El testigo social Adrián Coppel Calvo, pidió mejorar la transparencia en el suministro de despensas que la Secretaría de Desarrollo Social realiza a través 40 mil tarjetas electrónicas para familias vulnerables de Sinaloa, afectadas por la falta de ingresos por la pandemia.
En su testimonio público el testigo social pidió mayor transparencia a las Secretarías de Administración y Finanzas, y a la de Transparencia y Rendición de Cuentas.
Entre un listado de cinco observaciones, Coppel Calvo señaló que no se subió a Compranet Sinaloa la propuesta técnica del licitante, es decir, Casa Ley, quien fue el ganador del suministro de despensas.
Precisó además que en el concurso económico que se convocó entre licitantes debió considerarse la comisión propuesta en la transacción y uso, ya que en los anexos señaló que se debía señalar los costos, comisiones y demás accesorios por la emisión y uso de las tarjetas, pero en las bases sólo se considera el criterio del costo de emisión.
Otro de los señalamientos consiste en que la propuesta económica del licitante ganador menciona que no se cobrará por la emisión de las tarjetas, pero no hace alusión a una propuesta de cobro por transacción o uso, por lo que recomendó aclarar si Casa Ley va a cobrar o está cobrando por este concepto algún cargo.
Debió aclararse, indicó, si la cadena comercial ganadora debe garantizar que la presentación y precio final de los artículos indicados por el gobierno estatal debe ser igual sin importar el medio de pago. “De modo que esta canasta de artículos sea una oferta comercial en ‘términos iguales’ a cientes usando la tarjeta que el resto de clientes, usando otro medio de pago”.
Señaló además que en las bases de operación del suministro de despensas, que las secretarías de Administración y Finanzas, Desarrollo Social, y Transparencia y Rendición de Cuentas, vigilaran durante el periodo del contrato que se cumpla con la igualdad de condiciones en términos de costo y precio final en beneficio de los destinatarios de los apoyos económicos.
El testigo social afirmó que la licitación no pareció algún tipo de sesgo o criterio irrazonables que se pida al establecimiento, además que Casa Ley, el único participante en la licitación cumplió con los requisitos de capacidad de atención a la población con al menos 70 puntos de venta en el estado para reducir al máximo los costos de traslado a la población beneficiada.
La entrega de tarjetas para canjearla por productos alimenticios por un valor total de 350 pesos fue un programa emergente que implementó el gobierno estatal para apoyar a familias afectadas por falta de trabajo con motivo de la emergencia sanitaria provocada por Covid-19.