Un nuevo caso de abuso de poder para la extorsión de empresarios locales afloró en el último tercio de la administración de Manuel Guillermo Chapman Moreno como Alcalde de Ahome.

En la presunta estafa desde la comuna se involucra a la jerarquía de la Coordinación Municipal de Protección Civil: Salvador Lamphar Rodríguez, coordinador general, Ramiro Soto Portillo, coordinador operativo, amañados con Gabriel de Jesús Gastélum Alvarado, un consultor externo a quien el Instituto Estatal de Protección Civil le había cancelado el registro por constantes faltas al reglamento de operación, según una imputación de hechos presentada por los juristas Joaquín Melquiades Cervantes Gutiérrez y Ramón Alberto Velderrain Armenta, ex presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa y presidente del Colegio de abogados del Norte de Sinaloa, respectivamente.

El caso que fue denunciado el 2 de junio a las 12:21 horas en la oficina de la síndica procuradora, Jehovana Ariselda Martínez Armenta y a las 14:48 horas ante el Órgano Interno de Control (OIC), imputa a los funcionarios municipales abuso de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, desacato, desvío de recursos públicos, uso indebido de información, soborno, obstrucción de la justicia y corrupción.

Los abogados afirmaron que unos 80 locatarios del mercado de abastos “La yarda” han sido extorsionados.

Los litigantes afirmaron que los locatarios son presionados por los funcionarios municipales para pagar 5 mil pesos por renovarles la operación de sus negocios, trámite que realiza Gabriel de Jesús Gastélum, sin estar acreditado pues se ostenta con un registro apócrifo al que le da validez la Coordinación Municipal de Protección Civil, sin que esta tenga facultades para ello.
Los abogados afirmaron que hay pruebas suficientes, y llamaron a los órganos municipales a iniciar las pesquisas para deslindar responsabilidad.

Cervantes Gutiérrez aseguró que el caso podría tener más implicaciones legales pues se está cometiendo un robo de derechos municipales porque el dinero no ingresa a las arcas sino que se lo embolsan los funcionarios y el particular.

Pidió a la síndica procuradora aleccionar al OIC para que se actúe apegado a derecho, pues es común que las denuncias en contra de los funcionarios municipales no prosperan en la actual administración.

El abogado afirmó que en caso de que se extienda la impunidad sobre los funcionarios, estarían analizando recurrir a órganos penales pues faltar al deber por omisión o intención es considerado ya un delito punible.

Ramiro Soto Portillo, coordinador operativo de Protección civil desestimó la acusación, dijo que no tiene sustento porque se trata de un asunto entre particulares en el que resultaron afectados los intereses particulares de un alto jefe del Instituto Estatal de Protección Civil.

“Nos metieron a nosotros, pero somos ajenos. Nada tenemos que ver en el asunto. Sólo aplicamos las normas permitidas. De cualquier forma, aclararemos los puntos si la autoridad nos requiere., dijo.

Soto Portillo afirmó que no es la primera ocasión en que se intenta manchar a la institución, porque ya ha ocurrido antes, pero todos los casos se han superado.

Opinó que este no será la excepción, porque se documentará lo hecho hasta este fin de semana.

Desde que la administración de Chapman Moreno inició, las denuncias de corrupción de su personal se incrementaron, en comparación con administraciones anteriores.

Todos los sectores productivos recurrieron a las instituciones de vigilancia, pero en ningún caso se falló en contra.

Las que fueron presentadas en el despacho de la presidencia, como la del organismo intercamaral en contra de los Inspectores de Inspección y Normatividad, simplemente fueron desechadas.

Mientras que las reconocidas por el propio alcalde, como lo ocurrido con el fraude en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, sencillamente no prosperaron y estas quedaron en el olvido. El ex gerente de la paramunicipal, Luis Felipe Villegas Castañeda lo había afirmaron antes. “No va a pasar nada con el caso Japama”. Y a meses de ello, tuvo razón. Nada ocurrió.

Para el abogado penalista, Martín López Félix, la administración de Chapman Moreno es un ejemplo grandísimo de corrupción e impunidad porque ninguna autoridad lo ha tocado, incluyendo al propio Congreso de Sinaloa que presumió de intolerante perversidad de los gobernantes, pero que no los toco ni con la sospecha.