Los desencuentros de Estrada Ferreiro con el Congreso del Estado
“Le comunico que de no aprobarse por el pleno a la brevedad posible el dictamen que emita la comisión de Hacienda, tomaremos otras medidas para evitar que prevalezca la burocracia y la corrupción en esa instancia legislativa”.
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El texto forma parte del oficio que firmó el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y envió a Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política, a quien hostigó y acusó de provenir, junto con su equipo de trabajo, del PRD, “un partido que traicionó a los mexicanos en la anterior administración pública federal.”
El documento fue entregado el pasado 15 octubre para presionar para que el Congreso del Estado le apruebe una iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda Municipal y al Código Fiscal Municipal de Sinaloa en materia del Impuesto Predial, con el argumento de que se pueden evitar amparos contra el cobro de ese gravamen.
El oficio girado con copia al presidente Andrés Manuel López Obrador no es el único desencuentro del alcalde con el Poder Legislativo, en torno a las reformas que llevarían a cambiar el cobro del impuesto predial a partir del próximo año. El día 30 octubre, al participar como orador en el Segundo Informe Legislativo de la senadora de Morena, Imelda Castro Castro, aprovechó el micrófono para cuestionar el trabajo del Congreso del Estado y acusar que se estaba bloqueando su propuesta de reforma.
En el evento, a escasos metros del alcalde, estaba presente la también coordinadora parlamentaria de Morena, Graciela Domínguez Nava, a quien acusó, sin decir su nombre, que había “una diputada” que estaba frenando la iniciativa.
La actitud del alcalde llevó a Domínguez Nava en su carácter de presidenta de la JUCOPO, a denunciar las amenazas y agresiones públicas contra el Poder Legislativo. En tribuna le advirtió que con presiones no se tomarían decisiones que afectarían a los ciudadanos sinaloenses.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Iván Villalobos, coincidió en señalar que Estrada Ferreiro estaba confrontando al Poder Legislativo para que le apruebe una reforma a la Ley de Hacienda Municipal para incrementar los ingresos del impuesto predial, al acusar públicamente al Congreso del Estado de tener secuestrada la iniciativa recaudatoria que había presentado.
La molestia del alcalde de Culiacán sobre el Impuesto Predial inició cuando envió en 2018 una propuesta de actualización de los valores catastrales con base en la inflación, pero no fue aprobada por el Pleno del Congreso del Estado.
Luego que fue publicado en el periódico oficial el decreto que establece los Valores Unitarios del Suelo y las Construcciones del Municipio de Culiacán, Estrada Ferreiro promovió una controversia constitucional contra el Congreso del Estado sobre el cobro del Impuesto Predial en 2019.
En junio del mismo año, aseguró a los diputados: “No podemos seguir con la banderita de primero los pobres, con la postura de no más impuestos o aumento a los mismos”.
El escenario era un evento sobre presupuesto y cuenta pública en el Congreso del Estado. En el espacio de preguntas y respuestas, fue el primero en levantar la mano para participar. Ahí sostuvo que tenía autonomía municipal, por eso cuando se fijan los valores de las tablas catastrales para su análisis en el Cabildo para su votación, y posteriormente al Congreso del Estado para que las apruebe, no para que la discuta.
En diciembre de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró procedente y fundada la controversia constitucional que presentó el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, contra el Congreso del Estado, sobre el cobro del Impuesto Predial en 2019.
Pese a ganar la controversia jurídica, el alcalde acusó a los diputados encabezados por Graciela Domínguez Nava de provocar una pérdida irreversible de cientos de millones de pesos que debieron pagar “los ricos” a los ayuntamientos, en tanto que los más perjudicados habían sido los pobres.
Otro momento ríspido fue cuando la Diputación Permanente acordó un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del alcalde de Culiacán para que rindiera un informe en relación a la muerte de la menor Alejandra en septiembre de 2019.
La propuesta como fue presentada por el diputado de Morena, Pedro Villegas Lobo, quien cuestionó entonces por qué el Ayuntamiento de Culiacán y sus dependencias involucradas, no habían reparado y dado mantenimiento a la alcantarilla que provocó la muerte de la menor, y sobre las medidas que se tomaron para que la alcantarilla en donde sucedieron los hechos, y otras que existieron en la ciudad, no siguieran siendo trampas mortales para la ciudadanía.
Un mes más tarde el alcalde de Culiacán acudió al recinto legislativo, acompañado de un numeroso grupo del personal de las dependencias municipales y habitantes de la sindicatura de El Tamarindo que llenó el salón Constituyentes, donde expuso la situación en donde pereció la adolescente que prácticamente fue tragada por una alcantarilla abierta en medio de la lluvia.
En ese encuentro Domínguez Nava expuso que no habían en el marco legal normas expresas para las comparecencias de ciertas autoridades estatales y municipales, pero que la naturaleza del Congreso como soberanía popular no se veía disminuida por esas omisiones.
En ese encuentro, los diputados de Morena, Pedro Villegas Lobo y Beatriz Zárate Valenzuela, pidieron al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro que renunciara. Ahí le reclamaron de frente que como servidor público tenía el deber de atender, solucionar y gestionar, pero sobre todo, respetar a todos los ciudadanos, llámese estudiante, trabajador, policía, periodista o sindica procuradora.
“Los ciudadanos de Culiacán están hartos de su actitud tan déspota, arrogante, prepotente y grosera”, le dijeron entonces los legisladores al alcalde al tomar el micrófono.
“Yo no soy de los de antes, si a mí me atacan yo contesto, si a mí me golpean yo respondo”, advirtió el alcalde.
Artículo publicado el 8 de noviembre de 2020 en la edición 928 del semanario Ríodoce.