En medio de la controversia con el PAN y el PAS, que respaldó la diputada postulada por el PES, el Congreso del Estado aprobó por mayoría recorrer tres meses la convocatoria para el proceso electoral.
El argumento de la mayoría de los legisladores, encabezados por Morena y el PRI, fue que se tendrá tiempo para armonizar leyes electorales locales con reformas constitucionales, acciones que no pudieron realizarse por la detención de actividades del Poder Legislativas a causa de la pandemia de Covid.
Entre la armonización están el cumplir con una sentencia sobre la representación de pueblos indígenas en los cabildos, así como la participación en puestos de representación con criterios de equidad de género.
Con la reforma, la convocatoria será aplazada tres meses, es decir, será expedida en la primera quincena de diciembre, en lugar de la primera quincena de septiembre.
Mediante un proceso legislativo acelerado que fue realizado en tan sólo dos días, se aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación que implicó reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La iniciativa fue dictaminada apenas ayer lunes por la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico, en la mañana se realizó la primera lectura y por la tarde se presentó el dictamen al Pleno, tras un receso, para su análisis y votación al Pleno.
Aunque no asistió por motivos de salud, desde temprano la diputada del PAS, Angélica Díaz, difundió públicamente su posición en contra del aplazamiento de tres meses de la convocatoria electoral, por considerar que generaría incertidumbre entre los actores políticos porque se daría lugar a aprobar reformas electorales en forma fast trak.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Iván Villalobos, cuestionó que se pretende dar tres meses y medio para incluir la ley indígena y echar atrás la reforma sobre la representación de los partidos políticos en los cabildos.
Comparó que en el caso de la reforma constitucional para realizar sesiones virtuales se planteó un plazo de 15 días para lograr la votación de los cabildos, mientras que para las reformas electorales se plantean tres meses.
El diputado panista calificó que la iniciativa era atentatoria con los principios de autodeterminación de los partidos políticos porque habría un desfase para los procesos internos en la elección de sus precandidatos.
Criticó que la reforma en lugar incluirla como un artículo transitorio que aplique para éste año por causa de la emergencia sanitaria, se pretende dejar en forma permanente la legislación, cuando en todo caso debiese mediante una reforma constitucional transferirse la convocatoria a elecciones al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.
El dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación,señala que no
se modifica la fecha de la elección, ni de registros, periodos de precampaña, campañas, ni otra inherente, lo que tendrá como efecto una reducción del gasto público del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, de acuerdo con el dictamen que fue aprobado con 35 votos a favor.
Habrá una reducción del gasto, porque el Instituto no se verá obligado, entre otras, a instalar los Consejos Distritales y Municipales durante la segunda quincena del mes de noviembre, ni a designar al personal que lo integran durante la primera quincena del mismo mes, sino hasta enero del siguiente año, dando el tiempo suficiente para que se desarrollen todas las etapas del proceso.
Graciela Domínguez Nava, presidenta de la JUCOPO, expresó su extrañeza por la oposición del PAN a la postergación de la convocatoria electoral porque al interior de la Junta de Coordinación política no planteó cuando se tuvo la oportunidad de hacerlo.
