Peña Nieto o López Obrador, la intervención del ejército en la política de seguridad en Sinaloa no sufrió cambios. Desde 2017 Quirino Ordaz respaldó y hasta delegó todas las áreas a las fuerzas castrenses, siempre con cargo presupuestal al erario de Sinaloa. Es un apoyo que tiene un precio, según consta en los convenios que Ríodoce obtuvo vía ley de transparencia y que ahora mostramos.

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Así, se mantienen en la nómina estatal, en los cuatro años de gobierno de Ordaz Coppel, a personal militar mediante la firma de convenios con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Empezó con el ex secretario Salvador Cienfuegos Cepeda y continúa, en su cuarto año de gobierno, con el general Luis Cresencio Sandoval González.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, nada cambió. Justo al iniciar el gobierno federal, el 1 de diciembre de 2018, firmó el primer convenio en la era de la Cuarta Transformación; la vigencia fue hasta el 31 de diciembre de 2019.

Apenas concluyó firmó otro, el 1 de enero de 2020, que concluyó el pasado 31 de diciembre. La diferencia fue que el primero se dio en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del ex presidente Enrique Peña Nieto, aunque el sexenio del priista ya había concluido, y el segundo en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, la propuesta de López Obrador en el combate a la delincuencia.

Todo fue continuidad una vez definida la estrategia en Sinaloa desde aquel primer convenio que firmó Ordaz Coppel con la Sedena y que empezó a gestarse meses antes de que asumiera el cargo. De manera que cuando rindió protesta estaba definido el uso de recursos públicos y la coordinación en materia de capacitación, seguridad e inversión en infraestructura con los militares.

Sin contar además con la militarización total del aparato de seguridad, como nunca antes en Sinaloa, apenas comparable con 1995 cuando Renato Vega llevó a militares a todos los cargos. Quirino Ordaz militarizó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y su policía, y lo mismo las secretarías de seguridad municipales.

El arranque

Desde el inicio de su administración, con apenas 13 días en el cargo Ordaz Coppel y sin estar presupuestado en el ejercicio fiscal 2017, el gobierno del estado comprometió ante la Sedena el depósito de 2 millones 300 mil pesos para la construcción de un Centro de Análisis, mismo que se ubicaría en el campo militar 9-B en Mazatlán, identificado también como la sede de la Tercera Región Militar.

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Y así, Ordaz Coppel no escatimó el pago puntual de enero a julio de 2018, 93 millones 535 mil 714 pesos a la cuenta de la Sedena para la ejecución del complejo habitacional El Sauz, sumando 739 millones 750 mil pesos.

Fuentes federales revelaron que al finalizar la gestión de Peña Nieto, la firma de convenios en la era de Cienfuegos también concluirían. En todo caso, el gobernador que quisiera firmar acuerdos de colaboración, debería gestionarlo con las autoridades militares regionales.

Así lo hizo Ordaz Coppel, según consta en la respuesta emitida por la Sedena a una solicitud de información, terminación 59520, en la que se requirió copia de los convenios firmados en 2019 y 2020.

La reserva

El Estado Mayor de la Defensa Nacional reservó a cinco años el número de efectivos y elaboró una versión pública, “ya que su divulgación pondría en riesgo la efectividad de las operaciones militares”.

En los antecedentes, el convenio establece que, “en años anteriores, diversas entidades federativas, con motivo del grave problema que enfrentan en materia de seguridad pública, han solicitado a la federación por conducto de la Secretaría de Gobernación, el apoyo de personal militar para coadyuvar a sus respectivas estructuras de seguridad pública”.

En respuesta, la Sedena fue instruida para que, sin descuidar sus atribuciones, apoye a los Estados en el problema que les aqueja. “Dicho apoyo consistirá en el servicio de apoyo temporal a la estructura de seguridad pública estatal que prestará el personal militar”, especifica que está sustentado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2019-2024.

Para la firma del convenio de coordinación, ambas partes sostuvieron reuniones para determinar las líneas y acciones de coordinación conjuntas.

Pero ese “apoyo temporal” que refieren los convenios, se volvió permanente.

Las cláusulas

La Sedena prestó el apoyo con 158 efectivos militares para los C-4 (las áreas donde se concentran las llamadas de emergencia y la videovigilancia) que las partes determinaron.

Aunque para el resto de las funciones relacionadas con la seguridad, no se especificó el número de efectivos, sí se informó el sueldo que éstos percibirían de acuerdo al grado.

