Luego que la Diputación Permanente exhortó al gobernador a publicar los decretos pendientes y no aplicarles el “veto de bolsillo”, el Ejecutivo Estatal promulgó este viernes la Ley para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno en el Estado de Sinaloa; y las reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Durante la sesión de la Diputación Permanente del pasado martes, se aprobó el exhortó al ejecutivo estatal, en una sesión en donde en su defensa, el Grupo Parlamentario del PRI, en voz de la diputada Ana Cecilia Moreno, argumentó que la demora obedecía a que estaban en un análisis de viabilidad presupuestal, dado la caída de sus ingresos por la emergencia sanitaria.
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La Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno se había aprobado por unanimidad desde el pasado 9 de julio.
El decreto integrado por 50 artículos y seis transitorios, establece medidas de asistencia, la ayuda humanitaria, así como la obligación del gobierno estatal y los ayuntamientos para tomar medidas preventivas para facilitar el retorno voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su lugar habitual, o en su caso su reasentamiento.
Entre las obligaciones se asienta que el gobierno estatal y los municipios deberán promover programas, acciones y medidas para el retorno de los desplazados, con la finalidad de generar condiciones de sustentabilidad económica y social, relacionadas con proyectos productivos, fomento de microempresa, capacitación y organización social, oportunidades de empleo, atención en la salud, entre otros.
Las reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria habían sido aprobadas el 25 de junio, permitirán un ejercicio de la división de poderes, para que el Congreso de Estado, el Poder Judicial, y los organismos autónomos pueden administrar directamente sus recursos presupuestales sin depender del Poder Ejecutivo.
La entrada en vigor de dichas reformas dará una vida presupuestal y autónoma al Poder Legislativo, el cual ha operado en dependencia total al gobierno estatal en turno, quien es el propietario de los inmuebles, realiza el pago de nómina e incluso comparte la razón fiscal.
En tanto los organismos autónomos tener mayor disponibilidad del presupuesto que les es aprobado por el Poder Legislativo, sin tener como intermediario permanente la dosificación que realizaba la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno estatal.
