jueves, agosto 5, 2021
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  • Dias de Impunidad

2020, el año con el mayor número de asesinatos de periodistas: Alejandro Encinas

alejandro encinas

Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, admitió que 2020 ha sido el año donde más periodistas han sido asesinados en el país, en la última década.

Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, mencionó que este año se han cometido 19 homicidios de periodistas, mientras que en 2019 fueron 17 y en 2018, dos.

“Lamentablemente los últimos 10 años hemos tenido una década de enorme violencia contra el gremio periodístico, donde desde el año 2010 a la fecha se han cometido 138 homicidios contra periodistas en todo el país”, dijo.

“Hay que señalar que, efectivamente, los tres últimos años han tenido un repunte significativo y reconocer que este año es, lamentablemente, el año donde se han cometido el mayor número de homicidios en la última década, alcanzando la cifra de 19… A partir del inicio de este gobierno se han registrado 38 homicidios: dos en el mes de diciembre de 2018, 17 en 2019 y 19 en el 2020”.

El funcionario federal mencionó que los crímenes contra periodistas se localizan fundamentalmente en Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas y Chihuahua, que concentran más del 51 por ciento de los homicidios cometidos contra periodistas en esta década.

“Y lamentablemente esta violencia ha alcanzado también a los periodistas que están incorporados al Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y de Periodistas en el país. Y desde la creación del mecanismo en el año 2017 a la fecha han sido asesinados seis periodistas incorporados al mecanismo, de los cuales solamente en tres casos ya hay presuntos responsables bajo proceso de carácter penal”, indicó.

“Sin embargo, el homicidio no es la única agresión o violencia que enfrentan las personas dedicadas al periodismo y al ejercicio de la libertad de la expresión. En lo que corresponde a los últimos cinco años, tenemos registradas mil 052 agresiones diversas contra periodistas, que van desde golpes, lesiones, amenazas, hasta ataques a sus oficinas. Y queremos destacar de manera muy significativa que más del 40 por ciento de estas agresiones han sido identificadas como atribuibles a servidores públicos”.

En los municipios mencionó que es donde principalmente servidores públicos ejercen dicho tipo de violencia.

“En lo que va la actual administración, en estos 38 homicidios que se han cometido, los podemos ubicar el 42 por ciento en tres entidades, particularmente Sonora, Guerrero y Veracruz. Y hay que señalar que, así como se va regionalizando el fenómeno de fosas clandestinas, cuerpos exhumados, desaparición de personas, el caso de violencia contra periodistas se va ubicando en regiones específicas del país”, aseguró.

“Pongo el ejemplo del caso de Sonora, en el corredor de Cajeme, de Ciudad Obregón, hacia Guaymas y Empalme y Hermosillo, se está convirtiendo en uno de los corredores más violentos, como sucedió también en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero”.

Encinas añadió que el 13 por ciento de los homicidios cometidos en esta administración han sido de mujeres periodistas, que representan el 13 por ciento, y el 87 por ciento restante de hombres.

“Periodistas que se dedicaban fundamentalmente a cubrir notas policiacas y notas rojas, de manera importante también la nota de carácter político y curiosamente de quienes están dedicados a las actividades deportivas y culturales, ahí en torno al periodismo de investigación solamente tenemos acreditado un homicidio de las personas que realizan este tipo de actividad”, indicó.

“El perfil del agresor, hay que señalarlo, el 73 por ciento de los responsables identificados están vinculados con actividades delictivas, 26 por ciento a la delincuencia organizada y el 47 por ciento a la delincuencia común; y también, hay que subrayarlo, el 9 por ciento está vinculado con servidores públicos en todo el país. Ahí viene fundamentalmente la forma del homicidio, es a partir de atentados con arma de fuego”.

Reconoció que lamentablemente no se avanzan los procesos judiciales y que hay “un porcentaje muy alto de impunidad, porque solamente el 5 por ciento de los 38 homicidios cometidos en esta administración tienen sentencia, aunque en este caso porque se ha hecho un trabajo de coordinación, seguimiento especial con las fiscalías, se han integrado carpetas de investigación o se encuentran bajo proceso, pero la mayor parte de los homicidios cometidos en los años anteriores, prácticamente están en la impunidad”.

Informó que al inicio de la administración el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas tenía incorporadas a 798 personas y actualmente hay mil 313 personas concentradas básicamente en la Ciudad de México, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, “aunque por supuesto hay que señalar que los periodistas residentes en la Ciudad de México han sido desplazados de su lugar de origen, la mayoría por situaciones de violencia”.

“En este casi dos años de gobierno se han incorporado 516 personas, un 60 por ciento de incremento en el número de beneficiarios, de los cuales 426 son periodistas y 887 defensores de derechos humanos”, detalló.

“AAquí también hay que destacar que el incremento más significativo ha sido de mujeres. Tenemos incorporadas a 114 mujeres en el mecanismo y el número mayor de personas defensoras de derechos humanos vinculadas al mecanismo de protección son mujeres, 468 mujeres que no solamente en la defensa de las causas de igualdad y equidad de género, sino también en la lucha por la defensa del territorio, de los recursos naturales y actividades muy diversas”.

Para atender la problemática dijo que se busca consolidar un sistema nacional de protección integral que garantice la consolidación de una política de Estado para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que garantice el derecho a la libre expresión.

“Esto va a implicar fortalecer la relación que estamos estableciendo, que hemos venido construyendo con los gobiernos de los estados, una mesa de trabajo con las 32 secretarías generales de Gobierno en las entidades, donde no solamente estaremos impulsando una campaña nacional estratégica para el reconocimiento de la labor de las personas defensoras de derechos humanos y de periodistas, sino también vamos a revisar el marco normativo y vamos a fortalecer las capacidades locales”.

Las capacidades locales, agregó que estarán asociadas a la construcción de las unidades estatales de protección para que tengan los estados capacidad de reacción rápida, claridad en las medidas que se están estableciendo por el mecanismo federal y tengan capacidad para enfrentar las medidas de prevención.

“Esto requiere fortalecer los mecanismos locales especializados para la atención de periodistas en cada estado y en los municipios, porque esto es una labor que tiene que hacerse extensiva a los municipios, estableciendo enlaces de atención y enlaces externos para poder tener una comunicación fluida, tanto con los periodistas, como con las personas defensoras de derechos humanos”, reiteró.

“El reto fundamental es que tenemos que impulsar que las fiscalías estatales y la Fiscalía Especializada en Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión cumplan con sus obligaciones en materia de justicia para revertir la impunidad que prevalece lamentablemente en esta situación”.

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