Indígenas se reagrupan y van por cobanaros que consideran traidores

Reunidos bajo un cobertizo en el campo pesquero Lázaro Cárdenas, un centenar de indígenas se alzaron contra falsos gobernadores tradicionales que han cedido la integridad de los pueblos al aún fallido intento de construir en la bahía de Topolobampo una planta de producción de amoniaco, y confirmaron su rechazo a la industria, por depredadora del medio ambiente, peligrosa para la supervivencia de las etnias y mentirosa sobre los posibles daños ecológicos.

Guiados por el cobanaro, Tiburcio Ahumada Maldonado, Francisco Álvarez Quiñónez, Javier García Armenta, Emilio Maldonado Vázquez y Melina Sandoval el grupo acordó sumarse a la lucha de Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, gobernador tradicional de Ohuira que se ha mantenido firme en el rechazo a la industria y que por ello ha sido objeto de una campaña de desprestigio personal en redes sociales y en su propia comunidad, al igual que los miembros del colectivo ¡Aquí No! que defienden su derecho a la vida libre de contaminantes y a mantener una bahía sin más problemas ambientales.

El grupo aprobó a mano alzada iniciar demandas por usurpación de funciones y ostentarse con cargo ajeno en contra de Librado Bacasegua Elenes, presidente del Consejo Supremo Mayo de Kobanaros de Sinaloa por asumirse como cobanaro de El Carricito sin serlo y con ello presidir una agrupación que lo único que ha provocado es daño a las tribus de Ahome y sus alrededores.

Exigieron que el Gobierno de Sinaloa y el de Ahome dejen de prestarle atención y pagarle por sus servicios de traición a las etnias, pese a que a los políticos corruptos desde el gobernador, Quirino Ordaz Coppel y al alcalde, Manuel Guillermo Chapman Moreno les conviene a sus intereses.

“La realidad es que él no representa a nadie, y debe de terminar en la cárcel por su servilismo a los políticos ladrones y empresarios sin vergüenzas, como los de GPO”, denunció Sandoval.

La asamblea de yoremes se realizó este jueves, luego de que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador reviviera el caso de la planta de fertilizantes y afirmara en la “La Mañanera” que no había permisos para la construcción de la planta de amoniaco y que estaba en duda la propiedad del terreno, además de que la consulta indígena se realizaría una vez que se obtuvieran las autorizaciones.

Arturo Moya, Director del Proyecto de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) respondió que el grupo adquirió los terrenos de acuerdo a precios de mercado y sostuvo que cuentan con la Manifestación de Impacto ambiental SGPA/DGIRA/DG03576 expedido el 21 de abril del 2014 por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, además de todos los permisos estatales y municipales, que no detalló.

El ex diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Gerardo Peña Avilés documentó que la escrituración de los terrenos en donde se pretende construir la industria es ilegal porque se trata de predios considerados como bienes nacionales porque están sobre la franja de 20 metros de zona federal marítimo terrestre del ejido Rosendo G. Castro, además de ser criaderos de biomasa marina, reproducción de humedales y de anidación de aves endémicas y migratorias, y por ello cuenta con protección Ramsar.

La escrituración de los predios corrió a cargo del ex diputado federal, Rubén Benjamín Félix Hays, que compró los terrenos de agostadero y amplió la posesión para luego obtener el dominio pleno y escriturarlos a nombre de su esposa y un prestanombre. Los terrenos terminaron en manos de GPO.

Peña Avilés inició varias denuncias ambientales por el caso pero no prosperaron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto porque los promotores del proyecto eran el ex candidato a la presidencia del país por el Partido Revolucionario Institucional , Francisco Labastida Ochoa y el ex gobernador, Mario López Valdez.

Entonces acusó que López Valdez había revelado información estratégica a Felix Hays para que adquiriera los terrenos en donde se proyectaba edificar la industria, y consideró que la aprobación de la MIA que ostenta GPO era producto del tráfico de influencias entre priistas.

Joel Ulises Pinzón, activista en ¡Aquí No! consideró que las revelaciones del Presidente Municipal establecen que ya tiene la información que ellos ventilaron desde un principio cuando declararon como ilegal el proyecto que con capital alemán y con la mejor tecnología del mundo es depredadora y violatoria a los normas sanitarias.

Sugirió a los empresarios empecinados en construirla en un sitio que la población los rechaza, llevarse el proyecto a otra parte del estado o del país. “Si su intención real es cumplir con la normas federales, abaratar el amoniaco y generar empleos, lo mismo da que suceda en cualquier otro punto del país que en Topolobampo, pero si incumplen las exigencias es claro que se aferran a una autorización que fue obtenida de manera ilegal”.

Artículo publicado el 30 de agosto de 2020 en la edición 918 del semanario Ríodoce.