El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal difirió la audiencia intermedia de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, en la que determinaría si son suficientes y válidas las pruebas que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) para responsabilizarla de ejercicio indebido del servicio público y ocasionar daño al erario federal por más de 5 mil millones de pesos, razón por la cual solicita una pena de 21 años de prisión.
De acuerdo con una publicación de La Jornada, la diligencia de Rosario Robles, vinculada a proceso en el caso de los contratos multimillonarios otorgados a universidades y asociaciones civiles, que al final presuntamente resultaron un fraude, estaba programada este martes a las 10 de la mañana en juzgados del Reclusorio Sur.
En principio trascendió que sería privada o vía remota debido a la emergencia sanitaria ya que el semáforo epidemiológico se encuentra en color naranja y que al juzgado sólo podrían ingresar el Ministerio Público y la defensa.
De acuerdo con fuentes judiciales, por el momento no hay fecha para que se realice la continuación de la audiencia intermedia, donde la FGR solicitará una pena de 21 años de cárcel para Robles Berlanga.
Para esta etapa solicitó al juez de distrito que cite a declarar a 15 testigos para demostrar su inocencia, entre ellos al ex oficial mayor Emilio Zebadúa y al actual titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares.
Zebadúa también es investigado, supuestamente fue el principal responsable de suscribir contratos irregulares a empresas fachada.
Hace unas semanas, Rosario Robles, afirmó en su cuenta de Twitter que decidió acogerse a la figura de testigo colaborador, y que hablará con la verdad en torno a los desvíos de recursos que se cometieron en las instituciones que encabezó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Asimismo Sergio Arturo Ramírez afirmó en su momento que Robles está dispuesta a entregar a la FGR información que demuestre que Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, fue el responsable de los desvíos de recursos relacionados con la estafa maestra y financiamiento ilícito a las campañas presidencial en 2012, las legislativas y estatales de 2015 y la de José Antonio Meade en busca de la Presidencia, en 2018.
