Durante manifestaciones en Colombia reportan desaparición de 129 personas

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A casi un mes de iniciadas las protestas antigubernamentales en Colombia, la Fiscalía General entregó este lunes su informe sobre personas no localizadas. El ente judicial informó que halló a 290 que habían sido reportadas como desaparecidas en el marco de las manifestaciones y que la búsqueda se mantiene activa para otros 129 ciudadanos.

Entretanto, el Gobierno pidió a la CIDH esperar a las investigaciones de las autoridades locales antes de que inicie una indagación sobre presuntas violaciones a derechos humanos en el país, de acuerdo a Aristegui Noticias.

Hasta el momento, las cifras sobre desaparecidos habían sido difundidas por ONGs y la Defensoría del Pueblo, que habían señalado más de 500 desaparecidos. El pasado 8 de mayo, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el país, junto a otras 26 entidades defensoras de derechos humanos, notificaron ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General que 471 personas han desaparecido durante las manifestaciones.

Además, la Fiscalía reportó que en los días corridos desde que comenzaron las protestas, el pasado 28 de abril, han recibido reportes de 43 personas fallecidas, cifra que coincide con la de la ONG local Temblores. Sin embargo, el ente acusador especificó que, del total, solo 17 muertes tienen nexo directo con las movilizaciones. Grupos de derechos humanos han denunciado uso excesivo de la fuerza, mientras el Gobierno colombiano rechaza esas acusaciones.

Human Rights Watch señaló por su parte que ha recibido denuncias creíbles sobre 61 muertes ocurridas en Colombia desde que comenzaron las protestas y que hasta ahora ha confirmado 24.

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) pidieron este lunes al Estado colombiano iniciar la “búsqueda y localización expedita” de las personas reportadas como desaparecidas durante las protestas.

“Es importante también que se inicie la búsqueda y localización expedita, sin dilación y sin demora de las personas cuya desaparición se alega, como una forma de prevenir la posible consumación de desapariciones”, expresaron ambos organismos en un comunicado conjunto.

El Gobierno de Estados Unidos también hizo por separado ese llamado.

“Animamos a las autoridades a continuar su trabajo para localizar a las personas desaparecidas tan pronto como sea posible”, dijo la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una rueda de prensa.

La funcionaria agregó que su país da la “bienvenida” a las investigaciones que la administración del presidente Iván Duque ha abierto sobre algunos casos de violencia y al despliegue de unos 35 equipos a lo largo del territorio nacional para hallar a los desaparecidos. Los grupos están conformados por un fiscal, investigadores, policías y defensores regionales.

Entretanto, y luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitara el pasado 14 de mayo autorización para que una comisión ingresara al país con el fin de evaluar la situación de derechos humanos, la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, respondió que se debe esperar a que concluyan las investigaciones de los organismos de control locales antes de autorizar la inspección solicitada.

“Al secretario Almagro le hemos dicho que consideramos todas las visitas bienvenidas, pero en este momento, pensamos que hay que esperar a que los propios organismos de control acaben de hacer su tarea, investigar cada uno de los casos”, declaró Ramírez.

La vicemandataria dijo que no descarta organizar ojalá en el curso de las próximas semanas cualquiera de las visitas solicitadas.

El rechazo temporal a recibir la CIDH ha rechazado duras críticas contra el Gobierno de Duque. Es la primera vez que sucede algo así en el país y la oposición y organizaciones civiles denuncian que es un intento de silenciar las violaciones a derechos humanos que suceden durante las manifestaciones.

Anteriormente, Duque había criticado duramente las decisiones de Venezuela o Nicaragua de no recibir a los investigadores de la CIDH.

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