Jorge Antonio Tizapa Leguideño, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, es buscado en Mexicali, luego que se difundiera una fotografía de un joven en situación de calle muy parecido a él.
La búsqueda la realizan el Gobierno de Baja California y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), luego que la Secretaría de Gobernación (Segob) envió un documento para solicitar formalmente el despliegue de un operativo de búsqueda en todo el municipio, y específicamente, en el parque “El Mariachi”, donde lo habrían visto por última vez.
La imagen del joven que se cree podría ser Jorge Antonio fue difundida en redes sociales hace unos días.
De acuerdo con la información, el operativo inició desde el día 21 de septiembre y se espera que concluya el 23 de septiembre. En la búsqueda, participan los padres de Jorge, la Comisión Estatal de Búsqueda, elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Baja California, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) local y representantes de la Secretaría de Gobernación, informó Efe.
“Hace algunos días, a través de las redes sociales, se pudo apreciar a un joven en situación de calle en el Parque ‘El Mariachi’ en Mexicali, quien a decir de su familia guarda gran parecido físico a Jorge Antonio Tizapa Leguideño, uno de los 43 normalistas desaparecidos”, señala un comunicado emitido por el Gobierno de BC, en el que se detalla que la fotografía de quien podría ser uno de los estudiantes normalistas, fue compartida por la página “El Buen Samaritano”.
En el texto se detalló que por órdenes del Secretario de Gobierno estatal, Amador Rodríguez Lozano, este operativo de búsqueda cuenta con todos los recursos necesarios para encontrar el paradero de la persona en situación de calle y cuya fotografía fue comparada con una imagen del normalista desaparecido “con la esperanza de que se logren buenos resultados”.
El próximo 26 de septiembre se cumplirán seis años de la desaparición de los 43 normalistas de los municipios de Iguala y Cocutla, en Guerrero, a manos de elementos de Seguridad Pública.
Los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa exigieron este lunes al Poder Judicial de Guerrero la entrega de videos sobre la desaparición de sus hijos ocurrida la noche del 26 de septiembre del 2014.
A unos días del sexto aniversario de la desaparición los padres y sus familiares protestaron ante el Poder Judicial en Iguala que tendría en su poder videos sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Vidulfo Rosales, abogado de los padres, aseguró que las cámaras de video del Palacio de Justicia grabaron la desaparición de los estudiantes y denunció que media docena de ellos fueron desaparecidos.
“En el Palacio de Justicia, el 26 y 27 de septiembre, existían seis cámaras, esas cámaras captaron lo que estuvo sucediendo en esta parte”, expuso Rosales en alusión a los hechos que llevaron a la desaparición.
El letrado recordó que las policías de Iguala, Cocula y Huitzuco actuaron “de manera criminal” al interceptar un autobús en el que se trasladaban unos 20 estudiante que primeramente fueron detenidos por los agentes y posteriormente fueron desaparecidos.
Según la polémica versión oficial, conocida como “verdad histórica”, los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa fueron detenidos por policías en Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un vertedero de basura del municipio de Cocula.
No obstante, esa versión fue cuestionada por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
A inicios de julio, el fiscal especial Omar Gómez Trejo anunció el fin de la “verdad histórica” tras identificar restos del estudiante Christian Alfonso Rodríguez en Cocula, pero lejos del basurero. Esa identificación significó el primer gran logro de la Comisión para la Verdad creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Fiscalía en este último año y medio, en el que se ha ordenado la detención de decenas de policías y funcionarios que manipularon las pesquisas del caso durante el Gobierno anterior.
