mayo 27, 2020 12:21 am

Tepuche y la Ley

tepuche metralleta

La semana antepasada escribí en estas páginas sobre la situación de emergencia que se vive en la comunidad rural de Aguacaliente de los Monzón y los llamados de sus pobladores para que se instale una base militar que los defienda de los grupos armados en disputa por la zona norte de Culiacán. De lo contrario se verían en la necesidad de defenderse con sus propios medios, lo que es injusto y peligroso.

Lea: Autodefensas en Aguacaliente https://bit.ly/2yiu4BK

Y en lo que se esperaba una respuesta ocurrieron dos asesinatos que claramente son un mensaje contra quienes hacen ese llamado y también para la propia autoridad si está pensando en atender la solicitud de los vecinos.

Primero fue Luis Alberto Monárrez, ex comandante de la Policía de Culiacán, y ex candidato a Sindico de Tepuche, quien cayó en medio de las balas y luego Jovel Pérez, comandante de la Policía Municipal de la misma comunidad.

Seguramente esto provoca un gran desconcierto entre la población de esa comunidad por la dimensión de su enemigo y la parálisis que parece alcanzar a los servicios de seguridad del estado, que con su capacidad de reacción no atinan a responder a la embestida que sufren los vecinos de esta sindicatura.

¿Serán los vecinos quienes tomen la iniciativa de la legitima autodefensa ante la ausencia de respuesta a su petición? Si nos vamos por la limitada reacción de aquellos es muy probable que así sea y cuando esto suceda, la autoridad habrá de aparecer para decirles a los vecinos que están fuera de la ley que se acojan a ella o de lo contrario se les perseguirá.

Es lo que ha sucedido en Michoacán y Guerrero, donde vecinos de distintas comunidades rurales se han organizado en Fuerzas Comunitarias de Autodefensas y, paradójicamente, quienes no los asisten son los que posteriormente van con la Ley en la mano a disuadirlos, detener a sus líderes más visibles y en algunos casos hasta entregarlos a los grupos armados.

Entonces, esa disyuntiva que se le ha impuesto a esa sindicatura de Culiacán provoca la incertidumbre del desamparo, pero también en medio de los grupos armados y el propio sistema estatal de seguridad.

Nada fácil, cualquiera de las opciones puede tener un final trágico y un incremento de inseguridad para estas y otras comunidades rurales del estado.

Sinaloa, en este momento, vive la incertidumbre que provoca la expansión de la pandemia Covid-19 y hacia allá parecieran estar dedicados todos los esfuerzos del gobierno; nada parece más importante que no sea estar observando la estadística local de infectados, sospechosos y, eventualmente, las muertes.

Pero eso corresponde hasta ahora a las autoridades de salud del estado, son ellas las que deben estar administrando la evolución del mal, y suministrando los insumos para que la pandemia no se irradie y tengamos una situación inmanejable como sucede hoy en España e Italia.

Así, el sistema estatal de seguridad debería estar en lo suyo, atendiendo inmediatamente los reclamos de vecinos asolados por la violencia. Bajarle, pues, presión a la caldera estatal de manera que en los otros niveles de gobierno puedan concentrarse en lo suyo y que hoy tiene en confinamiento a cientos de miles de ciudadanos.

Volvamos al mensaje que se ha mandado con los crímenes de los comandantes; en lo general se dice que ellos, los grupos armados son los amos y señores de la región, que no será el sistema de seguridad el que disponga lo que habrá de suceder en su zona de control…salvo, claro, que les beneficie a una u otra de las partes en conflicto.

Y eso resulta inadmisible en un Estado de derecho, no puede haber otro actor que detente la llamada violencia legítima, esta es la del Estado con sus instrumentos e instituciones nadie más. Por lo tanto, cuando se paraliza una de ellas lo que estamos viendo es que cede terreno y cuando esto sucede alguien más lo cubre con el subsecuente desamparo de segmentos de la población.

En definitiva, los sucesos trágicos de la sindicatura de Tepuche son una afrenta para el Sistema Estatal de Seguridad, han asesinado a dos de los suyos, y eso en aras del honor baleado debería buscar servir a los comunitarios e imponer, ahora sí, el valor de la Ley.

Que no se nos complique más de lo que está el estado con la emergencia de salud.
¡Atiendan!

Artículo publicado el 29 de marzo de 2020 en la edición 896 del semanario Ríodoce.

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