La ambigüedad de la suspensión de actividades no esenciales decretada por México sume la cadena mundial de suministro de aparatos respiratorios en la incertidumbre.

El Ventolín, la marca comercial más conocida del medicamento utilizado para tratar crisis asmáticas, hunde sus raíces en el suelo árido de San Luis Potosí, publicó El País.

Se trata de una mina ubicada en este Estado al norte de México que concentra el 20 por ciento de las reservas mundiales de fluorita. Lo que de inicio son unas rocas del tamaño de una bola de tenis, de color marrón rosado, se transforman en un gas esencial para fabricar los inhaladores que utilizan pacientes con enfermedades respiratorias, el grupo más vulnerable a la Covid-19.

El 80 por ciento del total de estos aparatos, estima Orbia, la empresa propietaria de la mina, usa la fluorita que se produce allí.

En plena crisis del coronavirus, el decreto del Gobierno mexicano que suspende todas las actividades no esenciales durante un mes ha sumido en la incertidumbre las operaciones de esta planta y amenaza con interrumpir de forma brusca la cadena de suministro global.

La mina de San Luis tiene unos 15 kilómetros de túneles que se adentran hasta una profundidad de 360 metros.  De las aproximadamente 6 mil toneladas de mineral que se extraen al día, una parte importante se envía a una planta en Matamoros, cerca de la frontera con Estados Unidos, para su conversión en ácido fluorhídrico.

La siguiente parada es otra fábrica en el Estado de Louisiana, en Estados Unidos, que transforma el material en gas refrigerante.

De allí, se transporta a Reino Unido donde se purifica hasta alcanzar los estándares médicos. El producto acabado se vende entonces a los fabricantes de inhaladores de todo el mundo.

Las 8 mil toneladas de gas que produce la empresa anualmente son suficientes para 400 millones de inhaladores, según sus estimaciones. Su negocio de flúor reporta unas ventas de aproximadamente 800 millones de dólares al año.

Los engranajes de esta cadena multinacional están ahora en riesgo. México declaró a finales de marzo la emergencia sanitaria y decretó la suspensión de actividades no esenciales al menos hasta el 30 de abril. El sector sanitario, así como el agroalimentario y el petrolero, entre otros, fueron exentos. No fue el caso de la minería, salvo unas pocas excepciones: las minas de carbón que abastecen a la Comisión Federal de Electricidad y las metalúrgicas que proveen a alguno de los proyectos prioritarios de la Administración, entre ellos la construcción de la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya.

Pero la planta de San Luis está en un limbo. Es una mina y, por tanto, no esencial. Produce un insumo para material sanitario y, en consecuencia, podría estar exenta.