Realización de obras estatales sin controles adecuados ni supervisión, señala la auditoría estatal; Educación, Pesca, Turismo, entre las secretarías anómalas

Mientras que los poderes Judicial y Legislativo salieron limpios de presunción de daños a la hacienda pública en la cuenta pública de 2019, el Poder Ejecutivo registró 38 expedientes que representan un importe de 65.2 millones de pesos.

Más que el monto de pliegos de observaciones, la Auditoría Superior del Estado (ASE) señaló que el Poder Ejecutivo tiene múltiples deficiencias en sus secretarías para operar los controles internos al no contar con documentación de respaldo para justificar el gasto que deriva en faltas administrativas.

Destaca por las debilidades recurrentes la Secretaría de Obras Públicas que no cuenta con un Programa Anual de Obras, debidamente formalizado y autorizado por el Congreso del Estado.

En materia de Obra Pública no cuenta con los controles adecuados para que las obras tengan especificaciones técnicas de construcción. En tanto que el Programa Anual de Obras 2019 presentado a la ASE no indica las fechas de inicio y terminación, ni las fases de inicio, conclusión y óptima operación de cada una de las obras.

Entre otras deficiencias está el señalamiento que la Secretaría de Obras Públicas no cuenta con los controles adecuados para que los expedientes unitarios de las obras incluyan sus presupuestos bases y sus respetivos análisis de precios unitarios.

Tampoco la Secretaría de Obras Públicas cuenta con mecanismos de control adecuados para evitar pagos por concepto de obras no ejecutadas y en exceso.

Al hacer la auditoría de 2019, la ASE amplió la muestra a fiscalizar al cubrir 14 secretarías. La auditoría de 2019 fue realizada bajo un procedimiento integral diferente a lo realizado por los ejercicios anteriores, lo que originó un incremento de los recursos fiscalizados por el orden del 78.15 por ciento respecto al 2018.

La ASE practicó auditorías al desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidas en los programas, a las secretarías de Desarrollo Social, la Secretaría General de Gobierno, Educación Pública y Turismo.

En las debilidades de la cuenta pública del gobierno estatal, la ASE reportó que las secretarías de Desarrollo Social, Turismo, Desarrollo Sustentable y Transparencia y Rendición de Cuentas efectúan pagos en las que omiten anexar documentación sobre los procesos de adjudicación, así como de la justificación de los gastos.

La ASE también señaló que las secretarías de Agricultura y Ganadería, y Pesca y Acuacultura no realizaron una adecuada verificación y supervisión del uso y destinos de los apoyos otorgados.

En el listado de debilidades está la Secretaría de Economía la cual realiza pagos, pero omite anexar documentación relativa a los procesos de adjudicación; en tanto la Secretaría de Turismo no cuenta con una normatividad que regule la aplicación de los proyectos que ejecuta, correspondientes a los programas de inversión estatal.

Aunque no alcanzó a ubicarse como un pliego de observaciones, la ASE levantó una promoción de responsabilidad administrativa porque la Coordinación de Comunicación Social del Poder Ejecutivo no cumplió con publicar los montos destinados a gastos de comunicación social y publicidad oficial desglosada por fecha, tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña establecida.

La ASE también detectó que la Secretaría de Pesca y Acuacultura realizó la entrega de 10 toneladas de alimento para tilapia con proteína en el centro Varejonal en Badiraguato, pero no se encontraron actas de entrega-recepción de los beneficiarios.

Entre las presunciones de daños la ASE señala que la Secretaría de Desarrollo por concepto de 543 mil 994 pesos porque se entregaron apoyos económicos a personas que no se encuentran registradas como gobernadores indígenas.

Dentro de los entes públicos estatales el monto mayor en donde se presume un daño a la hacienda pública está Preeforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (PRECASIN) con 3.6 millones de pesos.

Al 31 de diciembre de 2019, la ASE detectó que en el Poder Ejecutivo existe insuficiencia financiera por un total de 3 mil 134 millones de pesos.

Respecto de la muestra auditada, se determinaron recuperaciones probables por 65.2 millones de pesos en el Ejecutivo Estatal, por transferencia de recursos en la que omiten proporcionar documentación comprobatoria y justificativa; pago de diversos conceptos, sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria que acredite los gastos realizados; volúmenes de conceptos de obra pagados no ejecutados; volúmenes de conceptos de obra pagados en exceso; entre otros.

Por primera vez, el informe general ejecutivo debió incluir un inciso sobre las denuncias y querellas presentadas derivadas de la fiscalización, tras la reforma realizada el año pasado a la Ley Orgánica de la Auditoría Superior del Estado. Sin embargo, la ASE indicó que no se han presentado derivadas de la cuenta pública de 2019.

En general, por la cuentas públicas de todos los entes auditados en el Estado de Sinaloa, la ASE estima que existe un probable recuperación por 297.7 millones de pesos, para las cuales se aplicaron 2 mil 675 acciones de los cuales 560 son pliegos de observaciones, mil 915 promociones de responsabilidad, 95 promociones de ejercicio de la facultad de comprobación y 105 recomendaciones.

La ASE aclaró diversos factores que no hacen posible comparar la auditoría de 2019 con la de 2018, por ejemplo, por el hecho que para el 2019 la obra pública sufrió una disminución de los recursos ejercidos del 53.63 por ciento, lo generó a su vez una diminución de las observaciones.

Mención aparte para la realización de la auditorías de 2019 fue la realización de nuevos procedimientos de trabajo electrónicos obligados por la emergencia sanitaria.

Sobre las auditorías de desempeño, se generaron en total 176 recomendaciones, de las cuales 88 corresponden al Poder Ejecutivo, 74 a entes estatales y 14 a municipios.