Se abre GPO al escrutinio ciudadano

Se abre GPO al escrutinio ciudadano

Declina ¡Aquí No! a sumarse a consejo de transparencia

 

 

 

Víctor Vaca Cuéllar, jefe del proyecto de la planta de amoniaco en Topolobampo para el grupo Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) reveló que no hay avances en los trámites legales que han parado la industria durante dos años.

“No hay noticias nuevas qué comentar, los juicios de amparo continúan sin resolverse; la consulta popular que anunció el Gobierno Federal tampoco se ha determinado quién la realizará ni cuándo ni en dónde. Todo está detenido. Nosotros esperamos una resolución pronto, pero la realidad es que nada nuevo hay en esos asuntos”, dijo durante la presentación del Consejo Ciudadano Multidisciplinario para la Sustentabilidad y Transparencia que pretende ser un organismo intermedio que supervise el cumplimiento cabal de las normas ecológicas, sustentables y legales nacionales e internacionales, para la industria pesada en puertos y bahías.

El organismo nace a empuje de GPO que escuchó la propuesta del Colegio de Ingenieros Químicos, la asociación civil Vigilantes Ciudadanos por la Democracia, Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, Comité de Usuarios y Servicios de Los Mochis, agrupaciones de pescadores independientes, entre otros colectivos, durante un foro en el que los jefes del proyecto fueron cuestionados sobre los riesgos, planes de contingencia y beneficios a la región.

“Nos interesamos en el caso porque la información a detalle de lo que es el proyecto debe tenerla la comunidad, y los puntos claroscuros a aclararse. En el proyecto, nada está oculto. Las normas internaciones, europeas principalmente, son muy estrictas en lo que hace a la sustentabilidad y la remediación del medio ambiente ya impactado. Nosotros tenemos algunos estudios en la bahía que queremos que se conozcan para discutirlos con los técnicos, los residentes y los pescadores, pero mientras exista resistencia para hacerlo no se podrán tomar los acuerdos necesarios para que la producción marina se pueda recuperar”.

Dijo que el proyecto de la planta de fertilizantes es seguro y sustentable, porque estamos cumpliendo con toda la normativa nacional e internacional además de los proyectos ambientales y sociales que superan lo establecido bajo la premisa de “buenos vecinos”.

Antes, en entrevista previa, Vaca Cuéllar consideró que no toda la industria petroquímica es mala, y en el caso de Topolobampo no se tendrá un impacto nocivo que reduzca la producción pesquera porque se reutilizará la infraestructura ya construida.

Eder Lugo Medina, presidente del Colegio de Químicos afirmó que no se trata de endosar aprobación tácita a todos los proyectos de transformación del puerto sino crear las plataformas de técnicos que opinen, propongan y monitoreen lo que todas las industrias pesadas hacen o pretenden construir en el puerto para informar a la comunidad de los efectos ambientales, económicos o de desarrollo.

Se autocalificó como un organismo autónomo que estará velando por la seguridad de la población.

No pretendemos satanizar empresas ni elevarlas de nivel, sino ponerlas en el justo lugar en donde están. Crear la transparencia y la seguridad en todas las empresas, secundó Lugo Medina.

Es importante que aterricen proyectos productivos que impacten al municipio, la región y al estado que cumplen con toda la normativa exigible, comentó.

Padilla Montiel comentó que el Gobierno del Estado tiene un proyecto de industrialización de la bahía que debe ser conocido por todos, no solo GPO.

Marco Vinicio Montiel, ex presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur dijo que el nuevo colectivo se apegará a las normas y no será un organismo que avalará o rechazará la industrialización pues esa calificación la otorgan los entes rectores del gobierno con base a las acciones de las empresas.

“No podemos avalar la planta de amoniaco porque no nos corresponde, aunque es conveniente para la actividad tener insumos baratos”, afirmó.

Joel Ulises Pinzón Vázquez, vocero del colectivo ¡Aquí No! reiteró que no les apetece integrarse al nuevo consejo ciudadano porque son intereses distintos y opuestos los que se persiguen.

Y porque consideran que la propuesta es una forma de ganar aceptación ciudadana para el proyecto y empujar una consulta que no será más hasta que se resuelvan los juicios de amparo.

Aseguró que extraoficialmente, los bandos han tenido contacto pero sin lograrse acuerdos. “El nuevo colectivo no puede tener una visión crítica ni imparcial al proyecto de GPO porque nace a instancias de estos.

Ulises Pinzón aseguró que no es tiempo de diálogo porque este ya se consumió.

Insistió que primero se deben resolver los conflictos legales, luego la consulta y finalmente una determinación por el gobierno del país.

En tanto esos puntos estén atorados, no hay forma de que el proyecto de la planta de fertilizante avance.

Artículo publicado el 07 de febrero de 2021 en la edición 941 del semanario Ríodoce.

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