Bajo sospecha puso la Comisión de Fiscalización las “ayudas sociales” que los diputados de la anterior Legislatura gastaron el último año de su gestión constitucional.

La suspicacia de los diputados de Morena, quienes en mayoría integran la Comisión de Fiscalización, nació porque la Auditoría Superior del Estado no revisó todas las partidas del presupuesto ejercido en 2018, entre ellas, el gasto de 21 millones 216 mil pesos en “ayudas sociales”.

En el informe financiero de la anterior legislatura del periodo comprendido entre el primero de enero al 31 de agosto se consignó ese gasto de “ayudas sociales”, pero el concepto es inexiste en el informe de revisión y fiscalización 2018 que la ASE entregó a los actuales diputados.

Lea: Con ‘Fondos de Gestoría Social’ diputados compran flores, regalos y hasta toallas https://bit.ly/3jKbRAf

Una inconsistencia adicional que señaló la Comisión de Fiscalización en su dictamen es que en los avances de la cuenta pública del tercer trimestre de 2018, firmados por el entonces secretario general del Congreso del Estado y el director administrativo, Martín Humberto Juárez Peraza, respectivamente, reportaron cero pesos en la partida de “Ayudas Sociales”.

“Llama la atención a esta Comisión que mientras el informe financiero registre al mes de agosto una aplicación de 21 millones 264 mil pesos en partida ayudas sociales, lo que muestra el documento de cuenta pública al mes de septiembre sea de cero pesos”, se lee el dictamen emitido.

La Comisión de Fiscalización hace la precisión de que al no estar previsto en la legislación el concepto de “ayudas sociales” en la actual Legislatura fue acordado se donaran 10 millones 427 mil pesos en coordinación con el Instituto de Vivienda del Estado para apoyar a las familias damnificadas por el huracán “Willa” y la tormenta tropical 19E en el sur de Sinaloa.

Cabe señalar que la Constitución local no precisa que dentro de las facultades y obligaciones de los diputados esté la entrega de apoyos económicos o en especie.

Durante la anterior Legislatura, cada uno de los diputados recibía recursos de fondos que sumaban 70 mil pesos mensuales bajo los conceptos de Gestión y Gestoría Social. Al llegar la actual Legislatura, en octubre de 2018, con el grupo mayoritario de Morena, el rubro se compactó a 50 mil pesos en los últimos tres meses, recursos que debían ser comprobados en su aplicación con facturas fiscales.

Lea: Eliminan diputados fondo de gestión social y aumentan dieta mensual a 107 mil https://bit.ly/2ElDboq

Para el presupuesto de 2019, el Congreso del Estado aprobó que los fondos de gestión social se integraran a los sueldos de los Legisladores, con lo que se aseguró que terminaba la simulación de que un diputado ganaba 40 mil pesos, para quedar con ingresos oficialmente mensuales de 107 mil pesos.

El Instituto Mexicano de la Competitividad en sus estudios ha señalado que es una práctica frecuente de los congresos locales el gasto en “ayudas sociales”, lo que es considerado un ejercicio indebido del gasto público, ya que no está sustentado en el marco legal y se invade funciones del Poder Ejecutivo.

Para el año 2020, la actual Legislatura cambió de opinión y decidió retornar el concepto de “ayudas sociales” y aprobó otorgar 20 mil pesos a cada diputado para ese fin.

En una investigación realizada por Ríodoce en la anterior Legislatura, se encontró que existía una muy escasa regulación para la justificación de los gastos de “ayudas sociales”, ya que los mismo se entregan facturas de medicamentos, que de flores, pasteles, centros de mesa, dulces o toallas sanitarias.

En el informe del IMCO, son 25 congresos locales que tienen el concepto de ayuda sociales. “La ley no los habilita a dar despensas o juguetes, ni ofrecer fiestas o ayudas económicas, y tampoco a construir obra pública”, señaló el organismo en un estudio sobre el gasto en los congresos.

Previo a que en el presupuesto del 2020 se aprobara el regreso de las “ayudas sociales, el coordinador de la bancada del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez apuntó que en los fondos de gestión social lo que faltaba era mayor transparencia y fiscalización.

Por su parte, la coordinadora de Morena, Graciela Domínguez Nava, dijo entonces que el tema fue analizado a petición de los diputados de su bancada, pero también de otros grupos parlamentarios.

En el informe de la ASE sobre la cuenta del Poder Legislativo de 2018, registró un total de 19 observaciones, y solamente pliegos de observaciones por un millón 55 mil pesos, lo cuales deben justificarse a más tardar el próximo 31 de julio.

La ASE determinó que la cuenta pública del Congreso del Estado es aprobatoria, pero la Comisión de Fiscalización, integrada por mayoría de Morena, decidió reprobarla por no haberse auditado la partida de “ayudas sociales”.

Con motivo de la emergencia sanitaria de presente año, los diputados destinaron 2 millones 400 mil pesos del Fondo de Gestión Social para la donación de insumos médicos de hospitales públicos.

El caso del Poder Legislativo, como el de todos los entes auditados en 2018, es reprobatorio.