agosto 2, 2021 10:27 PM

El revés de Armando Villarreal; juez le prohíbe salir del país

CULIACAN SINALOA, 18AGOSTO2016.- Entrevista con el Secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.

FOTOS:CRISTIAN YARELY DÍAZ/RÍODOCE

Los recursos presuntamente desviados por ex funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas en el Gobierno de Mario López Valdez, eran de fondos y programas de educación, salud, seguridad pública e infraestructura.

Lea: Proceso penal contra Villarreal y otros ‘Malovistas’ volverá a empezar https://bit.ly/32vMWKm

Por el supuesto desvío, la Fiscalía General del Estado acusa al ex secretario Armando Villarreal Ibarra; al ex director de la Tesorería, Ernesto Herrera Félix; y el ex auxiliar de la Tesorería, José Carlos López Ramírez.

Los tres fueron vinculados a proceso penal desde abril de 2018, pero un Tribunal Colegiado concedió amparos a cada uno y anuló los autos de vinculación y ordenó al Juez de Control volver a resolver.

La semana pasada se llevó a cabo otra vez la audiencia inicial para Villarreal Ibarra y la Jueza Sara Bruna Quiñónez volvió a dictar auto de vinculación a proceso.

Para la nueva audiencia inicial, el Tribunal dictó lineamientos y ordenó que cuando el Ministerio Público formulara imputación, detallara el origen y destino de los recursos, precisara cuál fue la participación del ex Secretario, explicara si la conducta fue de omisión u acción y si fue culposa o dolosa.

El Fiscal, Librado Romero, dio a conocer que los recursos desviados salieron de 112 fondos o programas.

En audiencias anteriores la FGE había señalado que el monto presuntamente desviado de 293 millones de pesos se había ajustado a 260 por que los imputados solventaron una parte pero la semana pasada en la imputación volvió a señalar 293 millones.

El Fiscal mencionó que se hicieron 113 transferencias de 112 cuentas bancarias de recursos federales a cuatro cuentas de recursos estatales sin justificación y sin sustento documental.

Por exigencia del Tribunal, detalló que 839 mil 929 pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y rehabilitación de unidades deportivas fueron trasferidos a la cuenta de Ingresos Propios 2011.

De programas como Infraestructura de Educación Media Superior, Infraestructura de Educación Básica, Fondo Sepdes, Rescate de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras y Contingencias Económicas, trasfirieron 27 millones 272 mil pesos a la cuenta Pagadora 2016.

A la cuenta Ingresos Propios 2010 trasfirieron 925 mil 341 pesos de programas como Escuela Segura y Seguro Médico Siglo XXI.

A otra cuenta llamada Ingresos Propios 2011 trasfirieron 264 millones 441 mil pesos de 99 programas y fondos.

Entre esos programas se encuentran Capacitación Magisterial, Atención a Jornaleros, Expansión de la Oferta Educativa, Universidad Indígena de México, Cobaes, Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, Universidad Politécnica de Sinaloa y rescate de espacios públicos.

El Fiscal indicó que los traspasos se hicieron entre cuentas del Gobierno del Estado y se desconocía en qué se habían gastado los recursos.

“¿No sabe exactamente en qué se gastó el dinero?”, preguntó la Jueza la fiscal.

“Hay un peritaje para conocer el destino pero no está concluido”, respondió el ministerio público.

Para cumplir con la sentencia de amparo, dijo que la conducta de Villarreal fue dolosa porque hizo las trasferencias intencionalmente y de acción porque tuvo participación directa en las trasferencias.

Abundó que Villarreal fue quien ordenó las trasferencias a Herrera Félix y López Ramírez las ejecutó.

Aseguró que la acusación por ejercicio indebido del servicio público fue porque intencionalmente no evitó que se causara un daño al erario, estando dentro de sus facultades hacerlo.

En el caso de desempeño irregular de la función pública es por dar una aplicación distinta a los fondos que ya estaban destinados.

Incumplió en la vigilancia y la correcta y exacta aplicación de los recursos, señaló.

El abogado defensor, Ernesto López Benítez, dijo que no se acreditan los elementos para dictar un auto de vinculación.

Mencionó que los datos de prueba no son suficientes para acreditar los delitos y solo refuerzas la presunción de inocencia de Villarreal.

Si en realidad hubo un desvío, indicó, la Fiscalía no ha podido determinar el destino.

Pasar dinero entre cuentas del gobierno del estado es una conducta administrativa, no penal, porque los recursos nunca salieron del gobierno estatal, aseguró.

Además, detalló, no hay ningún dato de prueba que indique que los recursos estaban etiquetados.

Mencionó que para que lo acusen del delito ejercicio indebido el hecho lo tuvo que haber cometido un tercero y en este caso a Villarreal lo acusan de cometer la conducta y al mismo tiempo de no evitarla.

No pueden imputar al mismo de causar un daño y también de no evitarlo, expresó.

La Jueza de Control valoró los datos de prueba y consideró que eran suficientes para vincularlo a proceso penal.

“Con el cargo que tenía podía hacer las trasferencias y evitarlas y no lo hizo a sabiendas de que era incorrecto. Sabía que hacer el desvío era contrario a la Ley y lo realizó”, mencionó.

Comentó que no se advierte ninguna justificación para realizar los traspasos.

Como medidas cautelares impuso depositar una garantía de 500 mil pesos, acudir cada mes a firmar  y tiene prohibido salir del país sin autorización del Juez.

La Fiscalía solicitó un plazo de tres meses para cerrar la investigación.

Artículo publicado el 13 de septiembre de 2020 en la edición 920 del semanario Ríodoce.

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