La presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado, Victoria Sánchez Peña, anunció que está por emitirse el dictamen sobre la iniciativa que propone la creación de la Dirección de Inteligencia Patrimonial y Económica (DIPE) en Sinaloa que permitiría seguir la ruta del dinero en las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Sinaloa, declaró, ha adolecido por muchos años los efectos de una delincuencia desbordada, por eso combatirla y controlarla es un asunto prioritario para la conformación y existencia de un verdadero Estado de Derecho y por ende un país más libre y justo.
La legisladora de Morena detalló que las operaciones con recursos de procedencia ilícita son fuente de ingresos para la delincuencia y permiten que sus fortunas tengan una apariencia de legalidad.
Mencionó que la DIPE sería una dirección que tenga como principal objetivo realizar una labor de inteligencia que permita conocer incrementos sospechosos en el patrimonio de los contribuyentes y cotejar con su base de datos si estos coinciden con la información declarada fiscalmente.
En caso de detectar la probable comisión de algún delito, como el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, evasión de impuestos y corrupción, dar parte a la autoridad competente para que ejecute acción penal o procedimiento administrativo, mencionó.
La DIPE estaría adscrita al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, explicó.
México, comentó, es miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) desde el año 2000, este organismo tiene como fin, proyectar e impulsar medidas para tratar de disminuir las operaciones con recursos de procedencia ilícita entre sus afiliados, buscando que se aplique de manera correcta sus 40 recomendaciones contra el lavado de dinero.
Recordó que en el año 2018 GAFI emitió recomendaciones específicas para México, siendo una de las más importantes que el país debe de priorizar la investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asignar recursos adicionales, fortalecer la investigación financiera y la coordinación interna dentro de las unidades fiscales, a nivel federal y estatal.
Detalló que algunas entidades han comenzado a implementar Unidades de Inteligencia Patrimoniales y Económicas dentro de las Secretarías de Finanzas y Tesorerías de los estados, con el fin de generar, consolidar y analizar información fiscal, patrimonial y financiera que apoyen investigaciones relacionadas con posibles hechos ilícitos e incrementos patrimoniales no justificados, para presentar las respectivas denuncias ante el Ministerio Público.
Son diversos los factores que propician que en un país se encuentren altos niveles de operaciones con recursos de procedencia ilícita, uno de los más significativos es que un Estado no cuente con controles patrimoniales confiables, ya que ello provoca que no se pueda tener un conocimiento preciso de qué personas están incrementando su patrimonio exponencialmente sin una justificación legal conocida, expuso.