Los recursos humanos puestos en apoyo al estado de Sinaloa, continuarán recibiendo por parte de la Sedena sus percepciones ordinarias y las prestaciones de seguridad social sin variación alguna, sin perjuicio de los estímulos económicos que el gobierno de Ordaz Coppel otorgue al personal militar, porque se le hizo llegar el desglose por jerarquía, montos individuales y totales que deberían cubrirse.

Los enlaces entre ambas partes fueron el comandante de la Novena Zona Militar, Maximiliano Cruz Ramos y Renato Ocampo Alcántar, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, además de la cláusula de confidencialidad respecto a la información que mutuamente se proporcionen o a la que tengan acceso, se estableció la tabla de percepciones por concepto de estímulos económicos extraordinarios que el gobierno del estado otorgará a los militares.

Se acotó que estos montos podrían aumentar de manera proporcional considerando el Producto Interno Bruto (PIB) y la inflación, y que la Sedena notificaría del incremento al gobierno de Sinaloa.

La Secretaría de la Defensa también notificaría al estado el monto a pagar informando el resumen del personal militar desplegado, desglosado por jerarquías, montos individuales y totales a cubrir.

La vigencia comprendió del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

La negativa del gobierno de Sinaloa

Al gobierno de Sinaloa se le solicitó copia de los convenios firmados con la Sedena y toda la información relacionada con la permanencia de las tropas militares en la entidad, así como conocer si existía una solicitud expresa del estado y con qué objetivo, los compromisos del gobierno estatal con la secretaría, si tenía algún costo, monto mensual y su fuente de pago. La Secretaría General de Gobierno respondió a través del director de Asuntos Jurídicos, Jesús Navarro Aispuro, que “no se encontró la información solicitada” y declaró su inexistencia en el oficio DAJ-2526/2020 con fecha 4 de diciembre de 2020.

De acuerdo con esa respuesta, el Gobierno de Sinaloa se quedó sin los Convenio que firmó con la Federación, porque la Sedena sí resolvió en positivo la solicitud de información.

Militares inconformes, el antecedente

En abril del 2019, Ríodoce publicó una denuncia que hicieron 158 militares por escrito, en una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que reclamaban el pago por sus servicios.

“Somos un grupo de militares pertenecientes al Ejército Mexicano, que desde el año 2017, nos envían de manera escalonada al estado de Sinaloa en apoyo a los Centros de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) en los municipios de Culiacán, Los Mochis y Mazatlán a fin de proporcionar apoyo a la ciudadanía en situaciones de emergencia, en coordinación con las instituciones de Seguridad Pública”, señalaron.

Indica que con fecha 11 de marzo de 2019, el comandante de la Novena Zona Militar, con sede en la capital del estado, informó al gobernador sobre al adeudo de esos montos, en el oficio número CE.CO C-4/2001, y solicita que dicha cantidad sea pagada a cada militar “y evitar que se presentaran quejas que pudieran afectar la imagen de la Sedena y el Gobierno de Sinaloa”.

Sin precisar nombres, la carta informa que funcionarios del Gobierno de Sinaloa respondieron que la comandancia de la Novena Zona Militar recibió 1 millón 815 mil 887.10 pesos para cubrir el pago de tres meses a 158 elementos entre jefes, oficiales y tropa, “mismo que a la fecha no ha sido cubierto, como ha venido ocurriendo desde el año 2017”.

Fuentes federales sostuvieron que esta petición era del conocimiento de los jefes y altos mandos de la Sedena en la Ciudad de México, pero no se había hecho nada por ser un documento del que nadie se hace responsable y al carecer de identificación, los 158 militares que exigen su pago quedan en el desamparo.

Otro factor que se mencionó fue que no tienen en su poder un documento que respalde que fueron comisionados a Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, toda vez que el convenio se refiere a que la Sedena proporcionará personal, pero no el nombre y apellido de quienes fueron asignados.

El cierre

Aunque el gasto en seguridad pagado a la Sedena por sus servicios no tiene antecedentes en Sinaloa, el gobierno de Quirino Ordaz sustenta todo en una reducción sostenida de algunos de los indicadores delictivos, particularmente el homicidio.

Supuestamente el trabajo de la policía militar se limita a la proximidad, y en la reciente comparecencia de Cristobal Castañeda, Secretario de Seguridad Pública estatal en el Congreso, ofreció las cifras del considerable descenso en los indicadores delictivos. Aseguró que Sinaloa presentó la cifra más baja desde 2008 a la fecha en incidencia delictiva. Comparó que en 2008 se registraron 2 mil 067 muertes, mientras que el año pasado fueron 806, el dato más bajo en los últimos 12 años.