La vicefiscal anticorrupción dio su consentimiento tácito para que retiren un delito al ex secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra, acusado de desviar 263 millones de pesos.

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Villarreal fue vinculado a proceso penal por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.

Junto con él están acusados el director de la Tesorería, Ernesto Herrera Félix; y el ex auxiliar de Caja General, José Carlos López Ramírez.

Después de la vinculación por los dos delitos, el Ministerio Público solo presentó acusación por ejercicio indebido del servicio público.

La jueza Sara Bruna Quiñonez Estrada pidió a la vicefiscal Anticorrupción, Reyna Angulo Valenzuela, manifestara si autorizaba que el Ministerio Público no acuse por el delito de desempeño irregular de la función pública.

La vicefiscal respondió con un oficio ambiguo y de nueva cuenta la jueza requirió una respuesta y la funcionaria otra vez evadió responder.

En una audiencia celebrada la semana pasada en el Centro de Justicia Penal de Culiacán la jueza señaló que en su respuesta la vicefiscal dijo tener conocimiento que el Ministerio Público no presentó acusación.

La juzgadora indicó que asumirá que la vicefiscal está de acuerdo en que el ex funcionario no sea acusado por un delito ya que no manifestó oposición.

Se manifestó sabedora de la manifestación del Ministerio Público: “asumo que está dando su consentimiento, no se opuso que no se acuse por un delito”, expresó la jueza.

La jueza dijo que la próxima audiencia resolverá sobre el sobreseimiento de un delito y si Villarreal sigue el proceso solo por uno.

La jueza señaló que cuando el Ministerio Público no presenta acusación, ella debe requerir al fiscal que se pronuncie y si este no lo hace el delito se sobresee.

La falta de un pronunciamiento claro de la vicefiscal anticorrupción retrasó la decisión de la jueza para resolver si retira un delito y frenó el procedimiento abreviado que solicitó el ex secretario.

En diciembre pasado, su abogado, Ernesto López Benítez, dijo a la jueza que negociarían un procedimiento abreviado con el que Villarreal obtendría una sentencia reducida y evitaría el juicio oral.

El ex secretario señaló que aceptaría el procedimiento abreviado para terminar ya con el proceso, no porque asuma la responsabilidad.

En la audiencia celebrada la semana pasada el defensor señaló que ni siquiera empezaron las negociaciones pues en diciembre pidieron a la Fiscalía que hiciera una propuesta de pena pero no la hicieron.

El Ministerio Público, Librado Romero, mencionó que no la hicieron porque la defensa manifestó que esperarían a que se resolviera si la acusación queda por un delito o por los dos.

La defensa pretende obtener la pena mínima que es de dos años, menos un tercio.

La Fiscalía señala que no presentó acusación por un delito porque la Auditoría Superior del Estado envió un dictamen en el que manifiesta que se acreditó que el dinero fue usado en gastos del gobierno y no hubo daño al erario.

Con base en ese dictamen la Fiscalía determinó que se configuraba el delito de desempeño irregular de la función pública.

Para la jueza Quiñonez Estrada, aunque no haya daño al erario, el delito subsiste porque la conducta delictiva es dar un uso distinto al que estaban destinados los recursos.

El Artículo 300 del Código Penal establece que comete del delito de desempeño irregular de la función pública el servidor público que “dé, a sabiendas, una aplicación pública distinta de aquellas a que estuvieren destinados los fondos públicos que tuviere a su cargo o hiciere un pago ilegal”.

La jueza solicitó que le hicieran llegar el dictamen de la ASE para conocerlo y tener bases objetivas para tomar una decisión.

La defensa se opuso ya que los jueces están impedidos a conocer los antecedentes de la carpeta de investigación, así como las constancias y registros que hay en ella y solo conocen lo que se verbaliza en audiencia.

De allegarse de los documento, indicaron, pondría en riesgo el proceso penal.

La jueza dio la razón a la defensa y pidió que solo le verbalizaran un resumen.

En el resumen el abogado mencionó que se habían solventado las observaciones de las irregularidades y se determinaba que no había daño al erario.

Según el dictamen el dinero se usó para cubrir obligaciones financieras del estado como el pago de aguinaldos.

La jueza señaló que considerará el dictamen para dar una resolución en la próxima audiencia.

En esa audiencia estarán los tres imputados.

Dependiendo de la resolución que dicte la jueza, la defensa de Villarreal definirá si continúa con la intención de un procedimiento abreviado o continúan en juicio oral.

Los defensores de los otros dos acusados, Herrera Félix y López Ramírez, no han manifestado la intención de solicitar un procedimiento abreviado.

Los acusados han intentado terminar el proceso con una suspensión condicional pero ésta les ha sido negada por la jueza porque considera que no se cumplen los requisitos para autorizarlo.