Acusan a Chapman de parodiar ‘La Ley de Herodes’

REGIDORES DE OPOSICIÓN. Violación tras violación.

Acusan al alcalde de Ahome de destrozar el estado de derecho

 

El gobierno de Ahome es una parodia mala de la película La Ley de Herodes porque se burla de la ley a placer para que una camarilla de políticos mantengan el poder a toda costa, consideró el regidor, Fernando Arce Gaxiola, mientras que para el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (morena), Luis Rivera Villela, se gobierna con una mafia en el poder compuesta por la alianza PRIAN-PT, en tanto que el diputado local, Juan Ramón Torres Navarro denunció que el presidente municipal se convirtió en un alcalde “regala despensas” en un trienio sin ton ni son, sin rumbo, ni plan de ejercicio, excepto el saqueo del erario, que es constante.

“Chapman está preparando su retirada para salir impune del desorden en el manejo financiero del tesoro público”, precisó Arce Gaxiola.

Este sugirió que el slogan de “Escribiendo una nueva historia” debe ser modificado a “escribiendo una nueva historia violenta”, “porque todos los días el gobierno transgrede la ley, lo que lo ha tornado litigioso, aunque todos los juicios a los que va, los ha perdido. Quiere convertirse en el rey solo”.

Arce Gaxiola comparó a Chapman Moreno con Juan Vargas, el alcalde de San José de los Saguaros de la película La Ley de Herodes que todos los días interpretaba la ley para joder a los habitantes y contribuyentes.

Los tres políticos resumieron así el gobierno de Manuel Guillermo Chapman Moreno pues consideraron que es proclive a pisotear el estado de derecho que juró cumplir y hacer cumplir, además de que está sumando exponencialmente repudio social por el deterioro intencional de la infraestructura municipal básica como vialidades, drenaje sanitario, recolección de basura, alumbrado público, entre otros servicios.

Las críticas contra el alcalde suceden y se incrementan en la víspera del 14 de septiembre cuando se conoció el orden del día para la celebración de la sesión de cabildo extraordinaria el 17 de septiembre en que el cabildo validó a Pavel Roberto Castro Félix como Director del Órgano Interno de Control, habiéndose autopropuesto el 11 de septiembre, para el ejercicio del 24 de noviembre del 2020 al 23 de noviembre del 2023, sin haber concluido el primer periodo.

De acuerdo con el acta de cabildo número 35 realizada el 23 de noviembre del 2017 en el periodo del alcalde, Álvaro Ruelas Echave, Castro Félix fue aprobado por unanimidad para una gestión de tres años habiendo sido propuesto por la entonces Síndico Procurador, Cecilia Hernández Flores. Ese periodo concluye el 24 de noviembre del 2021.

La aprobación del cabildo a la autopropuesta violó los artículos 39 y 67 Bis A de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa reglamentaria al Título Quinto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y que fue reformada por decreto publicado en el número 80 del Periódico Oficial editado el 01 de julio del 2016. “Estos, respectivamente, reservan a Síndico Procurador la dependencia del Órgano Interno de Control y la facultad de proponer a su titular, y será el cabildo quien vote, expuso Arce Gaxiola.

En el caso no hubo tal propuesta, por lo tanto el cabildo y el alcalde transgredieron la norma jurídica vigente y de nueva cuenta la garantía de no obstrucción del cargo de Valenzuela Benites sentenciada por el Tribunal Estatal Electoral en el juicio TESIN-JDP-21/2019 y los incidentales de inejecución de sentencia 03/2020 y 04/2020 por lo que ya fueron apercibidos; además de que los resultados del ejercicio vigente de Castro Félix son insuficientes para aprobar un nuevo ejercicio, afirmó.

Mientras que Valenzuela Benites recordó que en el 2017 la designación fue ilegal y viciada de origen porque el mencionado no reunía los requisitos de antigüedad en cargos similares, experiencia de contralor, y no haber sostenido una relación laboral con el municipio por un lustro atrás. Además, este se encuentra sujeto a las carpetas de investigación 26/2020 por ejercicio indebido del servicio público, y desempeño irregular del cargo de contralor; tráfico de influencias por promoverse a cargo carpeta 414/2020 y demanda 420/2020 ante el Tribunal de Justicia Administrativa por faltas graves en el ejercicio del cargo. “Estos asuntos no les fueron informados a los regidores, o si lo hicieron, estos fueron omisos en su evaluación del perfil, además.

Rivera Villela dijo que Chapman Moreno se escuda en la mafia del poder PRIAN-PT cuyo capo lo es Leobardo Alcántar, los “padrinos” la bancada de regidores y el alcalde, para todos repartirse las grandes bolsas que obtienen por métodos diversos.

“Ellos integraron una nueva mafia para vivir de las finanzas públicas, en menoscabo del bien común de los resientes de Ahome que a cambio de sus impuestos reciben servicios públicos deficientes municipales. El deterioro de la ciudad es evidente”, dijo.

Por su parte, el diputado local, Juan Ramón Torres Navarro, vicepresidente de la Sexagésima Tercera Legislatura, consideró que Chapman Moreno realiza un gobierno cochino en aspectos legales, procedimentales y suministro de servicios públicos.

Se pronunció por someterlo al escrutinio legal para acabar con las rapacerías de un gobierno que finalmente traicionó las ofertas de la campaña electoral.

Los ediles, Gerardo Amado Álvarez y Ramón López Félix se sumaron a las condenadas, mientras que los opositores, Alfonso Pinto y Raúl Cota Murillo la defendieron y justificaron que el caso se encuadra en el marco legal.

Artículo publicado el 20 de septiembre de 2020 en la edición 921 del semanario Ríodoce.

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