agosto 8, 2020 2:27 PM

Tan sólo dos Congresos han creado comisiones especiales para vigilar acciones por Covid

CONGRESO ESTADO

Transparencia Mexicana lamentó que sólo dos Congresos locales, el de Sonora y Coahuila, han creado comisiones especiales de seguimiento específico a temas relacionados con Covid-19.
La agrupación junto con la asociación civil Tojil analizó las acciones de los 34 órganos legislativos del país (32 congresos locales y dos órganos federales) en términos del uso de sus facultades constitucionales y legales para dar seguimiento puntual de los recursos públicos y las acciones emprendidas tras la pandemia.
Precisaron que en el caso de Coahuila el acuerdo publicado no permite entender con precisión su alcance y objetivos específicos.
“Aunque los y las legisladoras se han pronunciado en sendos comunicados y redes sociales a favor de la transparencia en el ejercicio de los recursos, no han aprovechado las herramientas que la propia Constitución les asigna para hacerlo”, señalaron en el documento.
Precisaron que en materia de la emergencia sanitaria han comparecido funcionarios federales y estatales ante el congreso federal y locales, pero sólo en dos casos se han creado comisiones especiales.
Detallaron que en el plano federal, ni el Senado ni la Cámara de Diputados han creado comisiones especiales de seguimiento al gasto o responsabilidades durante la pandemia.
En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, indicaron, hay una propuesta de exhorto para iniciar un proceso de fiscalización especial de los recursos, pero hasta el día lunes 22 de junio, no había sido aprobado por el pleno.
Consideraron que las comisiones especiales son órganos colegiados cuya tarea es la de atender, investigar y observar asuntos de interés público, que por su naturaleza plural constituyen un espacio para integrar diferentes perspectivas de los partidos políticos que integran el Congreso.
Para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, los gobiernos federal y estatales han activado mecanismos de deuda pública, créditos, apoyos económicos o estímulos fiscales, cuyo origen y destino también deben ser supervisados, advirtieron.
Agregaron que el gobierno federal como lo estatales han requerido suministros para hospitales y centros de salud, recibido donativos, e incluso negociado condiciones preferenciales con otros gobiernos y países para la adquisición de bienes.
“La Cámara de Diputados a nivel federal y los Congresos locales a nivel estatal tienen la obligación de asegurar que los recursos públicos destinados a la crisis sanitaria y económica se utilicen exclusivamente para esos fines”, señalaron en el comunicado.

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RÍODOCE EDICIÓN 914
02 de agosto del 2020
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