La violencia generada por los grupos de la delincuencia organizada obligaron a abandonar sus lugares de origen a 393 personas en Sinaloa durante 2019.

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De acuerdo con el informe Episodios de Desplazamiento Forzado Interno en México 2019 en el estado hubo dos episodios de desplazamientos en los municipios de Sinaloa y Rosario.

En todo el país, en ochos estados se desplazaron 8 mil 664 personas, el 80 por ciento por la violencia generada por grupos delincuenciales.

El desplazamiento interno forzado masivo ocurrió en ocho estados, 27 municipios y 61 localidades de todo el país.

El registro histórico indica que hasta diciembre de 2019, el número de personas desplazadas en México asciende a 346 mil 945.

Según el informe en el estado han disminuido tanto el número de episodios como de personas desplazadas.

En 2016 hubo 4 mil 208 personas desplazadas, en 2017 fueron 2 mil 967 y en 2018 hubo 860.

Los desplazamientos del año pasado ocurrieron en marzo y en julio en Rosario y Sinaloa municipio.

En marzo de 2019 comenzó el desplazamiento paulatino de familias de la zona serrana de Rosario.

La cabecera municipal y las comunidades circundantes son parte de una zona minera donde se extrae principalmente el oro, actividad que es sustento de varias familias de la región.

Semanas antes de que ocurriera el desplazamiento, las familias reportaron que gavillas provenientes de Durango y Nayarit, dedicadas al robo de oro, les dieron un plazo para abandonar la zona, indica el documento.

Ante el temor por actos de violencia en contra de sus familias, así como por amenazas y agresiones, incluyendo homicidios, 90 familias integradas por 333 personas se vieron obligadas a abandonar sus casas.

Las personas eran originarias de La Rastra, El Azafrán, Santa María, Las Cebollitas, Charco Hondo, Plomosas, Los Letreros y El Colomo y huyeron hacia la cabecera municipal y otras se trasladaron a los municipios de Mazatlán y Culiacán.

Días después, 78 personas de 21 familias volvieron a sus lugares de origen, mientras que el resto permanecen desplazados.

El informe clasifica como una solución parcial o no verificada el retorno de estas familias, debido a que la información disponible no permite evaluar si las condiciones en las que se encuentran las personas desplazadas tras su retorno cumplen los criterios mínimos de las soluciones duraderas.

Entre julio y agosto, 15 familias con alrededor de 60 personas de la región serrana del municipio de Sinaloa, se vieron obligadas a desplazarse por la situación de violencia e inseguridad relacionada con la actuación de grupos armados vinculados a la delincuencia organizada, abandonando sus casas, siembras, animales y otras pertenencias.

Las personas desplazadas habitaban las localidades de Mesa del Frijol y San José de Gracia, ubicadas en una región que colinda con el municipio vecino de Choix y con el estado de Chihuahua.

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Algunas de las familias desplazadas se refugiaron en la cabecera municipal de El Fuerte, mientras que otras se trasladaron a los municipios de Guasave y Ahome.

En Sinaloa municipio no se reportó el retorno de familias a sus comunidades.

De acuerdo con el informe, en Sinaloa durante 2019 “se avanzó en términos de reconocimiento, diagnóstico, protección jurídica, así como en la consolidación de marcos normativos, en la distribución de ayuda humanitaria y en la implementación de programas de atención para la población desplazada internamente”.

En todo el país hubo 28 episodios de desplazamiento, de los cuales 16 fueron causados por la violencia de grupos armados en los estados de Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.

Zonas como el Triángulo Dorado y Tierra Caliente en Guerrero, Michoacán y Estado de México se caracterizan por concentrar gran parte de la actividad de los grupos delictivos dedicados al crimen organizado y al narcotráfico que operan en el país.

“Dichas zonas representan áreas de disputa territorial entre grupos rivales y son escenario de frecuentes ataques, enfrentamientos, extorsiones, reclutamiento forzado y otras formas de violencia que obligan a la población a desplazarse, generando incluso la existencia de pueblos fantasmas”, indica.

El director de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Ernesto Gaxiola Urtusuástegui, aseguró que el Gobierno Estatal ha atendido a los desplazados.

Mencionó que de acuerdo con un censo, hay 2 mil 500 familias desplazadas desde 2017, aunque no son todas.

“En el censo están las familias que se han podido localizar, se ha ido a los lugares donde han sido desplazados o lugares de acogida junto con los representantes pero indudablemente hay personas que no están en el censo pero está abierto por lo mismo”, expresó.

Señaló que con representantes de los desplazados de las zonas norte, centro y sur se han conformado mesas intersecretariales.

“Los desplazamientos del año pasado se han venido atendiendo a través del fondo que maneja la Secretaría de Desarrollo Social, en este caso creo hubo 30 millones, se hicieron unas mesas donde estuvieron presentes representantes de los desplazados con los que se acordaron cuáles serían las vías de apoyo”, indicó.

Mencionó que acordaron entregar hasta 20 mil pesos para proyectos productivos, alrededor de 400 estufas, 2 mil 975 despensas y se compró un terreno en Mazatlán para iniciar construcción de viviendas que se prevé sean entregadas en diciembre.

En la reunión más reciente, indicó, acordaron comprar un terreno en Choix para los desplazados de la zona norte.