julio 30, 2021 3:30 PM

Las verdades a medias del IV Informe

QUIRINO ORDAZ. Informe a conveniencia.

El gobernador omite información de transparencia y rendición de cuentas

 

 

El gobernador Quirino Ordaz Coppel aseguró en el documento de su Cuarto Informe de Gobierno que la rendición de cuentas se considera un valor central de su administración, sin embargo este ha sido el punto de mayor desencuentro con el Congreso del Estado.

Lea: ‘Veto de bolsillo’, legislar desde el Poder Ejecutivo https://bit.ly/2J5R8th

La controversia del gobierno estatal con el Congreso del Estado por las cuentas públicas de 2017 y 2018 se encuentran en los tribunales. De esta situación no existe un solo renglón señalado en el documento del informe gubernamental del último año.

La primera controversia constitucional fue presentada por el Congreso del Estado sobre las cuentas públicas de 2017 que fueron vetadas por el ejecutivo estatal, al no ser publicadas en el Periódico Oficial. Las cuentas públicas del gobernador como las de los 18 ayuntamientos habían sido rechazadas por el Poder Legislativo.

Para las cuentas públicas de 2018, el ejecutivo estatal presentó la moción suspensiva sobre 21 acuerdos de rechazo que fueron emitidos por la Comisión de Fiscalización y votados en el pleno del Congreso local.

El gobernador argumentó en su recurso que los diputados que integran la Comisión de Fiscalización carecen de facultades para emitir un dictamen reprobatorio de los informes de las cuentas públicas.

El informe en su eje denominado “Gobierno Eficiente y Transparente” destaca que en las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación, Sinaloa pasó de los últimos lugares al tercero de las entidades menos observadas según el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018.

El mandatario estatal precisa además que de las observaciones del gobierno de Mario López Valdez en el sexenio 2012-2016 se han atendido 5 mil 157 millones de pesos, equivalentes al 84 por ciento de lo observado, en tanto que en su gobierno se han observado mil 066 millones de pesos, se han atendido el 97 por ciento.

En el capítulo que llamó “Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción” destaca los resultados encontrados por la Auditoría Superior de la Federación, pero no destina ni un solo renglón a los resultados de las revisiones practicadas por al Auditoría Superior del Estado, brazo técnico del Congreso del Estado de Sinaloa. Menos aún hace referencia al veto que impuso al no publicar los decretos y dictámenes de las cuentas públicas de los últimos años ni de la controversia que se encuentra actualmente en los tribunales.

Mientras que en el documento del Cuarto Informe afirma que se continúa impulsando el control interno que permita la seguridad razonable de reducir los riesgos de corrupción, una de las razones que la Comisión Fiscalización tuvo para reprobar los informes de las cuentas públicas fue que la gran mayoría de las obras públicas no cuentan con los expedientes completos, como lo registró la Auditoría Superior del Estado.

El rubro de participación ciudadana en contrataciones públicas, el gobernador presume que se renovó el registro de los cinco integrantes del Padrón Público de Testigos Sociales, y que se designó uno de ellos para licitación pública para el suministro de despensas de las tarjetas electrónica para familias sinaloenses.

El gobernador omite informar que cuando el Congreso del Estado aprobó el 11 de junio las reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tardó tres meses en publicarlas en el Periódico Oficial para que pudieran entrar en vigor. El nuevo marco legal establece la participación de testigos sociales en todas las licitaciones, por lo que se crean las condiciones para prácticamente integrar un ejército de testigos sociales en las obras públicas del gobierno estatal y los municipios.

En materia de transparencia, acceso a la información y gobierno abierto, se refiere a la convicción de mostrar con claridad la gestión gubernamental y del mandato de promover y la cultura de transparencia, la máxima publicidad, la protección de datos personales y garantizar el derecho a saber.

Omite informar que cuando la Comisión Estatal de Acceso a la Información hizo una verificación del cumplimiento de los portales de las obligaciones de transparencia dadas a conocer en agosto del 2020, encontró que dentro de las secretarias y coordinaciones, la Secretaría Particular del Gobernador registró el menor nivel de cumplimiento con el 85.77 por ciento.

Lea: PRI, UAS, Fiscalía y secretaría particular del gobernador entre los más opacos https://bit.ly/2J7L0jQ

Durante el presente año en materia de transparencia, el caso más emblemático ventilado por el Congreso del Estado fue la falta de información sobre las condiciones de comodato, renta o concesión bajo los cuales el gobierno estatal otorgó el uso del estadio de futbol profesional Mazatlán FC.

En junio del presente año, los diputados de Morena, Marco Zazueta Zazueta y Yeraldine Bonilla, presidentes de la Comisión de Fiscalización y de la Juventud y el Deporte, hicieron público que solicitaron al gobernador brindara una amplia información pública sobre los acuerdos celebrados con los particulares que ocuparían el nuevo estadio de fútbol de Mazatlán.

El mandatario difundió en sus redes sociales como primicia la llegada del equipo de Morelia convertido en Mazatlán FC, incluso el nombre del director técnico, pero retardó meses para dar a conocer las condiciones del contrato de préstamo del inmueble en su portal de Transparencia.

Entre las mayores controversias que el gobernador ha tenido el último año destaca la aplicación del llamado “veto de bolsillo” a ocho reformas de ley aprobadas entre enero y julio del 2020. Entre las reformas que no eran promulgadas por el ejecutivo estatal estaban la Ley de Obras Públicas, reformas a la Ley de Dotación Gratuita de Uniformes Calzado y Útiles Escolares, con la que estaría impedido a usar esos artículos el logo de Puro Sinaloa.

Lea: Quirino ‘regala’ estadio a Salinas Pliego https://bit.ly/33fTMU5

De acuerdo con el texto del artículo 46 de la Constitución local, el gobernador tiene la facultad de regresar un proyecto de ley o decreto contados a partir de los ocho días hábiles en que reciben, pero el mandatorio ni los observó ni los publicó oportunamente.

Tras la denuncia pública de la coordinadora de la bancada de Morena, Graciela Domínguez Nava, sobre la aplicación del “veto de bolsillo” paulatinamente el mandatario estatal procedió a publicar los decretos correspondientes.

“El Congreso del Estado no es una Oficialía de Partes del Gobernador” han señalado insistentemente los diputados de Morena quienes obligaron a Ordaz Coppel a enviar al Congreso del Estado tres postulaciones diferentes sobre la titular del ISMUJERES.

Cada año la discusión el presupuesto, es donde se hacen las mayores controversias, y afloran los desencuentros, las controversias y los reclamos por los gastos en comunicación social que se multiplican por encima de los autorizados por el Congreso del Estado.

Artículo publicado el 22 de noviembre de 2020 en la edición 930 del semanario Ríodoce.

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