Al advertir que no hay protección para nadie y se llegará hasta los niveles más alto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, adelantó que será ejecutadas ordenes de aprehensión contra elementos de las fuerzas armadas involucrados en el caso de Ayotzinapa.

Durante del informe rendido por la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso de Ayotzinapa, a seis años de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas, aseguró que no se van a cansar hasta cumplir con el compromiso que hizo con los padres de familia.

Previo al mensaje del mandatario, uno de los padres de familia hizo uso del micrófono, para externar que esperaban más durante el informe, a lo que el mandatario respondió posteriormente que es un avance el que no exista encubrimiento, a pesar de la resistencia que existen porque no termina de irse el régimen corrupto y autoritario.

Recordó que desde el inicio de su mandato ha sostenido que se había participación de militares se tiene que decir saber y castigar a los responsables, situación en lugar de debilitar a las fuerzas armadas las fortalecía.

“Hay condiciones inmejorables para saber del paradero de los muchachos”, expresó al afirmar que el día de mañana y los siguientes está pendiente sobre si ya se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra los miitares involurados en el caso.

En su participación, Alejandro Gert Manero, titular de la Fiscalía General de la República, aseguró que en el caso Ayotzinapan no fue solo un crimen deleznable, sino la muestra de una conducta delictiva integral y reiterada que refleja los niveles de corrupción de un régimen político y administrativo.

“Ya no cabe la menor duda que el gobierno anterior en todas sus instancias, desde la cúspide del poder hasta los operadores más elementales encubrieron, mintieron , torturaron, realizaron falsas diligencias  y trataron de ocultar con impunidad y escándalos mediáticos una trama que ahora se ha logrado exhibir con toda su crudeza”, manifestó en un informe transmitido en transmisión remota a los padres de la normalistas reunidos en el patio del Palacio Nacional.

Aseguró que los jóvenes normalista fueron víctimas que quedaron en medio de un choque de intereses de las fuerzas del narcotráfico que han estado asentadas en la ciudad de Iguala, por ser esta un centro neurálgico de la distribución de la droga que se produce en la sierra de Guerrero y vital para quienes comercian con ella en el Valle de México y hacia Estados Unidos.

La presencia de los estudiantes, informó, fue coincidente letal en un momento de choque entre los grupos delincuenciales, sus encubridores y sus socios, enquistados en las policías locales, federales y diferentes organismo y fuerzas del estado mexicano que tenían presencia en ese lugar.

Afirmó que lo anterior se demuestra con la matanza  que ocurrió en forma simultánea con la desaparición de los jóvenes, ya que existen acusaciones de que cerca de 80 personas fueron masacradas y ocultadas en Iguala por diferentes grupos delictivos y sus cómplices oficiales, al que no se le dio seguimiento alguno por parte de las autoridades.

Recodó que la autoridades federales y locales tuvieron conocimiento de los hechos a través del sistema C-4 que debió registrar lo que estaba ocurriendo, como desde la aprehensión, a tortura y el traslado para la entrega a los grupos delincuenciales, pero en las investigaciones se asentó que las cámaras dejaron de funcionar y los radios se apagaron en diversos momentos, responsabilidades que no pueden quedar impunes.

Agregó que autoridades judiciales locales ocultaron video que testimonian los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia Estatal en Iguala, las cuales también también deberán rendir cuentas.

Gertz Manero sostuvo que en la secuencia cronológica del caso, el Ejecutivo Federal para ocultar y encubrir sus colusiones primero acusó a las autoridades locales, y como no le dio el resultado que esperaba tuvo que asumir el control y responsabilidad del caso, lo que lo convirtió al Gobierno de la República en operador de un encubrimiento generalizado  para lo cual se detuvo y torturó masivamente a miembros de corporaciones locales para que posteriormente se vinieran abajo todas  los proceso por las violaciones masivas a los derechos humanos.

“El titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República se convirtió en el vocero oficial del gobierno federal y en el principal orquestador de toda esta mentira y falsedades”, manifestó.