julio 23, 2021 9:56 PM

Miembros del CJNG ligados a los atentados contra García Harfuch y Aristóles Sandoval son sancionados por EU

CIUDAD DE MÉXICO, 26JUNIO2020.- La camioneta donde viaja el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, durante el atentado contra su vida, la mañana de hoy- Fue trasladada a las inmediaciones de la Fiscalía Antisecuestro, en la alcaldía Azcapotzalco, para continuar los peritajes. 
FOTO: ARMANDO MONROY /CUARTOSCURO.COM

Un grupo de operadores y sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), presuntamente responsables del atentado en contra de Omar García Harfuch y el asesinato de Aristóteles Sandoval, recibieron sanciones y designaciones, anunció el gobierno de Estados Unidos.

Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro, presuntamente han ayudado a orquestar asesinatos utilizando armas de alto poder a nombre del CJNG que, es responsable del trasiego a Estados Unidos de una proporción significativa de fentanilo y otras drogas letales, sostuvo el Departamento del Tesoro, de acuerdo a una publicación de Proceso.

Rivera Varela y Gudiño Haro, pertenecen al grupo del CJNG que encabeza Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”, al que se le achaca en control de la plaza de Puerto Vallarta, Jalisco, y ser el autor intelectual de gran parte de la violencia que azota a la entidad.

La OFAC también designó en el mismo casillero a Alejandro Chacón Miranda, operador de los viajes de los miembros del CJNG y al que se le vincula a la vez con otras actividades ilícitas del grupo criminal que dirige Nemesio Oseguera Cervantes “El Mecho”.

“Las acciones anunciadas hoy son un recordatorio de que el Departamento del Tesoro continuará sancionando a todos aquellos que proveen respaldo al CJNG ya sean personas violentas o empresarios cómplices”, indicó Andrea Gacki, titular de la OFAC.

Rivera Varela, “La Firma”, colombiano-mexicano y Gudiño Haro, “La Gallina”, supuestamente son los proveedores de apoyo tecnológico y de bienes y servicios para el CJNG amén de llevar a cabo los actos de violencia contra objetivos específicos.

“Este grupo realiza ataques violentos contra rivales y funcionarios del gobierno en beneficio del CJNG para ganar control territorial en sus actividades del tráfico de drogas”, explica en gobierno de Joe Biden, a establecer las designaciones y sanciones.

Como ejemplo de los actos de violencia, la OFAC subraya que “La Firma” y “La Gallina” presuntamente son responsables del atentado contra la vida de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad del gobierno de la Ciudad de México, ocurrido en junio de 2020.

A la fracción del CJNG que dirige “El Sapo”, Estados Unidos también lo involucra en el asesinato del exgobernador priista del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, llevado a cabo dentro de un restaurante en Puerto Vallarta el 18 de diciembre de 2020.

“Originalmente de Cali, Colombia, Rivera Varela residió en México por muchos años, Gudiño Haro, nativo de Jalisco, es dueño y controla una compañía agrícola registrada en Puerto Vallarta; Agrícola Costa Alegre S.P.R., sancionada y designada también hoy”, apunta la OFAC.

A Chacón Miranda el gobierno de Estados Unidos lo identifica como una especie de agente de viajes de los miembros del CJNG e involucrado en operaciones de lavado de dinero, además de dueño de la agencia de viajes, Dale Tours, en Guadalajara.

Con la designación emitida por el Departamento del Tesoro, los bienes e intereses de los tres narcotraficantes significativos que tengan en lugares bajo la jurisdicción estadunidenses quedan sujetos a confiscación y se les congelan cuentas bancarias.

Se prohíbe a todo ciudadano o entidad de los Estados Unidos tener cualquier relación con los designados y, la violación a esta medida implica multas monetarias a civiles que de hasta un millón 548 mil 75 dólares, por cada ilícito.

Para el caso de sanciones criminales, los empresarios o corporativos pueden ser sentenciados hasta 30 años de cárcel, ser multados con hasta cinco millones de dólares y la entidad aparte, deberá pagar hasta 10 millones de dólares y los civiles enfrentar un encierro de 10 años en prisión.

 

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