Mientras el gobierno estatal licita la adquisición de elevadores con un valor de 5.8 millones de pesos para el nuevo estadio de futbol de Mazatlán, no entrega 10 millones de pesos a la Comisión Estatal para la Atención de Víctimas del Delito, como sucedió el año pasado; tampoco se entregan recursos a la Comisión Estatal para la Búsqueda de Personas Desaparecidas; y retardó mes y medio por análisis presupuestal el decreto de una ley que implicaría la creación de un fondo para la atención de familias de desplazadas por la violencia.

“Son instituciones de membrete”, cuestionó la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso local, Alma Rosa Garzón, al señalar que no se les entrega presupuesto estatal para su operación.

Al inicio de su gobierno, Quirino Ordaz Coppel consignó en su Plan Estatal de Desarrollo que el tema de los desplazados necesitaba abordarse con método, legislación, presupuesto y estrategia para atender esta lamentable problemática; pero cuando el Poder Legislativo le envió para su publicación los decretos aprobados sobre una Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado interno, les aplicó el “veto de bolsillo” por mes y medio.

En la página 95, del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, el gobierno de Ordaz Coppel consignó que el desplazamiento forzado era un problema que laceraba a Sinaloa, al posicionarse entre los 12 estados donde se ha desplazado la población por motivos de inseguridad.

El mismo documento retomó datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tenía registrados que la mayor proporción del problema estaba en 10 de los 18 municipios de Sinaloa: Ahome, Angostura, Sinaloa, Choix, Mocorito, Culiacán, Badiraguato, Concordia, Mazatlán y Escuinapa.

Se reconocía además que el fenómeno se había incrementado en los últimos años, principalmente en las zonas serranas. Los datos eran fríos y duros. En 2015 se estimaba eran 690 familias las afectadas, lo que implicaba que 2 mil 700 personas habían tenido que abandonar sus hogares, pero las cifras no oficiales ya hablaban de 33 mil personas desplazadas entre 2012 y 2017.

En el Tercer Informe de Gobierno se consignó que durante el 2019, el gobierno estatal había atendido ese año un total de 4 mil 160 desplazados con despensas, empleo temporal, enseres domésticos y terrenos para fincar sus viviendas.

En específico, con una asignación presupuestal autorizada por el Congreso del Estado se informó que habían entregado 2 mil 975 despensas, 400 estufas, 407 apoyos económicos para proyectos productivos, atendido nueve casos de salud y entregado tres apoyos funerarios. Dentro de un programa de Acceso a la Vivienda a Desplazados habían entregado 277 lotes con servicios progresivos.

El pasado 9 de julio el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, sin embargo se retardó la entrada en vigor porque el decreto.

Aunque ya se había expedido con anterioridad una Ley de Atención y Protección a Víctimas, los diputados consideraron que era suficiente para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos, de las personas desplazadas a consecuencia de la violencia, entre otros factores, y se requería contar con un ordenamiento específico en la materia, que regulara tal situación para así garantizar los derechos humanos en igualdad de condiciones, como ya lo tenían entidades como Chiapas y Guerrero.

El decreto integrado por 50 artículos y seis transitorios, establece medidas de asistencia, la ayuda humanitaria, así como la obligación del gobierno estatal y los Ayuntamientos para tomar medidas preventivas para facilitar el retorno voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su lugar habitual, o en su caso su reasentamiento.

Entre las obligaciones específica se asienta que el gobierno estatal y los municipios deberán promover programas, acciones y medidas para el retorno de los desplazados, con la finalidad de generar condiciones de sustentabilidad económica y social, relacionadas con proyectos productivos, fomento de microempresa, capacitación y organización social, oportunidades de empleo, atención en la salud, entre otros.

En defensa de la no publicación de los decretos, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Ana Cecilia Moreno, argumentó que entre otras razones, estaba el análisis de viabilidad presupuestal.

Debido a la pandemia, explicó, han disminuido los ingresos propios de la administración estatal, y se han reducido las participaciones federales, y por ello ahora más que nunca el Ejecutivo Estatal estaba obligado a revisar de manera meticulosa el impacto financiero de toda acción legislativa.

Dentro del contenido de la nueva ley se contempla la creación de un Fondo Especial para la Atención de Personas Desplazadas que establece la obligación del gobierno estatal de incluir en la Ley de Ingresos y Presupuesto de cada año, los recursos para los desplazados que deberán estar incluidos en un registro estatal para recibir los apoyos.

En los artículos transitorios, el decreto estableció que una vez publicado, la nueva ley comenzará a contar una serie de plazos. Por ejemplo, La Secretaria de Desarrollo Social deberá crear el Registro Estatal de Personas Desplazadas en un plazo que no deberá exceder de los 60 días naturales, y dentro del mismo tiempo deberá nacer el programa de atención a este sector de la población, así como la integración de una comisión intersecretarial que intervendrá en diversos frentes.

Adicionalmente el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado deberá llevar a cabo todos los ajustes presupuestales necesarios para la constitución del Fondo Especial para la Atención y Protección de Personas Desplazadas, en un término de 90 días naturales.

El presupuesto que deberá destinarse ahora a desplazados, luego que el decretó fue publicado este viernes 21 de agosto, no será garantía, si se toma en cuenta la suerte que ha tenido la Comisión de Atención Integral de Víctimas contra el delito para la cual se aprobaron recursos en el presupuesto del 2020, pero no han sido entregados.

La situación fue planteada en la Diputación Permanente por la diputada del PAN, Roxana Rubio.

Para el 2019, el Congreso del Estado aprobó un monto de 10 millones de pesos para el fondo que contempla la Ley de Atención de Víctimas del Delito, denominado Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y nombró al primer comisionado a Óscar Fidel González Méndivil, pero los recursos jamás fueron suministrados, denunció la diputada panista.

Para el 2020, nuevamente se aprobaron otros 10 millones, pero a la fecha tampoco se han entregado, en detrimento de las víctimas.

“Estamos ante la configuración de una violación a los Derechos Humanos por parte del Ejecutivo del Estado”, denunció.

Como ejemplo, puso las víctima de octubre de 2019 en llamado “jueves negro”, durante muchos ciudadanos de Culiacán perdieron seres queridos y vehículos, pese a que tenían el derecho a ser atendidas, nunca se les ha reparado el daño por falta de recursos del fondo.

“El Ejecutivo de Estado no puede continuar conduciéndose de una manera irresponsable en un tema tan sensible y doloroso, como es el de las personas que sufren por un hecho delictuoso y acuden al estado para hacer valer su derecho de víctimas, terminando victimizadas, una y otra vez ante la falta de apoyo al que tienen derecho”.

Artículo publicado el 23 de agosto de 2020 en la edición 917 del semanario Ríodoce.