Los involucrados en el presunto desvío de 293 millones de pesos de la Secretaría de Administración y Finanzas durante el gobierno de Mario López Valdez, se están aprovechando de la pandemia para no acudir a las audiencias, según la Jueza que lleva los procesos.

El ex director de la Tesorería, Ernesto Herrera Félix, intentó aplazar las audiencias argumentando que tenía Covid-19 pero no pudo comprobarlo y volvió a ser vinculado en una reposición del proceso penal.

El ex auxiliar de caja general, José Carlos López Ramírez, no se presentó el día que tenía que acudir a audiencia por supuesto Covid-19, por lo que deberá  presentar los resultados de laboratorio.

Para la Jueza Sara Bruna Quiñonez, que lleva ambos casos, decir que están infectados es solo una excusa para diferir las audiencias.

El tercer involucrado, el ex Secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra, sí acudió el día que tenía que presentarse y fue vinculado a proceso otra vez.

En fechas distintas, Herrera Félix y López Ramírez, fueron citados para iniciar de nueva cuenta el proceso penal en su contra, en cumplimiento a un amparo que anuló el auto de vinculación dictado en 2018.

En los dos casos los abogados argumentaron que los imputados estaban contagiados y llevaron constancias médicas.

En el documento los médicos señalaban que presentaban síntomas compatibles con Covid-19 y sugerían aislamiento.

El primero que argumentó estar enfermo fue Herrera Félix y no se presentó a la audiencia, solo fue su abogado con una constancia médica.

La Jueza pidió al abogado que llevara el resultado del laboratorio en un plazo de tres días.

El defensor se comprometió a llevar el documento que confirma que el ex funcionario dio positivo.

Tres días después se realizó la audiencia y Herrera Félix sí se presentó.

Según la defensa sí tenían el resultado de la prueba de laboratorio pero en digital porque se los proporcionaron vía Whatsapp y no pudieron conseguirlo en físico para presentarlo a la Jueza.

Ante la imposibilidad de llevar el supuesto documento en físico, el imputado decidió acudir para evitar que le impusieran alguna medida de apremio.

La audiencia se llevó a cabo y la Fiscalía volvió a formular la imputación contra el ex funcionario en cumplimiento al amparo.

De nueva cuenta el ministerio público presentó los datos de prueba que tiene para acusarlo del presunto desvío de recursos federales a cuentas estatales.

La Jueza realizó la valoración y otra vez dictó el auto de vinculación a proceso.

José Carlos López Ramírez fue citado a audiencia por separado, también para reponer desde el inicio el proceso penal.

El imputado tampoco acudió por presuntamente padecer Covid.

Su abogado presentó la constancia médica y la Jueza solicitó que llevara los resultados de laboratorio.

En caso de que no presenten los resultados de laboratorio, advirtió, lo hará comparecer mediante el uso de la fuerza pública.

En las audiencias la Jueza Sara Bruna Quiñonez Estrada ha señalado que desde marzo los involucrados en esta causa penal se están aprovechando de la emergencia sanitaria para diferir las audiencias.

“Esta práctica de los imputados esta siendo muy recurrente, más bien obedece a otra razón por la que no quieren comparecer”, dijo.

Manifestó que se ha vuelto muy fácil decir que tienen covid.

Señaló que no basta con presentar una constancia médica como justificante para no presentarse a las audiencias.

“Para mí no es suficiente que un médico firme una hojita, tiene que ser examen de laboratorio”, indicó.

Aseguró que cualquier persona puede ir con un médico y el médico le firma la constancia que dice que tiene síntomas compatibles con covid.

Los procesos penales contra los tres ex funcionarios iniciaron en abril de 2018 por separado y luego los juntaron para que los tres acudieran a las mismas audiencias.

El proceso nunca llegó a la etapa intermedia debido a que estaban en negociaciones para solicitar una suspensión condicional del proceso y evitar el juicio oral.

En dos ocasiones propusieron a la Jueza suspender el proceso a cambio pagar 2 millones de pesos como reparación del daño pero la propuesta fue rechazada.

Con el inicio de la pandemia en marzo el Poder Judicial del Estado suspendió actividades y el proceso se detuvo.

Desde agosto se volvieron a reprogramar las audiencias con los ex funcionarios pero ahora por separado debido a que volvieron a empezar.

Los tres ex funcionarios están acusados de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.

Según la Fiscalía utilizaron recursos etiquetados con fines distintos a los que estaban destinados.

Dos años cinco meses después de iniciado el proceso, volverá a empezar por los amparos que concedió el Tribunal Colegiado a los imputados.