También se echan atrás la Fiscalía y el Gobierno del Estado; solo la Juez se sostiene en llevar el juicio hasta el final
Tres años después, la Auditoría Superior del Estado asegura que los tres ex funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas acusados de presuntamente desviar 263 millones de pesos no causaron ningún daño al erario.
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Por denuncia de la ASE, en 2018, la Fiscalía Anticorrupción presentó acusación formal contra los ex funcionarios “malovistas”, por los delitos de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público; con una nueva resolución de la Auditoría, presentó otra acusación pero solo por ejercicio indebido del servicio público.
La acusación por un delito es contra el ex secretario Armando Villarreal Ibarra; y el ex director de la Tesorería, Ernesto Herrera Félix.
Contra el ex auxiliar de la Tesorería, José Carlos López Ramírez, se mantiene la acusación por los dos delitos.
Villarreal Ibarra y Herrera Félix promovieron amparos con los que lograron anular el auto de vinculación a proceso dictado en 2018, pero en agosto pasado un Juez de Control volvió a vincularlos.
Debido a que el proceso penal inició de nueva cuenta, la Fiscalía tuvo que presentar otra acusación formal contra ellos dos y lo hizo el 20 de octubre pasado solo por un delito.
De acuerdo con el Fiscal Librado Romero Martínez, ya no acusaron desempeño irregular de la función pública porque en un informe la ASE notificó que concluyó un procedimiento de responsabilidades resarcitorias y determinó que no se causó ningún daño al erario.
En 2017 la ASE denunció penalmente y acusó que recursos de cuentas federales fueron trasferidos a cuentas estatales y se usaron con fines distintos a los que estaban etiquetados.
En un dictamen emitido el 5 de octubre pasado, la ASE establece que los recursos nunca perdieron el carácter de federales y no había elementos para fincar responsabilidades porque no se causó ningún perjuicio a la hacienda pública estatal ni federal.
El jueves 12 de noviembre, durante una audiencia con José Carlos López Ramírez, la Jueza Sara Bruna Quiñonez cuestionó la resolución de la ASE.
Esa audiencia fue solicitada por los defensores de López Ramírez para pedir que sobreseyera la acusación por desempeño irregular de la función pública y fundó su solicitud en el informe de la ASE.
“Llama mucho la atención, ¿por qué tan tardía la Auditoría Superior del Estado, que fue quien denunció?; después de tres años ahora resulta que no hay elementos para exigir la acción resarcitoria, estoy encontrando una contradicción absoluta de la Auditoría Superior del Estado que denunció desvío de 293 millones de pesos”, dijo la Jueza.
La juzgadora cuestionó “¿cómo fue que la Auditoría Superior del Estado se pronunció en ese sentido después de tres años?, ¿por voluntad propia?, ¿por qué se lo pidieron?, son interrogantes que no tienen respuestas objetivas”.
Señaló que por tratarse de recursos públicos es primordial trasparentar las razones de la resolución.
Manifestó que aunque la ASE señale que no hubo daño al erario, el delito de desempeño irregular de la función pública subsiste.
El delito, indicó, es que, aunque los recursos nunca hayan perdido el carácter de federales, no se utilizaron en los fines para los que estaban etiquetados.
“Los hechos continúan inalterables, hay muchísimos elementos para sostener que existe un delito”, indicó.
La negativa de la jueza
José Carlos López Ramírez no promovió amparo contra el auto de vinculación dictado en 2018 por eso contra él no hubo nueva acusación y se mantiene la que presentó la Fiscalía por los dos delitos.
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En la audiencia del jueves los abogados solicitaron sobreseer el delito de desempeño irregular basados en el documento que envió la ASE.
Una vez que el defensor, Jesús Javier Espinoza, expuso sus argumentos, la Jueza dio la voz al Fiscal Librado Romero y contestó que estaba de acuerdo.
“¿Está consciente de lo que significa que estén de acuerdo con el sobreseimiento?”, preguntó la Jueza.
Estamos conscientes de lo que la Auditoría determinó y esto deriva en que no hay elementos para fincar responsabilidades, respondió el Fiscal.
Después mencionó que cuando dijo estar de acuerdo se refería a que era correcto lo que decía el defensor sobre la resolución de la ASE.
Sobre la solicitud de sobreseimiento dijo que no haría ningún pronunciamiento.
La jueza señaló que “equivale a que retire la acusación su falta de pronunciamiento. Es obvio que no le interesa continuar”.
Yo no me estoy desistiendo, solo estoy diciendo que es correcto lo que está diciendo el abogado, respondió el Fiscal.
La Juzgadora también preguntó al representante legal del Gobierno del Estado, Jesús Navarro Aispuro, si estaba de acuerdo y respondió que sí.
La Jueza negó el sobreseimiento porque dijo que aun cuando la ASE se pronuncie que no hubo daño, el delito sigue subsistiendo.
La Auditoría Superior del Estado ha emitido resolución donde dice que no encontró elementos para fincar responsabilidad resarcitoria, esa razón no es suficiente para dictar el sobreseimiento toda vez que no es vinculante para este Tribunal penal, expresó.
Los abogados dijeron que la decisión de la Jueza viola los derechos del imputado y recurrirán a instancias superiores para revocarla.
El próximo 1 de diciembre los tres acusados comparecerán juntos en el Centro de Justicia Penal para la audiencia intermedia.
Con la acusación por un solo delito, Villarreal Ibarra y Herrera Félix tienen la posibilidad de solicitar una suspensión condicional del proceso para evitar llegar a juicio oral.
Artículo publicado el 15 de noviembre de 2020 en la edición 929 del semanario Ríodoce.
