Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu en el sexenio de Enrique Peña Nieto, procesada desde hace mas de un año por presuntas omisiones que habrían facilitado desvíos de sus dependencias bajo el esquema de La Estafa Maestra, se declaró formalmente inocente ante el juez, y acusó presiones de la Fiscalía General de la República para que delate a exfuncionarios a cambio de recibir beneficios.

En su respuesta oficial a la acusación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) en agosto pasado, Robles pidió al juez que cite a 15 funcionarios y exfuncionarios al juicio, entre ellos el exoficial Mayor de sus dependencias Emilio Zebadúa, personaje clave en el entramado de La Estafa Maestra, y al actual titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo.

Además, acusó a la FGR de caer en una ilegalidad al pretender que ella cubra un pago superior a 5 mil millones de pesos por reparación del daño, pese a que no la responsabiliza de habérselos robado ni presenta una sola prueba relacionada con el destino final del dinero, publicó Animal Político.

La respuesta de Robles a la acusación de FGR, a la que Animal Político tuvo acceso, es un documento de 42 páginas enviado al juez federal el pasado 21 de septiembre. En dicho escrito -como lo marcan las reglas del sistema penal acusatorio- la defensa fija su posición y las pruebas con las que pretende debatir en juicio los argumentos de los fiscales.

En su acusación, la FGR asegura que Robles es responsable de dos cargos de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión, por no haber impedido que la Sedesol y Sedatu a su cargo firmaran convenios presuntamente irregulares con universidades y otros entes públicos que facilitaron el desvío de mas de 5 mil millones de pesos.

En contraparte, Robles sostiene que es inocente y que en todo momento ordenó que se atendieran las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que alertaban de estas irregularidades, e incluso ordenó en 2017 que se detuviera la firma de estos convenios.

“Niego total y categóricamente las acusaciones delictivas que en contra de mi persona formula la Agente del Ministerio Público de la Federación, pues se aparta de la verdad y pretende atribuirme la responsabilidad de hechos presuntamente constitutivos de delito en los que nunca he participado, ni son atribuibles a mi persona”, señala Robles.

La exsecretaria de Estado del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto advierte al juez que, desde su punto de vista, el proceso iniciado en su contra y la prisión preventiva que se le impuso desde hace mas de un año por un delito que no es grave, son resultado de una persecución política en la que se le pretende orillar a delatar a otros a cambio de un beneficio. Esto de forma similar a lo ocurrido en otros casos como el de Emilio Lozoya.

“En palabras del propio Fiscal General de la República, se me exhibe ante la opinión pública y en los medios de comunicación, como un trofeo a la lucha de la corrupción del gobierno anterior, y se me mantiene en prisión… por no ser solidaria con el Estado”, dejando entrever que para obtener la libertad “debo delatar a otros funcionarios”, señala Robles.

En ese contexto, la defensa de la exfuncionaria añade que la acusación de FGR de que “no hizo nada” para evitar el presunto desvío de recursos es insostenible por dos razones fundamentales.

La primera de ellas es porque al momento en que se firmaron y ejecutaron los 18 convenios que Sedesol firmó con universidades de 2013 a 2015, y los 7 convenios que por su parte firmó Sedatu en 2016, no había notificaciones o señalamientos de los órganos de control sobre que este tipo de contrataciones fueran ilegales.

Y la segunda es que cuando la ASF reveló a través de informes de auditorías que había detectado posibles irregularidades en el destino de los recursos asignado en los convenios, Robles ordenó que se atendieran dichas observaciones y se trabajara con los auditores en el esclarecimiento de estas.

Incluso sostiene que sus sucesores tanto en Sedesol y Sedatu, José Antonio Meade y Román Meyer Falcón, recibieron oficios de entrega recepción de su administración en los que se indica la existencia de las observaciones de la Auditoría y la necesidad de que las mismas continuaran siendo atendidas.

Para desvirtuar las acusaciones de la FGR, la defensa de Robles ha propuesto al juez al menos 55 datos de prueba para que sean desahogados en el juicio. De ellos, 38 son pruebas documentales, 15 son testimonios y dos son peritajes.

Los testigos que la defensa propone que sean llamados corresponden, en su mayoría, a altos exfuncionarios de las dependencias que encabezó (subsecretarios, oficiales mayores y apoderados) con la finalidad de que estos corroboren que recibieron instrucciones de atender las observaciones de la Auditoría.

