó 43 mil millones de pesos, casi tres veces más que lo que gastaron en “prevención social del delito” los gobiernos de Calderón y Peña. En 2020 gastó 26 mil millones de pesos y para 2021 el presupuesto es de 21 mil millones de pesos”, establece.

Señala que ante el “estruendoso fracaso” de la política de prevención social del delito iniciada con el presidente Calderón, debe ser abandonada y en su lugar simplemente hay que aplicar la ley contra quien delinque.

Es vital, menciona, abatir la impunidad, aumentar las sentencias condenatorias, ejecutar todas las órdenes de aprehensión e investigar y judicializar todos los delitos.

La principal razón por la cual, a partir de 2013, iniciaron el estudio periódico sobre la violencia en los municipios de más de 100 mil habitantes en el país, fue la decisión del entonces presidente de la república, Enrique Peña, de buscar reducir la violencia mediante la llamada “prevención social del delito”, que se trataba de un mayor gasto en programas de acciones no coercitivas del Estado frente a la delincuencia.

“La esencia de esta orientación, que continuaba y llevaba más lejos la similar política del gobierno de Felipe Calderón, era la del reparto de subsidios entre segmentos de la sociedad que se identificaban como propensos a delinquir. Los subsidios, con los gobiernos de Calderón y Peña eran indirectos, mientras que han sido directos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”, establece.

Con el gobierno de Peña los subsidios se hacían efectivos mediante cursos de capacitación, campañas de concientización, fomento de actividades culturales, deportivas y recreativas y la “recuperación” de espacios públicos, principalmente.

Para tal propósito el gobierno identificó a un centenar de municipios en los que enfocaría la llamada prevención social del delito y con el paso del tiempo el universo de intervención se fue expandiendo.

La gran mayoría de los municipios de aquel programa eran de 100 mil o más habitantes y de población predominantemente urbana.