“No es nada más querer”, expresó el gobernador Quirino Ordaz Coppel, cuando se le preguntó sobre las sindicaturas que quieren ser municipios.

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En Sinaloa, hace 38 años se creó el último municipio, cuando en 1982 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, la entrada en vigor del decreto que creó el municipio de Navolato, formado por las sindicaturas de Navolato, San Pedro, General Ángel Flores, Benito Juárez, Sataya, Bachimeto y Altata.

La historia oficial de Navolato señala que la lucha por la municipalización de Navolato no fue breve. Los movimientos por la municipalización iniciaron desde 1923, es decir, pasaron 59 años.

Pensar en la municipalización lleva de inmediato a la mente del gobernador el tema de los costos en los gastos operativos, nómina, como el pago a regidores, además del impacto que tendría en los ayuntamientos que se desprenden.

Desde hace al menos tres legislaturas, el tema de la municipalización ha estado presente entre las iniciativas que son oficialmente presentadas para que sean discutidas por los diputados en turno.

En la presente Legislatura se tomó la decisión de sacar de la “congeladora legislativa” a las propuestas por convertir en municipio a Navolato y Juan José Ríos.

Mediante un Punto de Acuerdo, presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, establecieron reglas dentro de un proceso de creación de los nuevos municipios. Un primer punto, establece la verificación ante el Instituto Nacional de Estadística y Geografía según el último censo, que existen al menos una población de 30 mil habitantes, como lo señala el artículo constitucional 43 sobre el número de habitantes requeridos para la creación de un municipio.

En el texto de la iniciativa, presentada por los integrantes del movimiento para convertir a Eldorado en municipio, se señala que esa demarcación geográfica ya rebasa los 34 mil habitantes desde el censo del INEGI de 2010.

En tanto que en la iniciativa ratificada por la Coordinadora Ciudadana Pro-Municipalización de Juan José Ríos afirma que los estudios de factibilidad ordenados por anteriores legislaturas también demostraron que reúnen los requisitos constitucionales exigidos para convertirse en municipio.

En el caso de Eldorado es la segunda ocasión que se realiza una consulta para conocer la opinión ciudadana en torno a la municipalización, la anterior fue en 2015.

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Para Juan José Ríos el ejercicio de la consulta será la primera vez, pero las luchas por la municipalización de esa sindicatura datan de 1963, como lo señalan los promotores del movimiento.

Desde el año 2012 existen registros en el Congreso del Estado sobre el interés de esa sindicatura de convertirse en municipio. En junio de ese año el movimiento municipalizador entregó al Poder Legislativo un total de 9 mil 658 firmas de anuencias acompañadas de números de credenciales de elector.

Para crear un municipio, la Constitución señala también como requisito que exista el asentimiento ciudadano, por ello el Congreso del Estado acordó realizar la consulta en la delimitación territorial en donde se constituiría el nuevo municipio.

El pasado domingo el Congreso local en conjunto con la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa realizó la consulta en Eldorado y el 99 por ciento de los habitantes votaron por el “sí” a la municipalización, en Juan José Ríos el mismo proceso se desarrollará el 15 de marzo.

Además de los resultados de las consultas populares, el Congreso del Estado tomará en cuenta el sistema fiscal mexicano, es decir, las participaciones federales, para garantizar la existencia económica de la región que se erija en municipio, así como los estudios más recientes sobre la proyección económica de las regiones que aspiran a convertirse en nuevos municipios.

Los movimientos municipalizadores han argumentado en diversas ocasiones que son generadores de amplios recursos económicos por medio del pago del predial rústico, ya que ambas sindicaturas están localizadas en zonas agrícolas de alto potencial productivo.

Los habitantes de las sindicaturas han manifestado que los recursos que generan en el pago de impuestos no regresan a las sindicaturas y comisarías para mejorar los servicios públicos de la población.

En los movimientos promunicipalización hay también razones geográficas y de movilidad. Es el caso de la sindicatura de Juan José Ríos su territorio pertenece a cuatro municipios: Guasave, Ahome, El Fuerte y Sinaloa.

Un habitante que requiere hacer un trámite en las oficinas de algunos esos ayuntamientos debe hacer un largo viaje para poder ser atendido.

La Auditoría Superior del Estado encuentra cada año en sus trabajos de fiscalización entre otros problemas en los municipios que el Impuesto Predial Rústico se destina al gasto operativo.

Aunque no se ha revelado con detalle los hallazgos de las auditorías a las cuentas públicas de 2018, la titular de la ASE, Emma Félix Rivera, adelantó que se encontraron las mismas situaciones de 2017.

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En el informe de 2017, la ASE encontró que en 18 municipios tienen deficiencias en sus controles internos, en 11 no cumplen con sus obligaciones fiscales, retenciones y contribuciones por pagar, y que en todos hay deficiencias en sus registros administrativos, presupuestarios y contables.

Al escenario complicado de los municipios se suma al hecho de que en 16 de 18 municipios el principal problema de endeudamiento es que tienen pasivos de corto plazo sin fuente de pago.

Otro dato que ilustra la situación económica de los municipios existentes, es que en 11 de los 18 tienen una alta dependencia de los recursos públicos federales, por encima del 80 por ciento.

A ello se agrega que los recursos federales se utilizan con fines distintos a los autorizados por Ley o las Reglas de Operación, por ejemplo, para el mantenimiento de alumbrado público, adquisiciones diversas, pago de diesel y a listas de raya.

La situación de las juntas municipales de agua potable no tiene un mejor escenario que las finanzas que los ayuntamientos, operan en situaciones de insolvencia financiera, como recientemente lo afirmó ante diputados, la presidenta municipal de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal.

Pese a ese escenario que viven los municipios, las sindicaturas de Juan José Ríos y Eldorado los movimientos pro-municipalización mantienen su lucha en pie.

Paralelamente dentro del texto de acuerdo de los legisladores se contempló la participación de los ayuntamientos de donde se localizan los poblados que quieren convertirse en nuevos municipios. Ante ellos se presentarán las iniciativas, los planos con delimitación territorial, y así como la comunicación del dictamen cuando sea programada su discusión.

Tras la celebración de la consulta popular en Eldorado y Juan José Ríos, el tema deberá pasar para su votación. Ahí los candidatos a nuevos municipios deberán lograr los votos de dos terceras partes de los diputados, y posteriormente el respaldo de 10 municipios.

El camino para los aspirantes a convertirse en los nuevos municipios avanza, pero aún es tan prolongado como incierto.

Artículo publicado el 1 de marzo de 2020 en la edición 892 del semanario Ríodoce.