Aun cuando la cifra de exfuncionarios es menor a los que la FGR ha propuesto como testigo de su lado, se trata de servidores públicos de mayor jerarquía.

Entre ellos destaca el caso de Emilio Zebadúa, quien fuera oficial Mayor de Sedesol y Sedatu, y que la defensa pide que sea presentado e interrogado con la finalidad de que explique las acciones que habría llevado a cabo por instrucciones de Robles para atender las observaciones de los auditores.

Se trata de un testigo clave ya que, de acuerdo con investigaciones oficiales y periodísticas, Zebadúa fue el principal operador de los pagos realizados mediante este tipo de convenios.

No obstante, hasta ahora el exfuncionario ha tramitado demandas de amparo para no comparecer ante el juez. En ese contexto la defensa ha pedido al Poder judicial que en el caso de este y otros testigos se realice una búsqueda de todos sus domicilios y se les giren los citatorios, ya que comparecer en un juicio es obligatorio de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Otro testigo importante que la defensa ha propuesto en el juicio es el actual titular de la ASF, David Colmenares Páramo. Ello para que explique en qué estado se encuentras las auditorías practicadas de 2013 a 2017 relacionadas con los convenios de dependencias con universidades y entes públicos.

La defensa no da mayores detales en torno a la intención de citar a Colmenares, pero su presencia cobra relevancia pues la ASF es la principal denunciante de estos convenios. Se trataría además de una respuesta a la petición e FGR de citar como testigos a funcionarios de la ASF, entre ellos su extitular Juan Manuel Portal y la exjefa de auditorías forenses Muna Buchahín, pero no a su actual dirigente.

Por otro lado, en las pruebas documentales ofrecidas por la defensa destacan diversos oficios que Robles habría dirigido a sus funcionarios –entre ellos el propio Zebadúa- para que se atendieran los informes de los auditores y se solventaran las observaciones realizadas en los distintos años.

También ha ofrecido como prueba el acta de entrega -recepción de la titularidad de la Sedesol fechada el 17 de septiembre de 2015 y dirigida a José Antonio Meade- en la que le señala que existen diversas observaciones realizadas por la Auditoría respecto a los convenios firmados con universidades, y que estaban en proceso de atención.

En cuanto a los peritajes, la defensa reveló que presentará uno en materia de administración pública y otro en materia contable, de los cuales no se adelantaron conclusiones pues a la fecha en que fue presentada la respuesta continuaban en elaboración.

En la acusación que la FGR presentó ante el juez en agosto pasado, los fiscales afirman que si bien Rosario Robles está acusada de omisiones debe pagar mas de 5 mil millones de pesos que presuntamente fueron desviados como consecuencia de la supuesta negligencia. Se trata de la denominada reparación del daño

En su respuesta a este punto, la defensa de la exsecretaria de Estado calificó como ilegal dicha petición, con el argumento de que en ningún momento la investigación de a Fiscalía prueba que ella se haya apoderado de ese dinero. Tan es así que no está acusada de peculado, enriquecimiento ilícito o lavado de dinero.

“La petición planteada por el Agente del Ministerio Público de la Federación, para que se considere procedente condenar al pago de la reparación del daño es completamente violatoria a los principios de exacta aplicación de la ley, certeza jurídica, legalidad y debido proceso” indica el escrito.

Tras realizar un amplio análisis fundamentado en jurisprudencias de la propia Corte, la defensa de Robles concluye que los fiscales buscan imponer como parte de la pena una reparación del daño que no está sustentada en los delitos que se imputan a su defendida, y cuyo monto se concluye solo “por simple analogía”.

Con la presentación de la respuesta de la defensa a la acusación formal presentada por la FGR concluye la fase escrita de la etapa intermedia del proceso penal iniciado el año pasado en contra de Rosario Robles.

Lo que sigue ahora es la exposición oral de estos argumentos en una audiencia intermedia que ha sido programada para el próximo 26 de octubre. En esa audiencia el juez definirá qué pruebas son las que permanecen de cada una de las partes, de cara al juicio oral que se estaría llevando a cabo a finales de diciembre o principio de enero de 2021.

Mientras esto sucede Robles debe permanecer detenida de forma preventiva en las instalaciones del penal femenil de Santa Martha Acatitla. Hasta ahora su defensa ha promovido diversos recursos bajo el argumento de que dicha prisión está sustentada en evidencia falsa y recientemente ganó una suspensión para que el 9 de octubre sea revisada por un juez de amparo dicha prisión preventiva.