Debaten diputados legalidad de acuerdos sobre cuentas públicas

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La legalidad de la expedición de acuerdos emitidos por la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado sobre las cuentas públicas 2018 de ayuntamientos fue el centro de la discusión entre los grupos parlamentarios de Morena, PRI y PAN.

Al iniciarse por parte del Pleno la discusión de un primer paquete de ocho cuentas públicas de ayuntamientos, la controversia no se centró, como en el pasado, en las observaciones encontradas en las auditorías, sino si era legal o ilegal que la Comisión de Fiscalización haya hecho llegar dictámenes de acuerdos, en lugar de decretos.

La controversia la inició la presidenta de la Mesa Directiva, Gloria Himelda Félix Niebla, al manifestar su inconformidad porque la Comisión de Fiscalización optó por presentar para la votación propuestas de acuerdos, sin que hiciera una explicación contundente y pormenorizada con fundamentos jurídicos.

“Cabe señalar que la argumentación que se advierte para este propósito resulta difusa, no contundente y basada en meras inferencias que no tienen sustento dentro de nuestro orden jurídico y legal local”, advirtió.

En una larga, argumentación, expuso ante los diputados que los dictámenes que se presentaban por parte de la Comisión de Fiscalización adolecían de deficiencias formales toda vez que debió proponer la aprobación de un proyecto de decreto y no de un acuerdo.

En contra parte, tanto el presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta, como la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, defendieron la facultad como legisladores de presentar acuerdos con validez jurídica.

El hecho que en el pasado se hayan presentado decretos en materia de cuentas públicas no implica que sea ilegal presentar acuerdos, como uno de los productos que puede expedir el Congreso del Estado más en una materia de fiscalización que es materia exclusiva del Poder Legislativo, señalaron.

Domínguez Nava aseguró que en el fondo la oposición del Grupo Parlamentario del PRI a la expedición de acuerdos es que le quieren abrir al gobernador la posibilidad de que puedan ser vetados los decretos de las cuentas públicas, como ocurrió el año pasado, expedientes que actualmente se encuentran en una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En su intervención, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez, defendió que tanto en el Congreso de la Unión, como en la mayoría de los Congresos estatales se emiten decretos sobre las cuentas públicas, por lo que consideró que se transgrede la ley pretender llevar a acuerdos un dictamen que deber ser tratado como decreto.

Consideró que es una verdadera vergüenza que por segundo año consecutivo se queden las cuentas públicas en el limbo por las actitudes del grupo mayoritario de Morena que no hacer cumplir la legalidad.

En su intervención, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Iván Villalobos, calificó como ilegal e inmoral, pero legal que el gobernador Quirino Ordaz Coppel haya vetado las cuentas públicas del año pasado.

Lamentó que conforme al marco legal, el derecho del veto le asiste al gobernador, pero que el Poder Legislativo no ha trabajado para lograr reformas legales en la materia.

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