Cortan historia de control presupuestal de gobernador a poderes legislativo y judicial

El día que el panista, Jorge Iván Villalobos, fue a cobrar el primer cheque como legislador en el Congreso del Estado, se dio cuenta que tenía la leyenda de “Secretaría y Administración y Finanzas”. De inmediato preguntó la razón al personal que lo atendió. “Porque así ha sido siempre diputado, no se enrede”, le respondieron.

El recuerdo le vino al diputado poco antes de aprobar la reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. En tribuna la calificó como una emancipación para hacer posible la división de poderes respecto al Ejecutivo Estatal.

Ante el Pleno, el diputado de Morena, Marco César Almaral detalló la situación de subordinación en la operación administrativa y presupuestal del Poder Legislativo ante el Ejecutivo.

A pesar de que constitucionalmente existe una división de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo cierto es que en el terreno de los hechos, el Congreso del Estado no ha operado administrativamente con independencia del Gobierno del Estado de Sinaloa. El funcionamiento no se asemeja siquiera a una paraestatal, sino prácticamente a una oficina estatal más.

Entre las situaciones de subordinación administrativa del Congreso del Estado al Poder Ejecutivo, destaca el hecho de que el Poder Legislativo ni siquiera tiene un registro federal de contribuyentes propio, sino que comparte el del Gobierno del Estado.

La división de poderes ha sido una línea invisible en Sinaloa. Ni siquiera el recinto legislativo aparece a nombre del Congreso del Estado, sino en la relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio del Poder Ejecutivo.

Por el uso de las instalaciones, cuyo valor asciende a 105 millones 18 mil 666 pesos, existe un comodato por el cual el Congreso del Estado está obligado a regresarle bienes al gobierno estatal con valor de 10 millones 334 mil 428 pesos, según está registrado en los documentos contables.

Tampoco el estacionamiento del edificio del Congreso del Estado, con un valor calculado en 57 millones 749 mil 336 pesos, le pertenece al Poder Legislativo.

La maquila de la nómina de diputados y todos los trabajadores que laboran en el Poder Legislativo siempre ha sido realizada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa.

A través de la celebración de convenios el Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, realiza los pagos y las erogaciones correspondientes.

Los trámites de alta y baja del personal ante el ISSSTE han estado siempre canalizados por una área interna del Congreso al Departamento de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, el cual lleva dichos registros, así como el control y trámite de las pensiones y jubilaciones del personal del Congreso del Estado, lo que ha constituido una alta dependencia del Poder Ejecutivo.

En la historia de la profunda dependencia administrativa al gobierno estatal en turno, destaca la reforma que realizó la anterior legislatura a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, que incluyó a los poderes Legislativo y Judicial, y los órganos constitucionales autónomos, con el objetivo que los gastos de todos ellos se controlaran, mediante convenios con el titular del Poder Ejecutivo, por conducto de su Secretaría de Administración y Finanzas.

El acuerdo era una evidente operación contraria incluso a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que los poderes, así como como los órganos constitucionalmente autónomos, deben contar con autonomía financiera o de gastos, para poder disponer de sus fondos con plena libertad.

Bajo este esquema ha controlado el gobierno estatal los presupuestos del Poder Legislativo y Judicial, y se ha extendido a los organismos autónomos que debiesen gozar de autonomía presupuestal como la Fiscalía General del Estado, el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

“Con ese control de un poder sobre otros, que además de los bienes, se controlara hasta los presupuestos era visto hasta natural por quienes suponían o por quienes todavía asumen que sobran los contrapesos constitucionales”, señaló Marco César Almaral, diputado de Morena y miembro de la Comisión de Fiscalización, antes de que se votara la reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacienda.

“Que los bienes de un poder estén en manos de otro, no es más que la evidencia de la caricatura que históricamente desde el Poder Ejecutivo y por quienes siempre controlaron este Congreso, tenían o entendían por ‘separación de poderes’, expresó el diputado, que también había firmado la iniciativa.

El dictamen presentado por la Comisión de Hacienda recibió la mayoría de votos aprobatorios de los diputados asistentes, sólo dos legisladores del PRI, la votaron en contra, Cecilia Moreno Romero y Jesús Armando Ramírez.

La propuesta de reforma fue presentada por el Grupo Parlamentario de Morena el 24 de octubre de 2019, para dar fin al dominio administrativo y presupuestal del gobierno estatal sobre los otros poderes y los organismos autónomos.

Artículo publicado el 28 de junio de 2020 en la edición 909 del semanario Ríodoce.