Propone el general Cienfuegos una pausa para negociar y no ir a juicio

Propone el general Cienfuegos una pausa para negociar y no ir a juicio

Abogados del ex Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, tienen días negociando con Estados Unidos una reducción en su condena a cambio que el ex funcionario se declare culpable de tráfico de drogas y lavado de dinero, evitando con ello un juicio que destaparía una cloaca que llevara a involucrar a otros funcionarios mexicanos.

De acuerdo a expedientes judiciales consultados por Ríodoce, el pasado 5 de noviembre el abogado de Cienfuegos, Edward V. Sapone junto con los fiscales Michael P. Robotti y Ryan C. Harris, presentaron una moción ante las magistrados Carol Bagley Amon y Sanket J. Bulsara, en donde solicitaban excluir del programa judicial del 5 al 18 de noviembre, pues con ello ganarían dos semanas que el acusado utilizaría para negociar una serie de acuerdos que lo beneficiarían al momento de ser sentenciado.

“Tanto la defensa como los fiscales nos encontramos negociando un acuerdo que muy posiblemente dará como resultado una resolución que beneficiará a ambas partes, pero, sobre todo, evitará que lleguemos a juicio”, se lee en la moción, firmada por el abogado defensor Edward V. Sapone y el fiscal, Ryan C. Harris.

Apenas un día después de presentarse la moción, la corte federal del Distrito Este de Nueva York, la misma donde fue juzgado y sentenciado Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, respondió a los abogados notificándoles que ya habían emitido una orden para mantener el inicio de juicio en status “pendiente”, firmado por el magistrado Steven M Gold, según consta en la página 86 del expediente contra Cienfuegos Zepeda.

Paul J. Angelo, experto en materia de seguridad y delincuencia transnacional del Concilio de Relaciones Exteriores (CFR), consideró común que en casos como el del general Cienfuegos Zepeda, se llegue a un acuerdo para evitar que se haga público un juicio en donde se mencionarían los nombres de otros oficiales militares implicados con el general, incluso algunos podrían seguir en funciones, lo cual confirmaría los rumores del gran nivel de corrupción que había en la Sedena.

“Lo que se ha visto es que el nivel de desconfianza que existe de Estados Unidos hacia México es muy severo, pues la DEA nunca informó a las autoridades mexicanas hasta que el arresto de Cienfuegos ocurrió”, consideró Angelo, quien hasta hace algunos años fungió como diplomático del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Agregó: Es para pensarse, y tal vez por ello Estados Unidos ha dejado de confiar en las autoridades mexicanas y prefiera arreglar todo a través de la Marina.

De darse un acuerdo entre Cienfuegos y la fiscalía estadunidense, el general se uniría a la larga lista de acusados de tráfico de droga y lavado de dinero que negocian con Estados Unidos, y que se extiende a narcotraficantes como Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, Dámaso López Núñez, el Licenciado, Reynaldo Zambada García, Benjamín Arellano Félix, el Min, hasta funcionarios como Lucero Guadalupe Sánchez López y Edgar Veytia.

De todos los narcotraficantes anteriores, y tras todos ellos declararse inocentes al principio y después cambiar su declaración a “culpables”, sólo del Min se conoce su paradero, mientras que el resto habría permanecido en calidad de colaboradores a cambio de condenas menos severas, incluso, algunos como fue el caso del Vicentillo, terminarían integrados al programa de testigos protegidos.
El ex general Cienfuegos fue arrestado el 15 de octubre pasado, luego de aterrizar en el aeropuerto internacional de Los Ángeles tras haber despegado de Ciudad de México.

En una primera audiencia realizada en una corte federal del Distrito Central de California, Cienfuegos Zepeda, de 72 años, se declaró no culpable de tres cargos, incluyendo conspiración para manufacturar drogas, importar y distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana, y un tercer cargo por lavado de dinero.

Según ha transcendido en otros procesos relacionados con tráfico de droga, los pactos que se logranentre abogados y la fiscalía estadunidense tienen como finalidad el acortar las sentencias y agilizar una eventual liberación, aunque por lo general los acusados terminan como testigos protegidos para, una vez que son liberados, continuar colaborando y proporcionando información, y hasta testificando contra otros acusados.

Artículo publicado el 15 de noviembre de 2020 en la edición 929 del semanario Ríodoce.

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