Los colchones podridos, el fraude del edificio Homex, los funcionarios impunes…
A Guadalupe Yan Rubio le tocó dar la cara por los escándalos de presunta corrupción en el gobierno de Quirino Ordaz Coppel.
Antes de acudir ante los diputados, la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas sabía que era evidente que los diputados de Morena le reclamarían los escándalos por los casos de los colchones podridos que se entregaron a damnificados, la impunidad en los expedientes de los secretarios de Salud y Administración y Finanzas en el sexenio de Mario López Valdez y la fraudulenta compra del edificio de Homex.
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A cada pregunta, la funcionaria leyó las respuestas que previamente habían sido preparadas. En la comparecencia virtual, apareció acotada por los espinosos temas y limitada por su capacidad para responder sin guión previo. Con amplia experiencia en las áreas de contraloría, pero con una voz aguda y frágil, no logró convencer a los diputados que el gobierno estatal había cumplido con el combate a la corrupción.
La fuga de recursos del edificio Homex
Le recordaron que hace casi cuatro años el Gobierno del Estado compró en 174 millones de pesos el edificio Homex para mudar oficinas públicas, pero no ha cumplido plenamente con el propósito para el cual fue adquirido, pese a que le han invertido 508 millones de pesos en la remodelación y ya están programados 52 millones de pesos adicionales para el 2021.
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“Cualquiera pensaría que el Gobierno del Estado fue engañado por las condiciones del inmueble, pero confirma la presunción de una operación poco clara”, le señaló la diputada de Morena, Francisca Abelló Jorda, al intervenir durante la comparecencia organizada por el Poder Legislativo con motivo de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno de Quirino Ordaz Coppel.
Ya suman 734 millones de pesos invertidos en total en lo que se llama la nueva USE, al margen del presupuesto. “Un dineral que materialmente se ha tirado a la basura, si se reconoce que se aplica en un inmueble inservible y adquirido bajo quien sabe qué condiciones”, agregó al cuestionarle a la funcionaria que además que el edificio no fue licitado.
La secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas lamentó que se haya realizado la adquisición del edificio de HOMEX. Reveló que están haciendo una investigación sólida y que está en preparación para que se inicie un procedimiento para imponer las sanciones a los responsables.
Argumentó que el edificio ya está usándose para el fin que se adquirió, es decir, albergar espacios suficientes y adecuados a dependencias estatales para evitar costos excesivos de renta.
Los colchones podridos que no se olvidan
El caso de los colchones en mal estado, entregados a damnificados en 2018, no ha sido olvidado por los diputados.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta Zazueta, reclamó que pese a que el escándalo del caso provocó el despido del secretario de Desarrollo Social y la detención del coordinador administrativo de la misma dependencia, sigue sin explicarse quién ordenó la compra y distribuyó los materiales en mal estado.
La secretaria afirmó que en el caso de los colchones la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas ha concluido una investigación, y que actualmente se prepara el informe de presuntas responsabilidades, para posteriormente remitir el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa por faltas graves tanto de los funcionarios involucrados como de particulares.
“El combate a la corrupción es una suma de voluntades. No se pueden cambiar las cosas en un día. Los casos de penas y casos judiciales es solo una sola línea de acción y por ahí no nos toca operar”, argumentó.
Yan Rubio aseguró que durante la presente administración estatal se ha privilegiado a prevención porque se quiere inhibir los actos de corrupción.
El perdón a los funcionarios
Ante la funcionaria, los diputados de Morena le señalaron que los casos de los secretarios de Salud y Administración y Finanzas durante el gobierno de Mario López Valdez, han terminado perdonados, sin dar explicaciones el gobierno estatal de “esa indolencia y franca complicidad frente a escándalos de corrupción”.
El diputado de Morena, Marco Antonio Zazueta, mencionó que en 2017, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra del hoy fallecido, secretario de Salud, durante el sexenio 2011-2016, Ernesto Echeverría Aispuro, por beneficiar económicamente a la red empresarial de la que formaba parte, mediante contratos asignados por sumas que alcanzaron los 87 millones 200 mil pesos.
Sin embargo, citó, que aunque el funcionario aceptó su responsabilidad en el desvío de 14 millones 775 mil pesos en los servicios de salud, el Gobierno de Estado aceptó en julio de 2018 que sólo se pagaran 7 millones de pesos, en tres partes. “Hasta ahora no se han dado explicaciones del acuerdo y menos si los abonos del desvío fueron cubiertos”, dijo.
Otro caso expuesto fue el del Armando Villarreal Ibarra, ex secretario de Administración y Finanzas, quien fue presentado formalmente a los tribunales, acusado del desvío de recursos federales por 293 millones de pesos, pero se le protegió con el argumento de que los recursos fueron destinado en partidas cuyo objeto fue el de cubrir obligaciones propias del Estado
“Si no ha sido corrupción, mucho se parece señora secretaria, sobre todo cuando se atribuye de su puño y letra algunas resoluciones como las que benefician al ex tesorero Villarreal”, cuestionó el diputado.
Sobre el caso de Armando Villarreal, la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas aseguró que están a punto de concluir su investigación en función de la observación y falta que se determinó.
Fracaso en combate a la corrupción
A la funcionaria también le cuestionaron el hecho de que el gobierno estatal no haga pública los padrones de beneficiarios de los diferentes apoyos y programas, como lo mandata el marco legal en materia de Transparencia.
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A lo anterior sumaron la discrecionalidad en la última cuenta pública por el uso de 2 mil 809 millones de pesos en créditos de corto plazo, la oscuridad en el destino de 8 mil 300 millones de pesos en ingresos excedentes, 4 mil 200 millones de pesos en obras sin expediente y el uso de mil 500 millones de inversión pública en beneficio directo de cuatro particulares concesionarios de bienes públicos, y el desvío de mil 600 millones de aportaciones de trabajadores estatales no entregadas al Instituto de Pensiones, la desaparición de un fondo de ahorro de los trabajadores por mil 060 millones de pesos, la falta de entrega de 113 millones de aportaciones patronales de vivienda al ISSSTESIN y el regalo de 42.5 millones de pesos a una institución de asistencia privada de los Mochis que en el sexenio de Mario López Valdez se habían entregado en calidad de préstamo.
Y sentenciaron:
“El combate a la corrupción y la rendición de cuentas eran dos propósitos que planteó el gobernador Quirino Ordaz Coppel en su Plan Estatal de Desarrollo, y que no se cumplieron”.
Artículo publicado el 31 de enero de 2021 en la edición 940 del semanario Ríodoce.
