Juez da razón a indígenas de Lázaro Cárdenas

Tres años después, uno de los cinco juicios de amparo promovidos por tres comunidades indígenas y una asociación de restauranteros en contra de la aprobación a la construcción de la planta de amoniaco en la bahía de Santa María, se resolvió en favor de los yoremes, que se oponen a la realización del proyecto “planta de amoniaco 2200 TMPD”, dentro de la bahía de Topolobampo.

Ahora, con la razón legal a su favor, dos de las tres comunidades se oponen a que se realice la consulta popular que se omitió cinco años atrás, pues el caso ya se politizó y los industriales han gastado fortunas para cargar a su favor la opinión pública.

Dos de los cobanaros, Tiburcio Ahumada Maldonado y Felipe Montaño Valenzuela, de Lázaro Cárdenas y Ohuira, respectivamente, afirmaron que la consulta ya no es una opción, sino la reubicación del proyecto a una zona en donde el daño a las personas y a los ecosistemas marinos sean mínimos, incluso la emigración hacia puertos en donde la petroquímica ya esté en desarrollo es aún mejor.

Montaño Valenzuela aseguró que los gobiernos locales y falsos cobanaros “están metidos hasta las “kichis” a favor de GPO, pero la realidad es que en los pueblos originarios el rechazo es mayor, pese a que con dinero se ha logrado dividir algunas opiniones de ejidatarios.

Los gobernadores tradicionales mantuvieron su postura a sabiendas de que los amparos promovidos por sus comunidades podrían resolverse a su favor.

Y como lo suponían, comenzó a suceder: este jueves trascendió que el juez Sexto de Distrito con asiento en Los Mochis, Óscar Alejandro Zúñiga Vidales resolvió el juicio de amparo 528/2018 que desde el 21 de noviembre tenía paralizada la construcción de la planta de fertilizantes con una suspensión provisional.

El juicio de garantías promovido por la comunidad de Lázaro Cárdenas fue resuelto a favor de ésta concediéndoles la razón a los indígenas del campo pesquero Lázaro Cárdenas, que alegaban que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no los consulto si aceptaban o rechazaban la planta de amoniaco que inversionistas alemanes de Proman y el grupo Gas y Petroquímica de Occidente, proyectan construir en la bahía de Topolobampo como lo exigen los tratados internacionales que México firmó.

El juez encontró que la dependencia no otorgó el procedimiento previo y por ello decretó que la justicia federal ampara y protege a la comunidad indígena de Lázaro Cárdenas, dejando sin efectos jurídico la resolución en materia de impacto ambiental y riesgo ambiental concedida a GPO, la cual tiene el número de oficio SGPA/DGIRA/DG/03576 y fue aprobada el 21 de abril del 2014 de manera condicionada al proyecto denominado “Planta de Amoniaco” 2200 TMPD, correspondiente a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) 25SI201310017 promovido por Gas y Petroquímica de Occidente”.

El resolutivo invalida también la ampliación de la autorización por ser extensión de un acto que resultó violatorio de Derechos Humanos.

Para subsanar el error de procedimiento, el juez ordena la realización de la consulta que deberá efectuarse en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en Lázaro Cárdenas y comunidades aledañas.

Subsanado el procedimiento, GPO podrá reiniciar los trámites, concluye el letrado.

Para la realización de la consulta no se fijó fecha fatal.

En el mismo juzgado Sexto de Distrito están aún vigentes los juicios de amparo 628/2018 interpuesto por la comunidad indígena de Paredones y que desde el 26 de diciembre de 2018 cuenta con suspensión provisional, pero el caso se sobreseyó por desistimiento del representante comunitario, Héctor García y el caso 630/2019, tramitado por la Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos de la Playa de El Maviri, que tiene suspensión provisional desde el 11 de octubre del 2019.

Mientras que en el juzgado Séptimo de Distrito se desahogan los juicios de amparo 358/2019 tramitado por la comunidad de Paredones y el 350/2019 interpuesto por Ohuira.

Joel Ulises Pinzón Vázquez, vocero de ¡Aquí No! afirmó que la resolución del amparo ya era esperada y confirma que en el proceso de aprobación del MIA se cometieron muchas irregularidades.

Consideró que el rechazo a la consulta popular es otra posición que maduró por años de litigio. “Quizá cuando todo comenzó era viable, hoy no lo es porque ya se ha gastado mucho dinero en sesgar opiniones y comprar conciencias”.

Antes de darse el resolutivo del juicio de amparo, Víctor Hugo Vaca Cuéllar, director del proyecto, opinó que estaban listos para la consulta, pero aún no tenían claro quién la realizaría, cuándo, en dónde y bajo qué logística.