“Si no somos los comuneros, nadie puede estar adentro de la presa, señores”, dijeron los comuneros y los sacaron de su propiedad.
La mañana del sábado 7 de noviembre, antes de llegar a la comunidad Santa María, ubicada en la zona serrana de El Rosario, los comuneros de la presa Santa María, estaban indignados bajo la sombra de dos árboles de huanacaxtle, exigiendo que se les respetaran sus derechos constitucionales.

“Comuneros de Santa María exigen que les respeten sus derechos, que se les pague lo que se les tiene que pagar, gobierno del estado ha pisoteado a los indígenas tepehuanes”, exigían en una de sus mantas.

Los manifestantes ya sabían que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no vendría a supervisar la presa Santa María, por las inundaciones de Tabasco, pero enarbolaron mantas de “Bienvenidos” y de exigencias de pagos para recordarles a los visitantes los compromisos incumplidos.

“Que se les pague: la grava, arena, los cerros, el camino que tiene acceso a la obra, maderas, bancos de material, la indemnización, la arcilla, las 100 hectáreas que se ocupa para el pueblo”, insistían.

En otra lona, además que solicitaban la presencia de las organizaciones internacionales y nacionales como la Organización de las Naciones Unidas, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitaban: “Los indígenas de la presa Santa María solicitamos establecer comunicación directa con el gobierno federal”.

La petición de ser interlocutor directo del gobierno federal, los indígenas tepehuanos la fundamentan en que tanto el gobierno del estado encabezado por Quirino Ordaz Coppel, como el gobierno municipal de El Rosario, presidido por Manuel Pineda Domínguez, pisotean sistemáticamente sus derechos.

A la indignación de los comuneros que se sentían “pisoteados”, se sumaba el hecho de que en su propio territorio donde se construye la presa no les permitían entrar, mientras los visitantes, tenían acceso, sin ninguna restricción, pese al juicio de amparo número 537/2019, interpuesto por los afectados.

El viernes 6, el alcalde Manuel Pineda Domínguez, ya había entrado a la cortina de la presa y junto con algunos de sus funcionarios y se había tomado la foto que fue difundida por redes sociales, “pisoteando” el juicio de amparo.

En ese contexto, apareció Andrés Zataráin, secretario de la Comunidad de Bienes Comunales alertando que pese a que AMLO ya había avisado que no vendría, funcionarios públicos y otros visitantes, seguían entrando a la cortina de la presa, pasando por encima del juicio de amparo, número 537/2019.

Andrés Zataráin fue por los demás integrantes de la mesa directiva de la Comunidad de Bienes Comunales Santa María, quienes se encaminaron hacia la pluma de acceso y bloquearon el paso de los vehículos hacia la cortina de la presa.

Justo en ese momento llegaba una lujosa camioneta color blanco tocando el claxon para que los manifestantes levantaran la pluma, pero al ver que no desbloqueaban el paso, uno de sus ocupantes tuvo que bajarse a dialogar.

—¿Cómo están jóvenes? preguntó el funcionario antes de presentarse como José Jaime Montes Salas, delegado de programas para el desarrollo y representante del presidente AMLO, en Sinaloa.

—Pues enojados— respondieron los inconformes.

Después de enviarle un cordial saludo a AMLO, tomó la palabra Andrés Zataráin, que dijo: “tenemos un amparo de número 537/2019.. y que las autoridades tanto federales como estatales y municipales puedan pasar hacia ese recinto donde nadie puede mover ni siquiera una piedra, y la comunidad de Santa María, tenga restringido el acceso, es ilógico e irracional, señores”.

E indignado exigió: “Entonces, por lo mismo, como se cancela la venida del presidente AMLO, estamos exigiendo que las autoridades y las personalidades que están dentro del embalse salgan en estos momentos de estos terrenos”.

Adentro de la cortina, el templete y el equipo de grabación para el evento de la supervisión de AMLO, esperaba en vano la llegada del presidente, pero sería aprovechada para una supervisión del gobernador Quirino Ordaz Coppel

Aparentemente Jaime Montes no era de la avanzada de la frustrada supervisión de AMLO, sino de la de Ordaz Coppel, quien al parecer esperaba junto con el alcalde Manuel Pineda Domínguez en la escuela CONALEP, ubicada en Palmarito, con la intención de entrar a la presa, utilizando la “llave” del delegado.

Fue en ese momento, cuando Juan Silva, presidente de Bienes Comunales y Anexos, de Santa María, denunció que el gobierno del estado, representado por el subsecretario Joel Bouciéguez Lizárraga, utilizando a una tercera persona, le había ofrecido un billete para que se quedara callado y firmara el convenio sobre la presa a favor del Gobierno.

“ (Delgado) quiero que se lleve en la agenda esto, él (presunto corruptor) quería por parte del gobierno del estado, daba por ahí un billete, para que yo no hablara que no abriera la boca yo…entonces yo digo es un delito eso oiga porque estamos defendiendo nuestros derechos…¿por qué quieren hacer eso’”.

El comunero detalló el “delito” del Gobierno del Estado: “No a mí (no me ofrecieron el billete directamente), a otra persona para que viniera y me convenciera, pero yo no me presto a esto, soy una persona humilde, pobrecita, pero me gusta…como dijo Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz, señores”.

Según los comuneros desde días antes del sábado 7, el gobierno del estado había acosado a Juan para que bajara al municipio de El Rosario a firmar el convenio a espaldas de los demás integrantes de la mesa directiva.

Montes Salas fue autorizado por los comuneros para que ingresara a la cortina de la presa junto con los de avanzada del gobierno del estado, para que instruyera a las personas que ocupaban la presa abandonaran el “recinto”.

El delegado pidió ocho días para organizar una mesa de diálogo con autoridades de los tres niveles de gobierno, para dar respuesta conforme a derecho, a las peticiones de los comuneros de la presa Santa María.

“Que Dios los bendiga y los lleve por buen camino”, dijo una indígena tepehuana a la comitiva gubernamental que salía de la presa, como inquilinos que se niegan a pagar la renta de la casa y son sacados intempestivamente por los dueños de la propiedad.

Artículo publicado el 15 de noviembre de 2020 en la edición 929 del semanario Ríodoce.