La agenda pública de Sinaloa necesariamente debe incluir entre sus prioridades el tema del feminicidio. Debemos deliberar sobre ello en las próximas campañas.
Es una causa que nos une a todos y para la cual es factible crear las condiciones de su abatimiento, esto es, acabar con la impunidad y aumentar la prevención.
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Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer y, en ese hecho, se presente cualquiera de los siguientes supuestos:
La víctima muestre signos de violencia sexual de cualquier tipo; se haya realizado por violencia familiar; a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida; se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público.
Así mismo, que la víctima se haya encontrado en estado de indefensión, entendiéndose esta como la situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa y, que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.
A quien cometa feminicidio se le impondrán de 22 a 50 años de prisión.
Si entre el activo y la víctima existió una relación de matrimonio, concubinato o hecho; de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, y se acredita cualquiera de los supuestos establecidos en las fracciones anteriores, se impondrán de 30 a 55 de prisión.
En 2016 la Fiscalía Estatal registró 45 víctimas de feminicidio; en 2017, 84; en 2018 la cifra fue de 47 y en 2019 de 49.
Culiacán se encuentra entre los municipios donde es más grave el problema.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), del 2015 a enero del 2020 los municipios de Culiacán, Sinaloa (105 averiguaciones); Iztapalapa, CDMX (51); Monterrey, Nuevo León (47); Ecatepec, Edomex (39), y Acapulco, Guerrero (44), sumaron 286 carpetas de investigación por feminicidios, de un total de 3 mil 700 que se registraron en todo el país.
En todo el 2019, los municipios donde más averiguaciones por feminicidio se abrieron fueron Monterrey (19), Culiacán (17), Iztapalapa (14), San Luis Potosí (13), y Tijuana (12).
En 2018 las más peligrosas para las mujeres fueron Juárez (28 investigaciones), Culiacán (28), Monterrey (19), Acapulco (14) y Ecatepec (14).
Abatir el feminicidio requiere construir un plan especial que conjunte diversas acciones y programas para atacar integralmente todas las dimensiones del problema.
El plan no debe limitarse a la persecución y castigo de delincuentes individuales sino, que debe incorporar la identificación de patrones espaciales, temporales y de modo de operación.
Los feminicidios suceden con una lógica, lugar y momentos determinados y son cometidos siguiendo dinámicas más o menos previsibles.
A esa dinámica del crimen feminicida se deben contraponer acciones policiacas, de comunicación, urbanísticas, laborales, legislativas, educativas, de salud mental y un largo etcétera. Aplicadas con diferente intensidad según lo necesite el grupo poblacional y el área territorial.
Esa es una tarea que no hemos hecho y, por ello, ha sido insuficiente el resultado. A través de la articulación de distintas instituciones pueden detonarse procesos de investigación de gran calado. Así lo escriben expertos como Alejandro Hope o Edna Jaime.
La experiencia internacional da evidencia que no es imprescindible contar con “el mejor” sistema de justicia. No podemos ni debemos esperar a que todo el aparato de impartición de justicia arribe al óptimo deseable. Lo que es necesario es poner en juego sus capacidades –pocas o muchas– de manera estratégica para resolver ciertos crímenes.
El feminicidio es uno de estos crímenes que deben ser prioridad para ser abatidos.
Para construir una sociedad justa y equitativa debemos empezar por impedir que personas puedan ser asesinadas por su condición de género.
La cuestión femenina debe ser cabalmente discutida y resuelta porque, además, la pandemia ha aumentado la desigualdad de las mujeres pues ha sobrecargado sus tareas de trabajo doméstico y disminuido sus opciones de ingreso y empleo.
Entre abril y julio de este año, las trabajadoras por cuenta propia aumentaron de 14 a 23 por ciento, y la tasa de “trabajadoras no remuneradas se duplicó”, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. Según esta misma encuesta, 53 por ciento de las mujeres trabaja en alguna actividad de servicios, las más afectadas por la pandemia, mientras que solo 36 por ciento de los hombres están ocupados ahí.
Podemos y debemos abatir el feminicidio, como prioridad, y así eliminar una de las peores expresiones de la desigualdad.
Columna publicada el 04 de octubre de 2020 en la edición 923 del semanario Ríodoce.