Por mayoría el Congreso del Estado aprobó incrementar sanciones a delitos ambientales y perseguirlos de oficio, como la quema de soca y esquilmos agrícolas, al reformar la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa.
Quien dolosamente realice quema de soca y esquilmos agrícolas, se impondrá una pena de uno a siete años de prisión y una multa de quinientas a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se estableció en el dictamen aprobado con 32 votos a favor y dos en contra por parte de los diputados Apolinar García Carrera y Fernando Mascareño.
La reforma establece además las penas podrían aumentarse una tercera parte más, cuando quien cometa el delito sea servidor público cuya obligación sea proteger el medio ambiente y que teniendo conocimiento de este ilícito, omita realizar las funciones propias de su encargo para prevenir, solucionar y sancionar al o los responsables.
El Congreso aprobó dictamen presentado por las Comisiones, de Puntos Constitucionales y Gobernación, Justicia y de Ecología y Desarrollo Sustentable, que presiden Horacio Lora Oliva, Alma Rosa Garzón Aguilar y Roxana Rubio Valdez, respectivamente.
En el dictamen los diputados señalaron que buscan proteger, es la salud pública, los recursos naturales, la fauna, la flora, los ecosistemas y en general el ambiente.
Previo a la votación, el diputado declarado ahora sin partido, Apolinar García, cuestionó que en el dictamen no explicó el criterio para aumentar la penalidad con cárcel y multas, y que se le quitaron atribuciones en recaudación a los municipios por multas en caso de podas y derivación de árboles en parque y jardines, además que no existe claridad que los montos por multas van a ser dirigidas a un fondo ambiental.
El código de delitos ambientales, señaló el antes diputado de Morena, sólo es recaudatorio y punitivo y no para frenar la contaminación ambiental, por lo que ya debería estar creada la Procuraduría Ambiental y echar andar el Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable, el Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable y Fondo Ambiental, todos ellos con participación ciudadana.
Las iniciativas de reforma fueron presentadas por separado por los diputados del PAN, Roxana Rubio Valdez y Jorge Iván Villalobos Seáñez; y la legisladora del PAS, Angélica Díaz Quiñónez y el exdiputado Víctor Antonio Corrales.
Ambas iniciativas coincidieron en adicionar diversas disposiciones en el Código Penal para el Estado de Sinaloa, para tipificar como delitos diversas acciones que provocan daño al ambiente.
