La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en el ejercicio de los recursos de 2019 en el estado.

De acuerdo con el Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2019, la ASF hizo observaciones por posible daño al erario al Gobierno del Estado, la UAS, el Congreso del Estado y al Ayuntamiento de Culiacán.

Según los informes, el año pasado hubo irregularidades en 87 millones de pesos y reintegraron 17 millones de pesos de recursos de 2019 no ejercidos.

En el gobierno estatal las observaciones fueron para la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Obras Públicas.

De los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo de SEPyC, reintegraron 10 millones 316 mil pesos de recursos no pagados.

Del fondo de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación operado por la misma dependencia, reintegraron un millón 891 mil pesos de recursos no ejercidos.

La Secretaría de Desarrollo Social Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades tuvo irregularidades por un millón 844 mil 284 pesos por el pago realizado para las retenciones por la supervisión y vigilancia de las obras del FISE 2019.

Del mismo fondo reintegraron 3 millones 736 mil pesos por recursos no ejercidos destinados a obras en Sinaloa municipio, Elota y Escuinapa.

En la aplicación del Fondo Metropolitano hubo irregularidades por el ejercicio de los recursos para el revestimiento del arroyo Los Mezcales y del dren Bacurimí, en Culiacán.

La ASF pide a la Secretaría de Obras Públicas el reintegro de 986 mil pesos que no se pagaron dentro del plazo autorizado en ambas obras.

La ASF detectó que en el proyecto de revestimiento del dren Bacurimí no se proporcionó evidencia de los derechos para la afectación de la vía por ejecución de obra nueva, producto de la ampliación del canal de aguas y tampoco de la evaluación de impacto ambiental, con el visto bueno de la autoridad competente, respecto de los efectos sobre el medio ambiente por la ejecución de las obras públicas.

En el mismo proyecto la auditoría presume un daño por un millón 467 mil pesos por pagos en conceptos de obras que carecen de la evidencia de su ejecución y justificación.

De los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas reintegraron un millón 59 mil pesos que no fueron comprometidos.

Del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública administrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública devolvieron recursos.

De acuerdo con la ASF el año pasado reintegraron 521 mil 200 pesos no ejercidos de los recursos de 2019.

Además señala que no acreditaron que el armamento adquirido en 2019, se encuentre en condiciones adecuadas de operación, la distribución al personal operativo, no proporcionaron evidencia de los resguardos correspondientes al armamento, ni evidencia de la matrícula de las armas, ni entradas al almacén de la armería de la SSP.

En la auditoría Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se muestran irregularidades en el Congreso del Estado por excederse del gasto asignado.

El legislativo debe aclarar y comprobar 24 millones 125 mil pesos por el incremento de la asignación de servicios personales en el ejercicio fiscal de 2019 respecto del límite máximo permitido.

La auditoría señala que el 100 por ciento de los procedimientos de adquisición y arrendamiento de todo tipo de bienes o prestación de servicios del Congreso, pagados con recursos de Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019, se llevaron a cabo bajo la modalidad de adjudicación directa.

En la UAS detectaron irregularidades por 58 millones 536 mil pesos.

En la universidad realizaron pagos por conceptos de prestaciones no ligadas al salario y que excedieron el importe autorizado del subsidio para Organismos Descentralizados Estatales.

La ASF presume un daño de 25 millones 945 mil pesos más los rendimientos generados y solicita el reintegro de esa cantidad.
La auditoría además constató que las plazas, categorías y sueldos corresponden con la plantilla de la Universidad; no obstante, se detectaron pagos en exceso al tabulador autorizado por el Consejo Universitario por 32 millones 578 mil pesos.

En el ejercicio de los recursos, la UAS registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos y servicios personales, que generaron un probable daño a la hacienda pública.

En Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios la ASF encontró irregularidades en el ejercicio de los recursos en Culiacán.

El Ayuntamiento adjudicó un contrato para la adquisición de chalecos antibalas, y se contó con 3 cotizaciones, de las que dos de ellas se realizaron de forma unitaria y no por las 100 unidades requeridas.

La compra fue adjudicada al proveedor Comercializadora All Mobile, Tactical, Lighting N Armored Divices, S.A. DE C.V., por 100 chalecos antibalas con un precio unitario de 22 mil 900 mil pesos, dando un importe total de 2 millones 298 mil pesos.

El precio unitario de los chalecos antibalas se comparó con un procedimiento consolidado realizado por la Ciudad de México en el que se adquirió el mismo bien a un precio unitario de 10 mil 200 pesos.

El Ayuntamiento de Culiacán pagó 125 por ciento más caros los chalecos.

Además el pago al proveedor se hizo con dos facturas y una de ellas fue cancelada y luego pagada por lo que la ASF presume un daño por un millón 148 mil pesos por el pago de esa factura.

En todas las observaciones la ASF pide al órgano correspondiente iniciar procedimientos administrativos y aplicar sanciones de resultar procedentes.