(La Jornada).- Una vez más, las policías y otros cuerpos del orden constituyen las dependencias públicas que en mayor medida violan los derechos humanos en México, según las denuncias que recogen los diversos órganos encargados de velar por las garantías individuales.

El Censo Nacional de Derechos Humanos en los ámbitos federal y estatal 2020, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), apunta que 68.3 por ciento de los 786 servidores públicos sancionados a lo largo del año pasado con apercibimiento o amonestación “provenían de las instituciones encargadas de la función de seguridad pública o vialidad en el ámbito municipal y de la seguridad pública en el ámbito estatal”.

Al mismo tiempo, en 2019 se reportaron en el país 140 mil 486 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos de acuerdo con los expedientes respectivos.

De ese total, sobresalen este tipo de registros en las oficinas federales y estatales: 5 mil 551 detenciones arbitrarias, 5 mil 12 tratos crueles inhumanos o degradantes, 2 mil 143 hechos de tortura, 281 desapariciones forzadas, 68 ejecuciones extrajudiciales y 22 actos vinculados a tolerancia u omisión de la autoridad para la protección contra la trata de personas o explotación con fines sexuales atribuibles a las instituciones de seguridad y justicia en los ámbitos federal, estatal y municipal.

El documento refiere que los organismos federal y estatales de protección a las garantías individuales ejercieron el año pasado recursos presupuestarios por más de 3 mil 357 millones de pesos, de los que más de la mitad (52.6 por ciento) correspondió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el resto a los organismos de Protección de Derechos Humanos (OPDH) de las entidades federativas.

Resalta este rubro que Colima, una de las entidades con mayores índices de violencia en la nación, la cual se encuentra en el último lugar de gasto destinado a atender este aspecto, con apenas 9.5 millones de pesos.

Asimismo, se establece que entre una y otras instancias de atención, realizaron 326 mil 791 servicios de atención inmediata, la mayoría (66.5 por ciento) por asesoría u orientación jurídica, y comunicación con quejosos o agraviados.

De acuerdo con el documento del Inegi, fueron 110 mil 864 víctimas registradas en los expedientes de queja calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos. De éstos, 27 mil 850 se turnaron ante la CNDH y el resto ante distintos organismos estatales. Es, además, casi equilibrada la cantidad de hombres y mujeres agraviadas. Ellos constituyeron 53.4 por ciento y ellas 43.5 por ciento. A los considerados grupos vulnerables correspondió 1.4 por ciento y del resto no fue posible identificar edad ni el género del agraviado.

Se trata del cuarto censo de derechos humanos elaborado por el Inegi y, a partir de sus resultados, entre otros indicadores, es posible conocer las características de la estructura organizacional de las oficinas encargadas de velar por las garantías individuales. Así, en 2019 la CNDH reportó un total de mil 740 empleados, mientras en el conjunto de todas las oficinas estatales laboraban 3 mil 319.