El dinero divide a una etnia por la pretendida planta de amoniaco en Topolobampo

ASAMBLEA INDÍGENA. La ira a flor de piel.

Las dos mujeres se encontraron a las afueras de la Coordinación de Kobanaros y Pueblos Indígenas de Sinaloa y se hicieron de palabras.

En un santiamén y cuando se estuvieron cerca pasaron a las cachetadas, zapes, aruñazos, trompones, jaloneos hasta que alguien tomó a una de ellas y le hizo una llave de estrangulamiento al cuello para que dejara de pelear. Como fieras fueron separadas, aunque siguieron lanzándose zarpazos que no alcanzaban a nadie.

La más joven era seguidora de Felipe Montaño Valenzuela y la mayor familia de Teodoro Castañeda. El primero es el cobanaro electo por la tribu y el segundo impuesto por Librado Bacasegua Elenes, un indígena sin etnia que lo siga ni pueblo en donde vivir porque tiempo atrás vendió a colonizadores europeos toda la tierra de su comunidad, el Carricito, incluyendo el panteón en donde duermen sus ancestros y la enramada, la tierra sagrada de adoración.

El primero defiende la bahía de Ohuira y Topolobampo de la pretensión oficial de construirse una planta de veneno y el segundo comparsa en una maquinación para pagarles con espejos y sal un predio que vale oro pero que le es ajeno por no ostentar título de propiedad ni posesión simple.

Montaño que es una piedra en el zapato para los gobiernos y Castañeda un alfil.

El propio Teodoro lo confirmó en la confrontación: “soy el que tiene el reconocimiento del gobierno, y tu tendrás al pueblo”.

Ese martes, ambos se encontraron, luego de que Teodoro rehusara acudir al centro ceremonial de Ohuira y plantarse ante la tribu para explicar su proceder ya que los yoremes lo consideren, al igual que a Librado, un traidor.

Por eso, cuando se toparon las mujeres las diferencias afloraron y llegaron a los puños.

La zacapela ya estaba advertida que sucedería, pero los gobiernos municipal (Ahome) y estatal (Sinaloa) la ignoraron y hasta le arrojaron dinero como combustible para que el conflicto estallara.

Antes, el 20 de septiembre en Vallejo, Reynalda Leyva y María Gudalupe Valenzuela Huicho riñeron por la misma causa. Atrás de Leyva, Librado mece la cuna, lo mismo que en Lázaro Cárdenas, Juan José Ríos, y en todos los centros ceremoniales de Choix, El Fuerte, Ahome y Guasave.

Felipe Montaño Valenzuela había encabezado la rebelión indígena en contra del gobierno de Manuel Guillermo Chapman Moreno y de Quirino Ordaz Coppel porque los consideraban gobiernos “malinche” que están a favor de los colonizadores que llegan a la conquista y en contra de los pueblos originarios.

Para Montaño y seguidores, Chapman es un “gringo” que engaña y roba el tesoro público en las narices de los ahomenses con el garlito de tener un gran amor al municipio en donde su abuelo ejerció la medicina, pero en donde él no nació ni le atañe paisanaje ni querencia, sólo avaricia por la cosa pública y los impuestos.

“Estos gobierno son los que nos quieren someter a los extranjeros, son los que quieren ceder nuestra tierra a cambio de muerte, son los que nos desplazan de nuestras casas sólo porque el dinero los convenció que tienen el poder para aniquilar a los yoremes, y porque creyeron que el voto les dio la facultad de mudar por la fuerza a los que llegaron antes que ellos”, dijo Montaño.

Por eso, la etnia entró en resistencia y porque solo faltan unos meses para que la tortura de Quirino y Chapman concluyan, y entonces, proceder al juicio histórico de sus acciones en tribunales populares y formales, en donde deberán pagar cada acto de traición a las tribus.

El grupo que tiene el respaldo de las tribus de Bacorehuis, Vallejo, San Miguel Zapotitlán, Ohuira, San Isidro, Lázaro Cárdenas, Juan José Ríos, el Fuerte y Choix, recurrió a diputados federales y a Adelfo Regino, comisionado del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y a Javier López, de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, para denunciar a Ordaz Coppel y a Chapman Moreno por patrocinar los atropellos a los usos y costumbres y la libre determinación por Librado Bacasegua Elenes e incondicionales.

La pretensión, comentó Montaño, es que las instituciones de la Cuarta Transformación obliguen a los políticos corruptos del viejo sistema PRIAN a sacar las manos y el dinero público traficado y corrompido de los pueblos originarios para que estos continúen con su libre determinación.

Si ambos gobernantes insisten en apoyar a traidores y a mantener el yugo, las protestas y la movilización étnica subirán de tono, sin importar el destino de los indígenas en la defensa de la Nación Yoreme.

Artículo publicado el 15 de noviembre de 2020 en la edición 929 del semanario Ríodoce.

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