agosto 14, 2020 2:12 PM

En riesgo documentos de Covid, por ausencia de Ley de Archivos

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“El deber de documentar no cesa en una crisis, sino que se vuelve más esencial, todas las decisiones deben documentarse”, afirma Jaime Félix Pico, presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública.

El especialista advierte que en Sinaloa no existen las condiciones más adecuadas por el vacío legal que prevalece porque no se cuenta con una Ley Estatal de Archivos que defina principios y bases para la organización y preservación de los archivos públicos.

Es probable, anticipa que el proceso de gestión documental  de los funcionarios de salud pública y de las dependencias y organismos que participen directamente en la crisis por la pandemia, corran el riesgo de acotarse, que no se realicen o se realicen con técnicas y procedimientos no homogéneos por la falta de normatividad legal.

Alerta que por la improvisación que se da, justificadamente o no en medio de la emergencia, con el pretexto de la urgencia, se decida hace a un lado buenas prácticas de documentación o eventualmente se acuda a tecnologías efímeras que no garanticen la conservación futura de la información.

El plazo para que Sinaloa cuente con una Ley de Archivos está a punto de fenecer. El Congreso del Estado caería en un desacato si no tiene lista a más tardar el próximo 14 de junio la Ley de Archivos del Estado de Sinaloa, como así lo mandata un artículo transitorio de la Ley General de Archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2018 y que entró en vigor en 2019.

El Poder Legislativo de Sinaloa ha tenido un año para preparar la iniciativa y expedirla, pero ahora prácticamente ha detenido su agenda, al haber suspendido sus sesiones ordinarias hasta nuevo aviso hasta que las condiciones sanitarias lo permitan.

A la fecha en el Congreso del Estado existen presentadas tres iniciativas sobre una Ley de Archivos de Sinaloa dos registradas por separado desde finales de 2018, por los entonces diputados locales, Emma Karina Bueno Millán, y Juan Pablo Yamuni Robles. Existe otra que presentó en abril 2019 el Grupo Parlamentario de Morena, encabezado por Graciela Domínguez Nava.

En la propuesta presentada por Morena se contempló sanciones entre tres y 10 años de presión a quien sustraiga, oculte, altere, mutile o destruya total o parcialmente información y documentos de los archivos que se encuentren para su resguardo, en tanto la de Yamuni Robles y Bueno Millán establecieron que serían aplicadas en función de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.

Las tres fueron turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para su dictaminación, pero no han llegado al Pleno para su discusión y aprobación.

La Ceaip reportó que al día 2 de junio, tan sólo siete estados habían armonizados sus leyes locales, y dos más ya las habían aprobado, pero aún no las publicaban en sus periódicos oficiales.

Desde diciembre del año pasado, la CEAIP había estado trabajando con el Congreso del Estado para la preparación del dictamen para hacer posible la expedición de la Ley de Archivos del Estado de Sinaloa.

En esas reuniones de trabajo se recogieron comentarios y propuestas por parte de instituciones, organizaciones sociales civiles y académicas.

Al proyecto de dictamen la Ceaip presentó diversos comentarios y recomendaciones generales.

Entre los puntos que se plantearon fue la inclusión de un artículo transitorio para establecer antes de la entrada en vigor de la Ley de Archivos se hiciera un diagnóstico de la situación actual de la función archivística para detectar anomalías, patrones de comportamiento y omisiones, con el fin de concentrar información y resolver las problemáticas.

Otra propuesta de la Ceaip fue la inclusión de un artículo transitorio para hacer el levantamiento de un inventario de archivos del Poder Ejecutivo por parte de los órganos internos de control de cada una de las dependencias y organismos paraestatales. El objetivo era establecer medidas para prever la pérdida, destrucción o cualquier otra acción que vaya en contra de la integridad de los actuales acervos documentales en la transición del Sistema Estatal de Archivos, que se derivarían de la nueva ley.

Las recomendaciones también contemplaron prever la creación de fondos de apoyo para los archivos que deberán ser previstos en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para promover la capacitación, el equipamiento y la sistematización de los archivos en poder de los sujetos obligados.

En el proyecto de ley el Congreso del Estado tenía contemplado que el actual Archivo Histórico del Estado se transformaría en Archivo General del Estado, sería un organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría General de Gobierno, a lo que la Ceaip propuso en cambio fuese un organismo desconcentrado con autonomía técnica y de gestión, fuese sectorizado a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Félix Pico señala pese a que existen en Sinaloa avances importantes desde 20 años en México, que han permitido en Sinaloa armonizar leyes en materia de transparencia, rendición de cuentas,  protección de datos personales y un marco normativo para el sistema estatal anticorrupción, es inexplicable que no hayan sido acompañados de la voluntad política de institucionalizar la función archivista.

Sin archivos bien organizados, conservados y accesibles no es posible el cabal ejercicio de él derecho de acceso a la información pública, expresa.

“De otra manera los servidores públicos simularían fácilmente la obligación de rendir cuentas, pues ante la falta parcial o total de documentos de archivos organizados en expedientes, por asunto, series documentales, donde registran sus actos administrativos, no es posible la cabal de rendición de cuentas, o la correcta evaluación de su desempeño”.

La importancia de los archivos, está en el acceso a la información, la transparencia, y en la memoria concluye.

 

 

 

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RÍODOCE EDICIÓN 915
09 de agosto del 2020
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